Entre ‘piqueteros’ y riesgo-país

Piquetero’ es la nueva palabra del vocabulario político argentino. Su rostro es de mujer, de niño con hambre, de padre de familia, de joven desocupado. El piquetero hizo su aparición en 1995 cuando las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem dejaron casi 400.000 personas sin oficio. Pueblos enteros, abandonados a su suerte, se organizaron para cortar las autopistas y rutas más importantes con ‘piquetes’, quemando llantas, usando trastos viejos o maderas, instalando ‘ollas populares’ para alimentar a las familias de los que protestan.

La semana pasada alrededor de 100.000 personas participaron en más de 50 cortes de ruta programados por un congreso de representantes de los ‘piqueteros’ de todo el país en protesta por el plan de ajuste del gobierno de Fernando de la Rúa. La acción, que sorprendió por lo masiva, se repetirá esta semana por 48 horas y la próxima por 72, marcando el despertar político de un nuevo sector social en la Argentina

Los ‘cortes de ruta’ son la más reciente expresión de un descontento social creciente que nació de la difícil situación de la economía argentina. Con la aprobación de la ley de ‘déficit cero’ por el Senado en la madrugada del lunes 30 la Argentina pasó “de la sala de velación a la sala de terapia intensiva”, como dijo a SEMANA el periodista José Claudio Escribano. Para sus defensores, si la ley se hubiera demorado unas horas más en ser aprobada se hubiera provocado un ‘lunes negro’, un derrumbe cambiario y un retiro masivo de depósitos.

La ley establece que el Estado no podrá gastar más de lo que recauda. La prioridad será pagar los intereses de la deuda externa de 150.000 millones de dólares y, con lo que sobre, se pagará a los proveedores y se cubrirán sueldos y jubilaciones.

Lo que tiene descontenta a la población es que para cumplir con el déficit cero en julio se podarán en un 13 por ciento los sueldos de los trabajadores estatales y las mesadas de los jubilados que ganen más de 575 pesos (o dólares). Este recorte puede aumentar los próximos meses y llegar al 20 por ciento o más si es necesario.

De la Rúa se jugó sus escasos restos de popularidad pero ni siquiera esa medida logró saciar la voracidad de los mercados de capitales. Primero había sido el ‘blindaje’, una operación mediante la cual el FMI garantizó hace algún tiempo 40.000 millones de dólares en créditos al país. Luego vino el megacanje, por el cual el Estado argentino cambió el equivalente de 30.000 millones de dólares en bonos de la deuda a plazos más largos y tasas de interés más altas. Y ahora ni siquiera el déficit cero logró abrir las puertas del crédito. El riesgo-país, que indica el interés que un Estado se ve obligado a pagar para acceder al crédito internacional por encima de la tasa que paga el Tesoro de Estados Unidos, continuó su subida en más de 1.700 puntos. Y los acreedores externos ahora se quejan de los piqueteros y de la inestabilidad social.

La desconfianza hacia el país está en su punto máximo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O’Neill, dijo la semana pasada a la revista The Economist que la Argentina “ha estado entrando y saliendo de problemas por 70 años o más” para justificar la política de no ayudar al gobierno de Fernando de la Rúa.

La escasez de crédito asfixia a las empresas locales, que no tienen acceso a nuevos fondos, ahora que el país entra en su cuarto año de recesión y que el gobierno acumula créditos para evitar el incumplimiento del pago de su deuda. Las empresas abandonan la inversión en nuevas plantas y equipamiento. La cadena de pagos está trastornada pues todos aplazan los abonos a los proveedores. Estos no pueden acceder a créditos bancarios y tienen que aceptar préstamos particulares a tasas de hasta un 70 por ciento anual en dólares.

Para algunos esto significa que la Argentina ya está en default. “Argentina no puede pagar todo lo que debe y no tiene más crédito. Eso es, técnicamente, la cesación de pagos”, reconoció Rodolfo Terragno, ex jefe del gabinete y radical de pura cepa.

Sin embargo Federico Sturzenegger, secretario de Política Económica, opina que no se va a un default porque “el programa financiero está casi terminado para este año e incluso para el próximo”, es decir, las necesidades financieras están cubiertas. Para el economista del gobierno la Argentina “tiene una situación de financiamiento muy sólida y una situación fiscal muy buena porque en julio ya vamos al déficit cero, aunque tenemos una crisis total de credibilidad. Por eso parecería que cada vez piden más. Si decíamos hace tres meses que íbamos a bajar salarios se nos hubieran muerto de risa, pero se bajaron”, concluyó.

Si bien los economistas hacen malabares para justificar el recorte del 13 por ciento a salarios y jubilaciones la sensación es la de estar frente a un despojo colectivo, una suerte de Robin Hood a la inversa, que le saca del bolsillo a los empleados y a los jubilados para pagar a las grandes corporaciones financieras. Muchos miran con rencor el legado del gobierno interminable de Carlos Menem, cuyos varios esfuerzos reeleccionistas son vistos como la causa de la crisis cuando abrió el grifo del gasto público en busca de comprar popularidad.

Horacio Verbitsky, conocido periodista y director del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), dijo a SEMANA que “este es un plan que compromete la vigencia de la democracia. El decreto y la ley que convirtieron el salario y la jubilación en una mera conjetura son inconstitucionales”.

La grave situación económica y social abre un mar de dudas sobre la realización y los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre. Hay quienes proponen la suspensión de las mismas, como los partidarios del ministro de Economía, Domingo Cavallo, pero la idea no parece prosperar en un país en el cual, a pesar de la debacle económica, el sistema democrático parece bien afianzado. El principal problema es el descrédito del presidente Fernando de la Rúa, sujeto preferido de las sátiras televisivas que resaltan su debilidad, y la destrucción de la Alianza, la coalición electoral entre el radicalismo y el Frepaso, una disidencia del peronismo. El Frepaso ya casi no existe y su principal dirigente, el ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, desapareció de la arena política. El gobierno se apoya en una nueva alianza con los gobernadores peronistas, que fueron quienes dieron el empujón para aprobar la ley de déficit cero en el Congreso.

Los analistas empiezan a hacer hipótesis sobre lo que sucederá después de las elecciones si, como es previsible, el radicalismo sufre una fuerte derrota. Las encuestas ya dan muestras de que el descontento en las calles se traducirá en las urnas con resultados adversos tanto para el radicalismo como para el peronismo. Unos y otros terminarán pagando en las urnas lo que les sacaron a los ciudadanos por derecha.