La SIC a control político

Por el desmesurado incremento en el precio del cemento en el país, el Representante a la Cámara David Barguil citará a debate de control político para cuestionar la ausencia de una política contundente en materia de regulación, que la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido ejerciendo sobre lo que denunció como el gran oligopolio cementero: Holcim, Cemex y Argos.

El parlamentario ha venido manifestando que la Superintendencia de Industria y Comercio debe determinar si existen acuerdos de precio de este producto, y si estas empresas se han repartido geográficamente el mercado en varias zonas del país para no competir entre sí, facilitando con esto la imposición de los altos precios. Señaló que si el cemento fuera más barato, la construcción en Colombia también lo sería, por lo que propuso ahondar en medidas que acerquen a los colombianos a la vivienda.

Aunque reconoció que la Superintendencia de Industria y Comercio ha tomado algunas decisiones con respecto a las denuncias que en meses anteriores ha venido dando contra los abusos del sistema financiero, señaló que falta aún más fortaleza por parte de esta entidad. Por ejemplo, frente a las acciones emprendidas por el comportamiento del oligopolio cementero, “hubo empresas pequeñas del sector que bajaron el precio del cemento generando un impacto positivo en la construcción, pero estos tres grandes grupos del mercado redujeron aún más dichos costos, y una vez que las pequeñas cementeras desaparecieran repuntaron con precios exagerados”.

Para el congresista “el papel de la autoridad de competencia debe ser menos permisivo, es una autoridad pequeña sin personal adecuado sin los recursos, y sobre todo sin la independencia necesaria para enfrentarse a los abusos de los poderosos de este país, por eso vamos a plantearle al Gobierno y al país una seria reestructuración de este organismo”.

Destacó que la situación expuesta no es un caso aislado sobre la ausencia de competencia en algunos sectores, y anuncio que el debate se concentrará también en la regulación del precio de insumos agrícolas. “No es justo que el gobierno haga esfuerzos para bajar los aranceles y que las comercializadoras se queden con dichas reducciones, es decir que estos beneficios no se traducen a los agricultores. Igualmente ahondará en la debilidad de competencia sobre el precio de los medicamentos, la libre competencia del sistema bancario y del mercado de telefonía celular.