El presidente Duque tendrá facultad para suprimir o fusionar entidades con la nueva reforma tributaria

Uno de los pilares de la nueva reforma tributaria que será radicada en el Congreso el próximo 20 de julio es la austeridad del gasto público, por medio de la cual se busca generar ahorros anuales de $1,9 billones.

Dentro de esta política, se le darán nuevamente facultades al presidente de la República para que realice cambios a las entidades de la rama ejecutiva.

“Estamos concediendo facultades al Gobierno para poder realizar fusiones, supresiones, modificaciones o reestructuraciones de organismos dependientes de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional”, dijo a SEMANA el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Si bien se le van a otorgar estas facultades al Gobierno, esto no quiere decir que obligatoriamente se tengan que eliminar o suprimir entidades, pues esto requerirá de un estudio detallado.

“En general, miraremos las entidades que permitan llegar a la austeridad del gasto. Eso se analizará luego en detalle”, dijo el funcionario.

El ministro fue enfático en que aún no se ha definido si se van a eliminar entidades o qué tipo de entidades serían suprimidas y fusionadas.

Por otra parte, una fuente del Ministerio de Hacienda le explicó a este medio que, de aprobarse esta iniciativa, el presidente Iván Duque será el encargado de realizar los cambios respectivos en las entidades.

“Esta es una posibilidad que daría el proyecto, pero no es una orden explícita que quede en la Ley. Depende al final de si el Presidente quiere o no quiere”, dijo la fuente.

El informante agregó que la idea del presidente Duque es crear una nueva entidad, aunque no dio detalles sobre la función ni el sector que tendría este nuevo organismo.

Es de recordar que en las pasadas reformas tributarias (Ley de Financiamiento y Ley de Crecimiento Económico) también se le dieron facultades al presidente para modificar las entidades públicas.

Una de las críticas que ha tenido el Gobierno es la gran cantidad de entidades (como las altas consejerías) a las que se les asigna recursos públicos, pero cuyos resultados y funciones no son claros. Algunos sectores políticos han solicitado que se eliminen algunas de estas entidades para ahorrar recursos.

Otras medidas de austeridad

Dentro de la presentación de la reforma fiscal del Gobierno, el Ministerio de Hacienda dijo que se va a limitar el crecimiento de la burocracia y se mantendrá la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos.

“Llegaremos a un 50 % del ahorro en gasto de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No renovaremos telefonía celular, ni planes de telefonía móvil, internet y datos”, dijo el Ministerio de Hacienda.

Con la reforma también se buscará restringir los cambios en las plantas de personal de las entidades públicas y se congelarán las vacantes. De igual manera, se limitarán los gastos en bienes y servicios.

“Se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades”, dijo el ministerio.

El plan de austeridad se completaría con el control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales y la racionalización de los esquemas de seguridad.

Es de recordar que la reforma tributaria busca aumentar los ingresos de la Nación en $15,2 billones a partir del 2023 por medio de más impuestos a las empresas y sin modificar la tributación de las personas naturales.

La nueva reforma tributaria, en el articulado que llegará al Congreso, propondrá que las personas jurídicas tengan un impuesto de renta del 35 % de manera permanente.

Hay que recordar que en la anterior reforma tributaria se había establecido una reducción gradual de la tarifa que aportan las empresas, de manera que pudieran tener más holgura y generar empleo en un momento en el que se requiere crear puestos de trabajo para absorber la mano de obra que quedó vacante en la crisis provocada por la pandemia.