Ocampo y Ecopetrol
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que no habrá privatización de participaciones de las - Foto: Guillermo Torres

finanzas públicas

Privatización de empresas públicas no habrá en este gobierno, pero se le podrán vender al Estado, ¿cuánto valen?

Aquí las cuentas. Durante el gobierno saliente se contrató una valoración de siete compañías del sector eléctrico que están en capilla para ser enajenadas y sus recursos usados para fondear necesidades del Estado. Entre los compradores interesados estaría Grupo Energía Bogotá y otros.

En los próximos cuatro años, durante la administración de Gustavo Petro, la parte de Ecopetrol que está autorizada para ser vendida y proporcionarle con ello al Estado unos recursos para completar las finanzas necesarias, no se privatizará, ni tampoco ninguna otra entidad pública que forme parte del listado de activos de la nación.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que “no habrá privatizaciones”, lo que estaría en línea con el discurso que han posicionado los integrantes del partido de gobierno durante años, cuando eran los mayores críticos de las privatizaciones que se hicieron en gobiernos anteriores.

Sin embargo, los activos que tiene el Estado podrían venderse a otras entidades públicas, y se hará, en particular, con empresas del sector eléctrico (electrificadoras principalmente) que están en capilla desde hace rato, las cuales, según dijo a este medio el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, representarían al menos 1,6 billones de pesos. Claro está, la cifra oficial tendrá que salir de la valoración que adelanta una firma contratada, la cual viene haciendo la tarea desde el año pasado y aún no la concluye, según confirmó SEMANA.

¿Quién comprará a quién?

Entre las empresas eléctricas que el Gobierno podría vender estarían la Electrificadora del Meta (participación del Gobierno de 55,6 %), la Electrificadora del Huila (83 %), Centrales Eléctricas de Nariño (99,9 %), Electrificadora del Caquetá (72,3 %), Centrales Eléctricas del Cauca (55,14 %), Distribuidora del Pacífico (99,9 %) y Empresa Urrá (99,9 %).

En total, la nación cuenta con participación accionaria en 99 empresas y en 33 de ellas es socio mayoritario. En términos de valor, según informe de la Dirección General de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda, a 31 de diciembre los activos públicos representaban 89,1 billones de pesos y generaban utilidades por 19 billones.

El sector que más aportó fue el de hidrocarburos, teniendo en cuenta que ahí está Ecopetrol, petrolera de la cual el Estado es dueño del 88,49 %. Ecopetrol, a su vez, compró el 51,4 % que la nación tenía en ISA, que es una empresa de transmisión de energía, es decir, entró en el sector del cual se van a vender compañías, por lo cual, la primera idea que se podía tener es que la petrolera pudiera seguir comprando las que ahora entren en oferta de venta. Pero no podrá ser así. La regulación existente, que está basada en las leyes 142 y 143 (1994), que estableció “principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”, con los cuales, puso límites. En consecuencia, una sociedad no puede estar al mismo tiempo en generación, transmisión y distribución.

energia electrica
Energia electrica. torre energia - Foto: Getty Images

Ingresos de electrificadoras

En 2021, de forma consolidada, el portafolio de empresas del sector eléctrico presentó ingresos por 4,1 billones. De manera aislada, las compañías dedicadas a la distribución de energía registraron ingresos operacionales por 1,9 billones de pesos.

Sobre quién quiere comprarlas, el presidente de la Empresa Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, confirmó que la entidad que lidera tendría interés en algunos de los activos del Estado del Sector eléctrico. Con la misma intención estarían otras compañías expertas en el sector.

Londoño recuerda que algunas gobernaciones podrían entrar en la puja por adquirirlas, pues ya se ha conocido el interés del departamento de Meta, al igual que el de Nariño.

El exministro sostiene que, como la intención es vender a empresas del sector público, se podría acudir a un convenio interadministrativo y no tener que ir a una subasta. Sin embargo, para hacer uso de dicho convenio, se requerirá tener a la mano la valoración de las electrificadoras, para no incurrir en riesgo de detrimento patrimonial.

 Para Ortega es necesario poner al consumidor y a la transición energética en el centro de la discusión. “Esos deben ser los objetivos de la política”, precisó.
GEB, interesado en las electrificadoras públicas. - Foto: ecopetrol / Karen Salamanca

Vender Ecopetrol

El gobierno actual requiere incrementar los recursos para poder financiar los programas prometidos, principalmente los sociales, pero no todo podrá provenir de los impuestos (la reforma tributaria aspira a $25 billones, la cifra más ambiciosa hasta ahora). Los activos se convierten entonces en una alternativa viable.

Por esa razón, Londoño estima que, desde su punto de vista, es un buen momento para enajenar la parte de Ecopetrol que se tiene autorizada. Durante 2021, por el buen momento de los precios, la porción que se obtenga por la petrolera podría ser jugosa, sin que el Estado pierda el control.

En 2021, la petrolera estatal se mantuvo, como la empresa con mayor tamaño, con un valor patrimonial atribuible a la nación de 63,47 billones, según el informe de la Dirección de Participaciones Estatales de MiniHacienda.

Los ingresos registrados alcanzaron los 78,2 billones, lo que está explicado por la recuperación que se tuvo de los precios del crudo, debido a los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para mantener un equilibrio constante en el mercado de hidrocarburos, dice el informe.

Otras propiedades del Estado

De igual manera, el Estado colombiano también tiene muchas otras propiedades, por ejemplo, las que se ubican en el sector financiero, entre las cuales se pueden mencionar algunas como el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, Findeter, Bancoldex y Finagro. De ellas, el gobierno también ha dicho que, no solo seguirán bajo el control del Estado, sino que cumplirán una función clave en los objetivos generales de cambiar la estructura productiva hacia un modelo menos extractivista.