¿QUIEN LOS SECUESTRA?

Fue el dos de mayo de 1979, cuando los colombianos supieron con certeza que las bien organizadas bandas de secuestradores que operan a lo largo y ancho del país, tienen la increíble sangre fría de asesinar a sus víctimas en forma despiadada por más pequeñas e inocentes que sean.
Ese día, la Policía recibió una llamada anónima en la que se alertaba sobre la sospechosa presencia de un costal abandonado en un potrero al norte de Bogotá. El costal contenía, envuelto en una cobija amarrada con un alambre, el cuerpo de un pequeño de apenas año y medio de edad.
Vestido con un buzo de manga corta y un pantalón amarillo de caucho, llevaba la misma ropa con la que su madre lo había vestido la mañana del 18 de enero, cuando seis individuos entraron en su casa, para llevarse el dinero que su padre, un próspero comerciante de maderas, guardaba en una caja fuerte. Como no habían podido violentar la caja, el pequeño fue secuestrado para obtener un rescate. Se lo llevaron en una camioneta y sus padres sólo lo volvieron a ver 103 días más tarde, cuando reconocieron que el cadáver dentro del costal era el de su hijo Jorge Andrés Ortiz.
Jorge Andrés, sin embargo, no es el primer niño asesinado por secuestradores. Se trata de la víctima más pequeña que se tenga registrada en los archivos oficiales. Porque, desde 1965, cuando una pareja de delincuentes protagonizó en Medellín uno de los escándalos judiciales más grandes del país, por el asesinato de un pequeño de 9 años, los casos de muertes de menores en manos de secuestradores han venido en aumento.
El país no se recupera aún del espanto que le produjo la noticia, aparecida en las primeras páginas de los diarios, del asesinato de los hermanos Alvarez (ver recuadro), cuyos cadáveres fueron encontrados, tras un año de búsqueda, la semana pasada en las cercanías de Gachalá. La sociedad, a veces con la conciencia un tanto anestesiada por los habituales y cotidianos hechos de violencia, ante actos como éstos reacciona al unísono y ha pedido inclusive, la pena de muerte para los culpables. Porque la muerte violenta de un niño enardece por su estado de indefensión y de impotencia.
SEMANA indagó sobre lacantidad de menores secuestrados en el país durante los últimos años y pudo establecer que no menos de tres niños caen mensualmente en manos de los secuestradores en diferentes puntos de la geografía colombiana. El cálculo establecido se basa, principalmente, en la información obtenida en archivos de prensa que datan de 1970. La Policía no tiene clasificados en su Departamento de Estadística los diferentes tipos de secuestros y apenas si se obtienen cifras globales al respecto. El secuestro, afirman, es un delito difícil de cuantificar, porque la mayoría de los casos no llegan a conocimiento de las autoridades. Sin embargo, se ha establecido que el 40% de los secuestros no son denunciados. Y hay quienes sostienen que la cifra podría ascender a 5 casos en el mes.
El problema, uno de los más graves que afronta la sociedad colombiana en materia de seguridad, se profundiza cada vez más en la medida en que los secuestros no son denunciados. Sin embargo, existen poderosas razones que explicarían el silencio: los secuestradores amenazan a la familia con la muerte de la víctima si avisa a la Policía y, en muchos casos, los secuestradores resultan amigos, vecinos o conocidos de ella. El secuestro se convierte, entonces, en un efectivo medio de venganza y amenaza. Es lo que sucede especialmente en las zonas rurales y en los barrios marginales de las ciudades, donde el secuestro, por sumas no muy elevadas de dinero, se hace cada vez más frecuente. Y son los niños las principales víctimas.
Sin embargo y a pesar del aumento de secuestros de menores en los últimos años, fuentes consultadas por SEMANA han llegado a afirmar que el número de secuestros de menores es relativamente bajo si se lo compara con el de los adultos (la cifra de secuestros de adultos llegó a elevarse tanto que, en 1977, Colombia ocupaba el primer lugar en el mundo en esta materia), y explican que no es tan alto, porque el secuestro de un niño implica demasiados riesgos para una banda, porque requiere más cuidados y su mantenimiento es más difícil. Además, lo que más atemoriza a los delincuentes, según los expertos, es el hecho de que, en caso de muerte de un menor, la sociedad reacciona con más fuerza y las autoridades intensifican los operativos de búsqueda y las investigaciones hasta dar con los cuipables, más rápidamente que en otros casos, para aplicarles todo el rigor de la ley.
LA INDUSTRIA DEL SECUESTRO
No se podría precisar con exactitua con cuál secuestro y en qué fecha se inició la larga cadena de secuestros de menores que ha ido constituyendo lo que se ha llamado la "industria del secuestro". Viejos cronistas rojos, consultados por SEMANA, coincidieron en afirmar que, posiblemente, el primer niño secuestrado y muerto en el país fue Germán Fernández Madrid, de 9 años, en Medellín. Pero si no fue el primero, al menos es el que más se recuerda. Y los cronistas aún no olvidan los nombres de la pareja que consumó el asesinato: Pedro Nel Tavera y Esther Palacios. Fue en 1965.
Las autoridades dieron con la casa donde mantenían oculto al niño. En el operativo, el secuestrador, sintiéndose acorralado, sujetó la cabeza del menor y lo golpeó con una piedra hasta dejarlo sin vida. El repudio de la ciudadanía antioqueña fue tal que llegó a pedirle al gobierno departamental que lo entragara para ser linchado.
La industria del secuestro podría decirse que existe en Colombia desde hace dos décadas, ligada primero al bandidismo (ver SEMANA N° 1) que apareció en el país en los años 50 como secuela de la violencia y luego a grupos guerrilleros de filiación marxista como las FARC, que encontraban en el secuestro de ganaderos y hacendados un rico medio de financiar sus actividades. La modalidad urbana de esa tenebrosa industria apareció en la última década con el desarrollo de la guerrilla urbana, impulsada por el llamado Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), el PLA y muy especialmente por el surgimiento del M-19.
Sus víctimas se contaban principalmente entre acaudalados hombres de negocios. Sus procedimientos no tardaron en tecnificarse y extenderse, propiciados por delincuentes comunes que cobraron sus principales víctimas entre menores de edad. El síndrome del secuestro, experimentado por dueños de fortunas superiores a los 20 millones de pesos, provocó hacia Miami y otros lugares un éxodo de comerciantes, banqueros e industriales, en busca de seguridad. Y llenó de pánico a la sociedad colombiana y de billete a las bandas organizadas.
Pero el país sólo se haría consciente de que la próspera y atroz industria no sólo estaba relacionada con la política sino con la delincuencia común, en 1973, cuando la misma Policía afirmaba que no eran comunistas procubanos, tal como se creía, los grupos que mantenían aterrorizado al país con el secuestro de hacendados e industriales. En 10 años se habían denunciado 703 secuestros. La Policía había establecido la existencia de pandillas especializadas en secuestro y extorsión. Ya para entonces, Bogotá llevaba la batuta de la inseguridad, seguida por el departamento del Valle mientras que la Guajira y Nariño se consideraban las zonas más sanas.
Por éso la muerte del pequeño Germán Fernández Madrid se alzaba como aviso premonitorio de la cruenta época que habría de vivir Medellín en los años 70. En efecto, 11 años más tarde del secuestro del pequeño, el 27 de octubre de 1976, los antioqueños fueron sacudidos por el asesinato del menor Hernán Alberto Prieto. Acababa de pasar un "septiembre negro" para el país en materia de secuestros.
La aparición formal de bandas de narcotraficantes empezaba a dejar sus huellas, la inseguridad se tornaba insoportable. Medellín, la ciudad tranquila, de hombres trabajadores y mujeres laboriosas se había convertido en el núcleo de la "Colombia connection". Había varias personas desaparecidas, el DAS intensificaba sus operativos. La situación era, a todas luces, compleja.
Una mañana, esperando con sus amiguitos el bus del colegio, Hernán Alberto Prieto, 11 años, fue secuestrado por varios hombres. En 24 horas dieron con su paradero y 15 hombres del Comando Anti-Secuestro y Extorsión (CAES) se dieron cita para liberarlo. El niño leía unos "comics" cuando se abrió fuego entre hampones y autoridades. Un industrial, secuestrado con él, murió. Uno de los captores, a sangre fría, asesinó al niño de un balazo en la sien. De nuevo la sociedad se indignó, se pedía la pena de muerte para los culpables e, inclusive, se llegó a hablar de la creación de un Escuadrón de Paz.
Las voces de protesta no se habían acallado aún, cuando el 27 de agosto de 1977 la joven María Cecilia Cardona fue interceptada cuando se dirigía en el carro de su padre al colegio. Un ex-chofer de la familia había encabezado la acción y pedía un rescate de 10 millones de pesos. 38 días más tarde María Cecilia moría víctima de un balazo, el día en que la rescataban, lo mismo que uno de sus captores. Con él ascendía a 50 el número de secuestradores dados de baja en Medellín en el año 77.
Medellín se había convertido en la ciudad más insegura y en el epicentro de los secuestros de menores. A la cadena se agregarían posteriormente los secuestros de Juan David Gómez Restrepo, 10 años, cogido cuando esperaba el bus del colegio y estrangulado, 39 días más tarde, por una banda cuyos miembros eran conocidos por la familia del pequeño; y el de Jean Paul Castro, 3 años, secuestrado en diciembre del 81 por el amante de su madre y hallado muerto en enero de este año.


UNA CONSTANTE
Vínculos entre las familias de los secuestrados y los secuestradores parecería ser una constante que se presenta en un alto porcentaje de secuestros de menores. Son los casos de Ma. Cecilia Cardona, Juan David Gómez, Jean Paul Castro y también el de Alexander Carranza, secuestrado por una banda dirigida por un extrabajador de su padre. El niño fue encontrado muerto por estrangulación en una finca de los Llanos Orientales.
En las zonas rurales esa constante se repite con mayor frecuencia y son los hijos de los hacendados las principales víctimas. Pero en un 70% los casos no llegan a conocimiento de las autoridades ni a las primeras planas de los periódicos. Allí, en cierta forma impera la ley de la selva y cada cual se hace justicia por su propia mano.
Algunos regresan a sus casas, previo el pago de un rescate, otros desaparecen, o aparecen flotando en las aguas de los ríos, o enterrados en parajes apartados. Son los casos de los hermanos Manjarrés de 11, 9, 6 y 4 años, secuestrados con su abuela en una finca de Valledupar; el de Armando Rueda Bayona, capturado cerca de Maicao; y el de Héctor Zabala Ramírez, 12 años, secuestrado y asesinado por familiares de su madre en Chicuambé, una vereda del Tolima. Este caso podría tipificar uno de los géneros de secuestro usuales en las pequeñas poblaciones. Las familias Zabala y Ramírez sostenían una pelea de años; la rivalidad, como de Montescos y Capuletos, había arrojado un saldo de 6 muertos que ascendió a 8 cuando, el 5 de septiembre de 1974, apareció el cadáver del niño, junto con el de su padre, flotando en el río Chimanchí.
Así, el secuestro también está presente en el campo y en las pequeñas poblaciones con móviles que van desde la venganza hasta el rendimiento económico. Aunque no hagan noticia y sean los casos más enigmáticos para las autoridades; aunque sean los casos no denunciados que le restan credibilidad a las estadísticas.
LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO
La delincuencia derivada del incremento del narcotráfico no sólo cobraba víctimas en la Costa y Medellín.
También lo hacía en otros lugares y Bucaramanga no pudo escapar al horror. Claudia Serrano, 2 años y medio, jugaba el 30 de enero de 1976 frente a la casa de un tío. Unos hombres se le acercaron y valiéndose de trucos la lograron capturar. Ante el escándalo y la conmoción, el padre solicitó negociar directamente con los secuestradores el rescate de 20 millones de pesos. El 23 de febrero Claudia era rescatada. Luego uno de los secuestradores detenidos arrebató el arma de un agente y se descerrajó dos tiros. Era un prestante miembro de la sociedad. Dos meses despues, el escándalo crecía al comprobarse que la banda no sólo secuestraba sino que traficaba con narcóticos.
También por esa época fue secuestrado en Bogotá Johnny Alberto Estupiñán cuando salía del colegio. La Policía descubrió que el padre del niño de 9 años era un narcotraficante perseguido por la justicia, propietario del laboratorio de cocaína en donde habían mantenido cautiva unos días a Claudia Serrano. Se rumoraba que el secuestro del niño obedecía a un "ájuste de cuentas" entre miembros de la banda. El menor fue liberado, sano y salvo, dos meses después.
El 7 de diciembre de 1978, con la complicidad de unos celadores, el niño Alexander Scarpetta cayó en manos de una banda que pedía 40 millones de pesos por su rescate.Después de dos meses de cautiverio fue rescatado aparentemente sano y salvo. Sin embargo, cuando volvió a la casa de sus padres lloraba todo el día, decía odiar a su madre y pedía regresar con su captor. Durante los dos meses de cautiverio, José Palacio Marín, el hombre que lo vigilaba, lo había sometido a toda suerte de torturas físicas y mentales: mientras lo azotaba le repetía que su madre se lo había regalado. Alexander tuvo que ser sometido a tratamiento psiquiátrico.
Meses después, recuperado en parte, vio en los periódicos las fotos de los tres incriminados por la muerte del pequeño Jorge Andrés Ortiz, encontrado muerto dentro de un costal el 2 de mayo de 1979. El niño reconoció a los hombres de las fotos. Sus padres lo llevaron ante las autoridades y el pequeño, entre 25 fotografías, los identificó. Formaban la pandilla que lo había secuestrado a él también compuesta por drogadictos.
No hay duda de que existen bandas especializadas en secuestro y extorsión que operan especialmente, contra menores motivadas por la venganza o el dinero. Y hay familias que han sido víctimas de secuestros repetidos.
Como la familia Naranjo. El padre, un acaudalado hombre de negocios, estuvo a punto de ser secuestrado en febrero de 1974. Un mes después del frustrado secuestro, su hija menor, Francia Inés, caería en manos de una banda, a pesar de que iba estrechamente vigilada. Un agente del F-2 la acompañaba a entrar por la puerta del colegio. Eran las 7:30 de la mañana del 23 de marzo. Ocho individuos, en presencia de las compañeras y de las monjas del colegio, prácticamente la arrancaban de las manos del agente.
Se la llevaron en el mismo vehículo en que había llegado al colegio y en el que iban el conductor de la familia y otro agente del F-2. El vehículo apareció después con el agente muerto y el conductor asesinado de un tiro en la nuca. Después de intensos operativos, el padre, que pidió negociar en forma directa con los secuestradores, logró el rescate de su hija con el pago de una cifra no establecida. La pequeña Francia, 9 años, apareció el 16 de junio en una iglesia del sur de la ciudad.
Sin embargo, y aunque pudiera pensarse lo contrario, los niños víctimas de secuestros no lo son solamente por la fortuna de sus padres. Con demasiada frecuencia suceden casos que no ocupan las primeras planas de las noticias pero que, pueden llegar a convertirse en la rutina diaria de un barrio o de un pueblo, afectando a las gentes de bajos recursos. La frecuencia con que ocurren devela el hecho tremendo de que, tratándose de niños, todos son "secuestrables". Y lo son evidentemente, no en función de su fortuna o de su importancia, sino de su debilidad y desorotección.
En 1980 se presentó uno de estos casos que ha pasado en silencio y desapercibido. Se trató del hijo de un carpintero de Soacha, secuestrado la tarde del 27 de Junio por un hombre de apenas 20 años. El individuo pidió por el pequeño José Luis Rodríguez, de 7 años, medio millón de pesos para ser entregados en pocos días. La familia prefirió dirigirse al CAES antes de negociar con el hampón, y los expertos prepararon una celada en la que lograron capturar al hombre. Del niño nunca aparecieron los rastros pero, posteriormente, el secuestrador confesó que lo había asesinado porque el niño lo había reconocido: era su vecino.
"Los pinguinos del Sur", como se autodenominó la banda que actuaba al sur de Bogotá extorsionando mediante el secuestro a las familias pobres de la zona, asesinó a Javier Rodríguez Jiménez, de 11 años. El niño jugaba fútbol frente a su casa el 21 de junio de 1977 cuando fue secuestrado. Su padre, un zapatero, recibió una carta que le exigía 50 mil pesos por el rescate, y como no los tenía recurrió al DAS. Dos meses más tarde, el cadáver del niño, brutalmente golpeado, fué hallado en un potrero.
UNA SOCIEDAD ENFERMA
Aunque las autoridades afirman que la cifra de secuestros de menores es baja en comparación a la de secuestros de adultos, ésto no descalifica el hecho de que el fenómeno ha alcanzado dimensiones alarmantes.
Durante los primeros 10 días de septiembre fueron denunciados en Bogotá 9, y en el Valle se adelantan actualmente investigaciones para dar con el paradero de 64 menores desaparecidos. Algunos de ellos aparecerán y regresarán a sus hogares, es posible que otros estén ya muertos. Los hay también que son secuestrados y vendidos en el mercado negro de niños para adopción ilegal.
En la larga cadena de secuestros, los analistas han encontrado algunos denominadores comunes. En las ciudades, buena parte de los secuestros se produce en los paraderos de los buses, después de que los delincuentes observan a la víctima y toman nota de su rutina diaria. Otra modalidad común es la de quienes se acercan al niño con dulces u otras muestras de amistad mientras juegan en la calle o en el frente de sus casas. Se dan casos inclusive de niños a quienes sacan de sus propias casas, donde el secuestrador se introduce con distintos pretextos, sobre todo cuando los niños están con la empleada del servicio.
Esta serie de datos indica que los secuestradores parecen no encontrar obstáculos y que prácticamente, no hay secuestro imposible para las bandas organizadas. Y a la gravedad del hecho se suma el rasgo patológico de que la vida del niño secuestrado aparentemente no despierta en sus captores la más mínima consideración. Es notorio el hecho de que cuando los niños son asesinados, lo son en la forma más brutal, a golpes por estrangulación, por asfixia, o a tiros a sangre fría.
¿Cómo puede explicarse esta forma de violencia tan extrema que implica secuestrar y asesinar un niño? ¿Qué puede haber en la cabeza de alguien que recurre a esta monstruosidad para obtener dinero, bien sea por fines políticos, por venganza u otro propósito cualquiera? Hay, se ha dicho, una violencia ambiental que podría englobar el fenómeno y explicarlo. Una violencia institucionalizada que se manifiesta en muchas formas, cotidianamente, no sólo en los asesinatos, robos y atracos, en las torturas, sino también en la agresividad de los conductores en las calles, en las peleas de café, en los malos tratos familiares...
En otras sociedades el niño es centro de atención y objeto de todos los privilegios. En Holanda, por ejemplo, esto se refleja hasta en los más mínimos actos, como el gesto usual en los adultos de pararse para dejar sentar a un niño. En la vida austera de la China Popular, el único que no tiene que apretarse el cinturón es el niño, para quienes todos trabajan. Hay inclusive sociedades primitivas tan avanzadas en este sentido, que la paternidad no se entiende sólo como un fenómeno biológico, sino también como práctica social: todos los adultos cuidan, alimentan y protegen a cualesquiera de los niños de la comunidad, sean o no sus hijos biológicos.

En los Estados Unidos, la violencia contra los niños es común; hay indignación en la opinión pública por el tratamiento a los menores con relación a los abusos sexuales, frecuentemente cometidos contra ellos, y la explotación de la pornografía y la prostitución infantiles. Allí hubo un gran escándalo hace unos meses, por el problema del trabajo infantil cuando en el accidente en el que murió el actor Vic Morrow mientras filmaba, murió también un niño que trabajaba como extra.
En Colombia, la violencia contra los niños empieza, paradójicamente, desde la familia misma, donde golpes, maltrato e incluso la violación son, en miles de casas, parte de la vida cotidiana de los niños. Sin contar la explotación del trabajo infantil, la privación de educación para muchisimos niños, la carencia de servicios médicos, la desnutrición... El secuestro de un niño puede entenderse, entonces, como una de las expresiones más inhumanas de una sociedad que, en este sentido, podría diagnosticarse como mentalmente enferma. Los niños secuestrados son las víctimas de una violencia que se ha gestado desde la infancia de los propios verdugos.
EL ULTIMO CASO
A pareció en el periódico con una mirada tierna y una camiseta que decía "héroe" en inglés. Pero lo que más llamaba la atención era su nombre críptico: Xoiuk.
Era el más pequeño de tres hermanos que ocupaban esa mañana del 20 de septiembre dos columnas en las primeras páginas de todos los periódicos. Los otros dos -una niña y un niño- tenían nombres igualmente extraños: Yidid y Zuieika.
Su caso era espeluznante. Secuestrados hace casi un año, sus cadáveres habían aparecido en una región desolada del oriente de Cundinamarca.
Eran tres de los cinco hijos del comerciante y constructor Jader Alvarez, hombre original que los bautizó con un capricho alfabético que combinaba el orden de nacimiento con las letras Z X, Y, W y V, como iniciales y las restantes letras obtenidas con juégos numéricos hechos con sus fechas de cumpleaños.
A parte de ese detalle exótico, la vida de Jader Alvarez y de su esposa Marina Murillo no tuvo nada de peculiar hasta el martes seis de octubre del año pasado.
A las siete y media de la mañana, cuando los niños eran conducidos al colegio por Carlos, el chofer de la familia y un vigilante privado, fueron interceptados en el tercer puente de la Autopista del Norte, en Bogotá, por un agente de tránsito y dos detectives del F-2. Todos ficticios. Tras parodiar una requisa, condujeron el carro al occidente de la ciudad, donde abandonaron al chofer y al vigilante.
Dos de esos hombres serían posteriormente identificados como Pedro Pablo Silva y Edgar García. Antiguos estudiantes de la Uníversidad Nacional, arrendaron una casa en el barrio Talavera, en donde se cree que mantuvieron a los niños hasta enero pasado.
Jader Alvarez negoció largamente con los secuestradores. Primero le exigieron cinco millones de dólares (300 millones de pesos), pero finalmente aceptaron 25 millones de pesos. Durante todo el mes de abril, Alvarez recorrió la ciudad con los 25 millones, pero nunca los pudo entregar.
A partir de ese mes (abril) no se volvió a tener noticia alguna de los niños. El 5 de agosto, funcionarios de la Dipec, departamento investigativo policial, recibieron el caso de otra dependencia de la policía. El 19 de septiembre se anunció a la prensa el hallazgo de los cadáveres, despertando una violenta reacción, algo tardía, en el público y en los mismos cuerpos investigativos. En menos de cinco días se produjeron cuatro capturas. Y en algunas versiones de prensa se vinculó a movimientos guerrilleros con el secuestro.
Sin embargo, no todo parece claro.
No se ha precisado el tiempo que llevan muertos los niños, ni la fecha en que fueron encontrados. Sólo se supo de su transporte a Bogotá el sábado 19.
La investigación se basó en el hallazgo de la casa del barrio Talavera, que condujo a los detectives a la región de Gachalá, al oriente de Cundinamarca, por los indicios dejados por los secuestradores. Allí se utilizó el testimonio del campesino Guillermo Alvarado Contreras, apodado Bolívar dentro de la investigación, que había sido contratado por los secuestradores para llevar alimentos hasta el páramo en donde estuvieron confinados. Así, aparte del hallazgo de los cadáveres, se arrestó a Víctor Manuel Reyes, hombre que colaboró en la custodia de los niños.
Reyes identificó a Josué Silva y Armando Martínez Ruiz como coparticipes del secuestro. Acusó además a Bernardo Acosta Rojas de ordenar la muerte de los niños, y señaló a un quinto participante: Juan Eliseo Jurado Cristancho, también ex-estudiante de la Uníversidad Nacional.
La publicación de los retratos hablados que logró la policía con base en algunos testimonios, provocó el suceso más dramático desde el hallazgo de los niños. Edilberto Linares, uno de los acusados, se suicidó en su finca de Gachalá antes de ser capturado.
Pero fuera de la vinculación de Juan Eliseo Jurado y Pedro Pablo García en la toma de la Iglesia de La tercera, en Bogotá, el 19 de agosto de 1980, cuando un grupo de estudiantes la invadió para protestar por la militarización de la Uníversidad Nacional y el cierre de la Central, no hay indicio alguno que los vincule a movimientos guerrilleros, salvo una ficha del F-2 que los señala como pertenecientes al M-19, pero sin que se haya divulgado ningún hecho que apoye tal relación.
Por otra parte, sobre Bernardo Acosta Rojas, el hombre que ordenó los asesinatos, se ha dicho que estuvo en toda la región de Gachalá haciendo propaganda política a nombre del "Frup": "Frente Unido Revolucionario Popular" cuya existencia sólo han avalado las páginas rojas de algunos periódicos.
Acosta Rojas, actualmente en fuga, había sido detenido en Bogotá once días antes de que el caso estallara en la prensa. Se le arrestó como sospechoso de participar en el secuestro de Gloria Stella Rodríguez y su hijo Ricardo, pero posteriormente fue puesto en libertad.
Menos de una semana después, el servicio secreto se dio cuenta de que era el principal implicado en el caso de los niños Alvarez Murillo.
Sobre Acosta se dijo que al tiempo de hacer propaganda al Frup, atemorizaba a los campesinos de la región. Y de las personas señaladas por el delator Reyes Peña, ninguna pasa de ser un delincuente común.
Se ha especulado también con declaraciones del padre de los niños, formuladas el día de su sepelio. Sus palabras apuntaban contra movimientos guerrilleros como el M-19 y el ADO, los cuales han negado su participación en comunicados a la prensa.
Jader Alvarez también acusó a dos hermanos de apellido Sanjuán Arévalo, como participantes en el secuestro.
Pero la policía afirma desconocer cualquier vínculo de ellos en los hechos y Alvarez no ha dicho sobre qué se basán sus acusaciones.
El caso parece contradistorio y está lejos de resolverse. La vinculación de los tres ex-uníversitarios y la violencia de los asesinatos impactó a la opinión justo en el momento en que se debate el proyecto de amnistía.
LOS DERECHOS DEL NIÑO
1. El niño tiene derecho desde su nacimiento, a un nombré y a una nacionalidad.
2. El niño gozará de protección especial para que pueda desarrollarse física, mental, moral y socialmente, en condiciones de libertad y de dignidad, sea cual fuere su color, sexo, idioma, religión, etc.
3. El niño disfrutará de los beneficios de la seguridad social, con derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, para lo cual debe contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos oportunos.
4. El niño física o mentalmente impedido debe recibir el tratamiento, educación y cuidado especial que exige su caso particular.
5. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita de amor y comprensión al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres o en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material.
6. El niño tendrá derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria; a instrucción que permita su cultura general y oportunidades para desarrollar sus aptitudes y su sentido de responsabilidad moral y social a fin de que sea un miembro útil a su familia y a la sociedad.
7. El niño debe en todas las circunstancias, figurar éntre los primeros que reciban protección y socorro.
8. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, y no se le permitirá trabajar antes de una edad mínima adecuada.