Desclasificarán documentos relacionados con los atentados del 11-S

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes una orden ejecutiva ordenando revisar los documentos relativos a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con la intención de desclasificarlos.

Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, con motivo de la conmemoración del vigésimo aniversario de los atentados, el mandatario pidió al Departamento de Justicia y a otros organismos pertinentes que revisen la desclasificación.

La orden exige que “el fiscal general haga públicos los documentos desclasificados en los próximos seis meses”.

“Los acontecimientos significativos en cuestión ocurrieron hace dos décadas o más, y se refieren a un momento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de tantos estadounidenses”, señala la orden ejecutiva.

Agrega que “por lo tanto, es fundamental garantizar que el Gobierno de los Estados Unidos maximice la transparencia, recurriendo a la clasificación solo cuando sea estrictamente necesario”.

“No debemos olvidar nunca el dolor permanente de las familias y los seres queridos de los 2.977 inocentes que murieron en el peor atentado terrorista contra Estados Unidos de nuestra historia. Para ellos no solo fue una tragedia nacional e internacional, fue una devastación personal”, recordó Biden en el documento.

El presidente estadounidense agregó que su “corazón sigue con las familias del 11-S que están sufriendo”, y que su administración “continuará comprometiéndose respetuosamente con los miembros de esta comunidad. Agradezco sus opiniones y su visión mientras trazamos el camino a seguir”.

Como se recuerda, hace poco menos de un mes, el Departamento de Justicia reveló que el FBI había concluido una investigación en la que se examinaba a ciertos secuestradores del 11-S y a posibles coconspiradores, y que ahora trabajaría para ver si podía compartir información que previamente había determinado que no podía ser revelada.

Ante la orden ejecutiva del presidente Biden, el FBI debe completar antes del 11 de septiembre su revisión de la desclasificación de los documentos de esa investigación, a la que se ha referido como la “Investigación del Subfile”.

La decisión llega a poco más de una semana de cumplirse el aniversario número 20 de los atentados, tras una disputa de años entre el Gobierno y las familias sobre qué información clasificada sobre los preparativos de los atentados puede hacerse pública.

El conflicto se agudizó luego de que el mes pasado unos 1.800 familiares, supervivientes y primeros intervinientes se manifestaron en contra de la participación de Biden en los actos conmemorativos del 11-S si los documentos seguían desclasificados.

Impacto práctico de la desclasificación

Aunque por el momento no se sabe cuál será el impacto práctico de la orden ejecutiva y de los nuevos documentos que pueda producir, las investigaciones anteriores han señalado presuntos vínculos entre ciudadanos saudíes y algunos de los secuestradores de aviones, pero no han establecido que el gobierno de Arabia Saudita estuviera directamente implicado.

De acuerdo con una demanda en un tribunal federal de Nueva York, presuntamente funcionarios saudíes prestaron un importante apoyo a algunos de los secuestradores antes de los atentados y pretende responsabilizar al reino, hecho que ha sido negado reiteradamente por el Gobierno saudí.

Familiares de las víctimas de los atentados llevan mucho tiempo afirmando que los funcionarios saudíes desempeñaron un papel más directo de lo que el Gobierno estadounidense ha dicho públicamente, citando en parte el hecho de que los dos primeros secuestradores que llegaron a Estados Unidos antes del ataque fueron recibidos y asistidos por un diplomático saudí.

Incluso se ha acusado a las autoridades de EE. UU. de poner trabas a sus demandas de documentos, por lo que, en la víspera instaron al inspector general del Departamento de Justicia a investigar la aparente incapacidad del FBI para localizar una fotografía, un video y otros registros que buscan.

De manera que dentro de los próximos seis meses, según la orden presidencial, el Gobierno debe revisar para su desclasificación todos los informes de las entrevistas, los documentos con las conclusiones de la investigación, cualquier registro telefónico y bancario, otros informes de las entrevistas y otra información que se considere potencialmente relevante para los ataques.

Con información de Europa Press.