La larga y dolorosa historia de violencia que ha impactado al país no ha sido ajena para las personas que desde la institucionalidad han tenido el compromiso de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y otras amenazas contra el adecuado funcionamiento del estado de derecho. Estos protagonistas y sus familias estuvieron expuestos a hechos de violencia como amenazas, asesinatos y exilio, entre otros, causados no solo por los diferentes actores armados que por uno u otro motivo buscaban influir en el desarrollo de su trabajo, sino también por la falta de protección del Estado.

A finales de la década de 1980, la violencia armada en el país se agudizó debido a la multiplicidad de actores que la ejercieron. Grupos guerrilleros como las Farc-Ep, el Eln, el Epl y el M-19, así como paramilitares como el MAS, en alianza con agentes del Estado y bandas de narcotraficantes como el Cartel de Medellín y el de Cali, emprendieron un ataque contra los servidores judiciales por cuenta de las decisiones judiciales dirigidas a la investigación y sanción de los responsables. En ese contexto, se presentaron hechos como la toma del Palacio de Justicia, el 5 y 6 de noviembre de 1985 por parte de la guerrilla del M-19 y la retoma realizada por la fuerza pública; la masacre de La Rochela, cometida por grupos paramilitares el 18 de enero de 1989, donde murieron 12 funcionarios judiciales; la masacre de Usme, cometida por las Farc en 1991, en la cual asesinaron a ocho servidores de la justicia; y los asesinatos del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, de Jaime Pardo Leal en 1987 y del magistrado Carlos Valencia García, en 1989, llevadas a cabo por grupos paramilitares.

Fue una década en la que las y los servidores judiciales vivieron la intensificación de la violencia en su contra, aunque ella no se detuvo allí. En estos años, quienes se desempeñaban en esta labor se convirtieron en el blanco del crimen, como fue el caso del juez Tulio Manuel Castro Gil.

Había nacido en el municipio de Siachoque, en Boyacá, en un hogar campesino. Tras estudiar en Tunja su bachillerato, se graduó como abogado de la Universidad Gran Colombia para realizar la especialización de derecho penal de la Universidad Nacional, todo ello en Bogotá. Luego de graduarse se desempeñó como juez en diferentes municipios como Moniquirá, La Peña y Tunja, lo mismo que en la capital de la República, en donde fue magistrado auxiliar del Tribunal Superior, entre otros cargos que lo llevaron a ser nombrado Juez Primero Superior de Bogotá. En este puesto tuvo que dirimir casos relevantes como el denominado ‘Quinto piso’, relacionado con el robo de 13.5 millones de dólares, y el de la muerte del parlamentario José Antonio Vargas Ríos. También recibió, por reparto, el proceso del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Este último se desempeñaba en esa cartera durante el gobierno de Belisario Betancur. Es reconocido por haber denunciado ante el Congreso de la República –y ante la opinión pública en general–, el ingreso de dineros del narcotráfico a la política y a algunos sectores económicos, incluido el fútbol. En ese sentido, notificó la responsabilidad de Pablo Escobar Gaviria, para entonces representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. El ministro Lara Bonilla fue asesinado el 30 de abril de 1984.

Dentro de las indagaciones sobre ese crimen, se ordenó el procesamiento de 16 personas, incluidos Pablo Escobar como autor intelectual, y algunos miembros de Los Priscos, una banda de sicarios señalados como autores materiales del hecho. El juez Tulio Manuel Castro Gil asumió las labores de investigación con dedicación, honestidad y responsabilidad, lo que le permitió confirmar detalles de las acciones previas llevadas a cabo por los sicarios que asesinaron al ministro, y sus comunicaciones con personas en Medellín y el Eje Cafetero. Eso le facilitó, además, la tarea de conectar la investigación con algunos grupos políticos de la región.

Y en medio de una convulsionada situación y de las investigaciones que desarrollaban diferentes entidades en torno a las acciones criminales llevadas a cabo por Pablo Escobar, la consecuencia fue sorprendente: se le levantó la inmunidad como parlamentario y el 26 de octubre de 1984, el juez Castro Gil lo llamó a juicio por el asesinato del ministro Lara Bonilla. Ante estos hechos, el capo huyó y fue declarado reo ausente, mientras el juez oficializaba su orden de captura ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) el 22 de enero de 1985.

Pero este trabajo decidido también transformó la vida personal y laboral del juez Castro Gil. Recibió amenazas constantes contra su vida, contra la de su esposa y sus cinco hijas, lo mismo que ofrecimientos de miles de dólares para abandonar el caso y orientar sus diligencias en diferente sentido. Incluso, recibió presiones para cerrar el expediente por falta de pruebas. Tulio Manuel Castro Gil nunca cedió frente a estas propuestas y, por el contrario, siguió adelante con su labor en honor a su juramento como juez de la República y la convicción de los valores inculcados por su familia.

Sin embargo, los inconvenientes se incrementaron cuando cambió su esquema de seguridad, al tiempo que empezaron a presentarse hechos sospechosos. Por ejemplo, se perdieron las llaves de su despacho, así como cierta documentación e información de las actuaciones judiciales que allí reposaban. Igualmente, comprobó que le hacían seguimiento constante durante su rutina, lo que aumentó la carga económica por los gastos de sostenimiento de sus escoltas y se multiplicaron las llamadas amenazantes a su oficina y su hogar. Estos eventos lo llevaron a tomar la decisión de renunciar a su esquema de seguridad, reiterando en público que estaba seguro de que lo querían matar, pero que no quería exponer la vida de otras personas. Según los medios de comunicación, en la carta que le envió al DAS desistiendo de ese modelo de protección, el juez Tulio Manuel Castro Gil afirmó:

“Solo Dios dispone de la vida del hombre. Nada se hace sin su voluntad. Creo en Él. He cumplido una misión encomendada a mi sagrada función”.

La temida amenaza se materializó el 23 de julio de 1985. Mientras se encontraba sin escoltas, el juez Tulio Manuel Castro Gil fue víctima de un atentado cuando se dirigía desde su despacho, situado en Paloquemao, hasta la funeraria Gaviria, donde le daría una última despedida a un tío que había fallecido y que era como su propio padre. En la Avenida Caracas con calle 48, sin que aún su familia se explique por qué había tomado ese trayecto, fue abordado por un carro Mazda verde con más de cuatro ocupantes, del cual se bajaron hombres encapuchados que descargaron una ametralladora en su contra, causándole heridas múltiples en su cabeza y su muerte instantánea.

Su caso, como el de muchas otras personas que trabajaron por la justicia ante los trágicos hechos de violencia que afectan al país, quedó en la impunidad. Hoy, 35 años después, la familia no ha conocido ningún avance de las investigaciones. A los 37 años, su esposa asumió la responsabilidad de criar cinco hijas –la mayor, de 15 años recién cumplidos, la menor con cuatro años por cumplir–.

La familia no obtuvo ningún reconocimiento ni apoyo del Estado tras esos dramáticos hechos. Recibió apoyo psicosocial y económico por parte de la Corporación Fasol durante un tiempo, hasta que logró mayor sostenibilidad en sus vidas. Igualmente, cedió su cupo para que otras familias víctimas de la rama judicial pudieran ser atendidas.

La presión ejercida por el narcotráfico y otros actores ilegales demuestra que la violencia ha impedido el funcionamiento efectivo y eficiente del Estado, y que las instituciones tienen dificultades para prevenir las vulneraciones, así como para investigar y sancionar efectivamente a los responsables. Dentro de esta situación se ha obstaculizado la posibilidad de administrar justicia como un derecho y como una búsqueda que las víctimas siguen dando incansablemente.

Acciones de funcionarios como el juez Tulio Manuel Castro muestran la importancia invaluable de un trabajo que se hace desde la convicción y el compromiso por el oficio público, por la verdad y la justicia, aun en medio de situaciones tan difíciles y directas de amenaza. Resultado de ello es la indignación que surge entre familiares y colegas por ver que, en el país, se asesinan personas que actúan honestamente y que intentan luchar contra la impunidad.

El valor de su ejemplo es que dio cuenta de la posibilidad real de mantener los principios de defensa de la ley y el derecho, lo mismo que la importancia de que el Estado proteja la vida de quienes están comprometidos en la lucha contra la impunidad.

Pero aunque su gesto le costó la vida hoy, 35 años después, su nombre y su dignidad deben ser destacados como un ejemplo de honestidad y rectitud. Como lo resalta su hija Catalina Castro, “Colombia sería otra si personas como él hubieran podido seguir con su trabajo adelante en la lucha por la justicia. Si tan solo la corrupción no inundara todas las esferas de la sociedad, si tan solo todos fuéramos en la misma dirección, Colombia sería una nación distinta: el país que necesitamos. Dio su vida por no dejar impune una muerte injusta, y terminó siendo su muerte la más impune de todas”.

Por su parte, a lo largo de los años, su familia ha rescatado su nombre, ha visibilizado su historia y sigue en una exigencia de justicia que, hasta ahora, ha sido esquiva.

Valores tales como la honestidad, la lucha por la verdad y en contra de la corrupción, la transparencia en las actuaciones y la vocación para hacer las cosas de manera correcta hasta el último momento, fueron factores que rodearon las acciones adelantadas por el juez Tulio Manuel Castro hasta el día de su muerte. El amor por su familia y su profesión, su incansable fe en Dios y en la justicia del país y su constante lucha por hacer lo mejor para alcanzar un mejor lugar en el que sus hijas puedan vivir en paz y ser felices, llevaron a que, aun siendo consciente de las negativas consecuencias, no cesara en sus esfuerzos.

Muchos dirían que su muerte no valió la pena, pero es indudable lo que significó su vida y su labor como juez, y lo que significaron sus decisiones en el momento en el que se encontraba el país para entender que se pueden hacer las cosas bien. Para entender todo lo que hace falta por avanzar y lograr que esto no vuelva a suceder. Y entender que, en los momentos cruciales, grandes o pequeños, se necesita gente que asuma su responsabilidad frente al silencio, la corrupción o el miedo, y que el Estado y la sociedad deben brindarles apoyo y protección. Vale la pena dejarnos tocar por historias como esta, para ver qué tan dispuestos estamos a cambiar y para recordar los momentos que hemos vivido como sociedad para reconocer lo que han hecho otros por nosotros, y ver hasta dónde cada uno de nosotros puede llegar por los demás.

“No sé cómo llamarlo: violencia, narcotráfico, terrorismo, conflicto armado, impunidad, corrupción. Para mí son lo mismo. Solo sé que cada vida perdida en medio de todo ello debe llevarnos a reflexionar en si estamos dispuestos a permitir que ello persista, si estamos dispuestos a perder más vidas o si, por el contrario, tomamos acciones individuales o colectivas que nos lleven a cambiar la historia colombiana, que nos lleven a modificar la historia de nuestra propia vida”, señala su hija, Catalina Castro.