Venezuela: sin luz, sin juicio

Las crisis eléctrica que afecta a Venezuela está teniendo un efecto colateral sobre la población carcelaria, que está viendo sus juicios retrasarse como consecuencia de la reducción de las horas de trabajo en los tribunales, de acuerdo con denuncias de detenidos y organizaciones no gubernamentales.

En días recientes, presos de dos cárceles del centro del país, Yare y La Planta, protagonizaron protestas en contra del retardo procesal provocado por el nuevo horario de los juzgados.

El pasado 14 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia modificó la jornada habitual de 8:30 am a 3:30 pm a un horario de 8:00 am a 1:00 pm, en línea con el resto de la administración pública, para contribuir a ahorrar energía.

Según estimaciones de Una Ventana a la Libertad, ONG especializada en la defensa de los derechos humanos en cárceles, se está realizando menos del 20% de las audiencias previstas.

Portavoces oficiales no confirmaron ni negaron directamente esta versión a BBC Mundo, pero indicaron que, de comprobarse, se trataría de un problema serio que requiere ser corregido.

Quejas
"Hemos recibido quejas directas de muchas personas que están detenidas y cuyas audiencias no se han podido efectuar. También hemos sido partícipes de audiencias que se han suspendido por las restricciones en el horario", afirma Carlos Nieto Palma, coordinador de la Una Ventana a la Libertad.

Según Nieto, cada día los tribunales son desalojados pocos minutos antes de la 1:00 pm, cuando el suministro eléctrico es cortado inexorablemente.

El retardo procesal era un problema ya antes de la crisis eléctrica. De acuerdo con la ONG, más de 70% de las personas detenidas en las cárceles venezolanas está en situación de prisión preventiva, pues se hallan a la espera de una sentencia firme. En total unos 22.000 presos han pasado más de seis meses bajo esa condición, sin que, en ocasiones, se haya determinado si hay elementos suficientes para enjuiciarlos.

Fernando Fernández, ex presidente del capítulo venezolano de Amnistía Internacional, sostiene que estos nuevos problemas se suman a lo que califica como una involución en el proceso penal venezolano, en el que reiteradas reformas han afectado otros principios básicos como el derecho al acceso a la justicia y el derecho a ser juzgado en libertad.

"Estamos en los peores momentos de la justicia penal venezolana. El juicio en libertad, que debería ser la norma, se está convirtiendo otra vez en la excepción", advierte Fernández.

Una decisión del Tribunal Supremo
La solución al agravamiento del retardo procesal causado por la reducción del horario de trabajo en los juzgados penales descansa en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fue el que efectuó la modificación en primer lugar.

El diputado oficialista Tulio Jiménez, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, le dijo a BBC Mundo que en días recientes ha recibido información acerca de los inconvenientes que el nuevo horario está ocasionando en el funcionamiento de los tribunales penales.

"La información que tenemos indica que no se están dando el mismo número de actos procesales, pero eso es algo que tenemos que constatar. Si se comprueba, hablaremos con el TSJ para ver si es posible que haya mayor flexibilidad en los horarios", comentó.