Especial infraestructura
Vías para la paz, la apuesta del gobierno Petro en infraestructura
Además se le dará prioridad a los proyectos para el transporte multimodal, puertos y aeropuertos. El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, cuenta en detalle el plan de estos cuatro años.
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En los primeros 100 días de Gobierno ya recorrió 23 de los 32 departamentos. ¿Cuál es la mayor necesidad que en materia de infraestructura identificó en el país?
GUILLERMO FRANCISCO REYES: Fueron al menos 50 diálogos con la población, alcaldes y gobernadores, y lo que más demandan las regiones es alimentación y vías terciarias, que ahora vamos a llamar caminos comunitarios para la paz total. Estas conversaciones incluyeron a grupos armados al margen de la ley y a las comunidades afectadas por la exclusión. Para ellos parte fundamental de la construcción de paz y justicia social, es que haya vías, caminos que les permitan tener acceso a los cascos urbanos, sacar sus productos para ser comercializados, llevar insumos a sus hogares y que sus hijos puedan ir a la escuela.
Las vías terciarias son una deuda histórica con los territorios. ¿Cuál es el plan para darle cumplimiento?
G.F.R.: Lo primero que hay que tener en cuenta es que los recursos para las vías terciarias provienen de la nación, no de los presupuestos de los municipios, que además son ínfimos. Entonces, hay que invertir. Otra cosa importante es desatascar solicitudes que llevan años a la espera de una respuesta, por trabas burocráticas y procedimentales.
¿Cuánto estiman invertir en la red vial rural?
G.F.R.: En los últimos 12 años se destinaron 8,6 billones de pesos. Este Gobierno estima una inversión mínima de 8 billones de pesos hasta 2026, fundamentalmente, porque son las más afectadas por las lluvias, y adicionalmente porque se requieren para mejorar la conectividad a internet en los territorios y para hacer la reforma agraria.
Ahora se van a entregar los recursos directamente a las Juntas de Acción Comunal (JAC) para que rehabiliten, reparen y mantengan estas vías. ¿En qué consiste este modelo?
G.F.R.: La nación ya no contratará a un intermediario ni le girará recursos al municipio para que lo haga. La estructura avanza de la mano de las JAC u organizaciones comunitarias, los batallones de ingenieros militares y el Instituto Nacional de Vías (Invías), con veeduría ciudadana. El modelo lo presentamos en el corregimiento de San Luis, en el Huila, donde se construirán cerca de 30 kilómetros de vías, porque la comunidad no tiene cómo acceder a los municipios de Neiva o Palermo. Allí, a lo largo de todo el trayecto, identificamos al menos diez grupos de personas organizadas en una JAC.
¿Cómo es la ejecución después de que les giran los recursos?
G.F.R.: La JAC con los batallones de ingenieros militares deben comprar el material; pero para recibir recursos y estar habilitadas para ejecutar de forma directa, las juntas tienen que estar inscritas en el Ministerio del Interior. En este proceso, los alcaldes desempeñan un rol fundamental, pues a su cargo tienen el seguimiento. De hecho, los secretarios de Infraestructura deben recoger las propuestas en cada departamento.
¿Cómo se da la incorporación de los batallones de ingenieros?
G.F.R.: Ese es un proceso que vamos a ir haciendo nosotros. Dependiendo del proyecto, podemos recurrir al Ejército, a la Armada o a la Policía. También existe la posibilidad de vincular, en casos excepcionales, a pymes de ingeniería, como lo propuso la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI).
¿El modelo se va a replicar en todo el país?
G.F.R.: No, porque el país tiene características diferenciales. Por ejemplo, en San Luis necesitan que las vías estén pavimentadas para que circulen vehículos; pero hay lugares en los que no, y en ese caso planificamos la placa huella. Y hay otra fórmula, como la aplicada en San Francisco, Antioquia, que cuenta con cinco kilómetros entre el río y el casco urbano, por donde circulan ciclas, motos y mulas. Allí solo se necesita concreto o asfalto, y la inversión es de 300 millones de pesos por kilómetro: 700 millones de pesos menos de lo que costaría la placa huella. También hay casos como Leticia, donde las comunidades indígenas requieren que se mejoren los caminos ancestrales, respetando sus tradiciones y costumbres.
El cuatrienio del multimodalismo
¿Qué pasará con los proyectos 4G y 5G?
G.F.R.: Nos hemos dado a la tarea de darles continuidad a los proyectos 4G para que se ejecuten en el menor tiempo posible. A la fecha se han invertido 50 billones de pesos; aunque hay más de 73 proyectos de interés para los departamentos y los municipios que se han contratado con vigencia futuras a diez años. En los últimos diez años el país se enfocó en las grandes obras de infraestructura vial, que son las autopistas 4G y 5G, y nuestra apuesta es el transporte multimodal, es decir, férreo y fluvial, con un enfoque no solo económico sino social. Por eso, el plan contempla hacer más de 197 muelles en 83 municipios, para los ríos en Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare y Amazonas. Trabajamos en la navegabilidad y dragado del río Magdalena y evaluamos si se hará por una Iniciativa Privada (IP) o Asociación Pública Privada (APP).
Y con respecto a los aeropuertos, ¿cuál es el plan?
G.F.R.: Si nuestra apuesta es al turismo para reemplazar los recursos que nos deja el carbón y el petróleo, necesitamos aeropuertos; y recibimos varios sin avances en estructuraciones o aprobaciones. Hay terminales que demandan una ampliación como Rionegro, Cartagena, Santa Marta, Cali, Barranquilla y muy pronto Bogotá. Por eso nos dimos a la tarea de aprobar otrosíes y de estructurar IP, según cada caso. En paralelo, trabajamos en los proyectos de varios aeródromos y aeropuertos como el de Neiva (Huila), el Golfo de Morrosquillo, en Tolú (Sucre) y el de San Gil (Santander), para los cuales se van a destinar recursos para mejorar su infraestructura. Además, planeamos terminales aéreas en las zonas de los parques naturales como en La Macarena y La Guajira, imanes del turismo internacional.
¿En qué fase se encuentra el proyecto del Canal del Dique?
G.F.R.: Allí avanza un proceso de adjudicación que inició la administración anterior para lo que tiene que ver con mitigación, navegabilidad y protección de las comunidades aledañas al río Magdalena. Además, nos tocó acatar una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se incorporaran procesos de diálogo, participación y consulta previa, y se garantizara un plan de búsqueda de cadáveres de personas desaparecidas, depositados en esa zona del canal. Hubo una tutela que decretó medidas cautelares para garantizar que, por ejemplo, comunidades afrodescendientes fueran escuchadas. El proceso está diseñado para que, una vez se adjudique, se adelante todo un componente ambiental y de participación ciudadana. Lo positivo, es que todos los actores reconocen la importancia de este megaproyecto, el más grande que se haya hecho en América Latina, con una inversión de más de 3 billones de pesos.
¿En qué consiste el cobro de valorización nacional sobre los proyectos de concesión que tienen previsto implementar?
G.F.R.: La valorización estima que, si las obras de las grandes concesiones viales benefician y mejoran las condiciones económicas de los predios, vamos a cobrar esa plusvalía; por ejemplo, una doble calzada incrementa el valor de un predio. Sin embargo, ese cobro no se les hará a los más pobres, a los que están sobre las comunidades ribereñas, sino a los que tengan una capacidad socioeconómica mayor.
Y en relación con los procesos de adjudicación de las 5G, ¿tiene previsto hacer modificaciones?
G.F.R.: No, más bien recomendaciones, como que antes de estructurar los proyectos se vinculen a través de consultas a los alcaldes y las comunidades, y a la JEP. Además, hemos pedido a los transportadores de carga que sean veedores de que los concesionarios cumplan con lo pactado.
¿Cómo avanzan con la revisión de los peajes?
G.F.R.: Estamos terminando un estudio con el propósito de verificar si el monto que se cobra es el adecuado y para garantizar que se otorgue el beneficio de tarifas diferenciales a las poblaciones vecinas a los peajes. Hay algunos lugares donde se cobra un monto mínimo o excesivo, y en otros lo correspondiente al 50 por ciento de lo que vale. Hay que tener claro que no cobrarlo, como se ha llegado a proponer, desfinancia proyectos y puede generar un problema de detrimento patrimonial. Lo que sí estamos haciendo es establecer exenciones a vehículos de carga o equipos de transporte de materiales y maquinaria para atender afectaciones en la vía durante la ola invernal.
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