LA HORA DE FELIPE

Cuando Felipe González se acomode tras la mesa isabelina del despacho presidencial, en el palacio de la Moncloa, habrá quedado atrás una agotadora y costosísima campaña electoral. Pero envuelto en el humo de esos largos habanos que le manda personalmente Fidel Castro, pensará que el esfuerzo mereció la pena.
El PSOE obtendría la victoria en las urnas en las elecciones generales de abril de 1983 y él, Felipe González, sería presidente del gobierno, el primer jefe de gobierno socialista desde 1939 en que el doctor Juan Negrín, de desagradable recuerdo para el Partido Socialista, salió de España en las postrimerías de la Guerra Civil.
Entonces desde comienzos de este año, semana tras semana, más de quinientas personas, divididas en pequeños grupos de trabajo, vienen elaborando papeles a contra-reloj, una reunión tras otra. Magistrados, ecologistas, abogados, economistas, médicos, sindicalistas, profesores de universidad, actores, jueces, maestros, pintores, funcionarios públicos y políticos, integran este largo medio millar de personas. Muchos de ellos no militan en el PSOE, unos entran en el marco de los simpatizantes socialistas y otros se caracterizan por su talante progresista.

LA CARTERA DE DEFENSA
Los miembros de la dirección del PSOE se han dividido latarea y cada ejecutivo asume la responsabilidad de un sector. Cuando acabe el mes de julio, tendrán ya contrastadas unas tareas con otras, hecho el esquema general y evaluado los costos. En agosto, redactarán el programa definitivo de gobierno del PSOE, y en septiembre harán un breve resumen para la campaña electoral.
De la actual ejecutiva socialista, pocas personas pasarían a forma parte del gobierno. Con ese compromiso accedieron en el otoño pasado, en el XXIX congreso, a la dirección del partido. El PSOE tiene bien presente la experiencia portuguesa, donde la dirección del PSP abandonó el partido por el gobierno y ello supuso el fracaso de Mario Soares. No quieren cometer el mismo error.
La conferencia de organización del PSOE, prevista para el próximo mes de septiembre, no sólo solventará las cuestiones de mayoría y minoría dentro del partido y la admisión de corrientes internas. También tratará las relaciones entre partido y gobierno a fin evitar los desastres de la UCD. El grupo de seguimiento de la experiencia socialista francesa-formado hace un año por los sociólogos y economistas-aportará así mismo sus datos con la intención de salvar las contradicciones entre ministros que se produce en el país vecino.
Sacando la lección de lo sucedido en nuestro país y del gobierno socialista griego de Papandreu, Felipe González tiene ya tomada una decisión: aparte de asumir la presidencia del gobierno, él detentará también la cartera de defensa. Y hasta que llegue el XXX congreso del partido en 1984, seguirá también como Secretario General.
EL PSOE considera que la renuncia a la secretaría por parte de Felipe Gonzalez, implicar+a la convocatoria de un congreso extraordinario, con el siguiente factor de agitación interna. Cosa contraproducente en unos momentos de pacificación en que los socialistas deberán estar unidos como una piña.

GOBERNAR CON LOS AMIGOS
En cualquier caso, los socialistas están decididos a no formar un gobierno socialista estricto. Según piensan, para la situación actual del país sería necesario recabar todos los apoyos sociales posibles. En esta época -dicen se puede trabajar conjuntamente con sectores sociales progresistas que no sean necesariamente socialistas sino reformadores.
EL PSOE está a la espera de la salida a la crisis centrista para empezar a manejar su política de alianzas. Personalidades independientes podrían formar parte de su gobierno. Con el sector progresista de UCD podría formarse un frente parlamentario depende de lo que ocurra. Pero no se descarta que, a falta del veredicto de las urnas, incluso Adolfo Suárez encajaría como presidente del congreso de los diputados en un gobierno del PSOE, si se pactara un programa de reformas a un plazo de cuatro años. La idea de los socialistas, es la de poder contar con aquellos grupos que estén de acuerdo con su programa.
Hace pocos meses, Felipe González dijo que España necesitaba una pasada por la izquierda de 25 años. Con el espíritu de empezar esa era, el PSOE acudirá a las próximas elecciones. El punto de partida del PSOE es claro: la justicia y el orden público son esenciales al Estado y si éstos fallan el propio Estado fracasa. Y todavía son más necesarios en un sistema democrático donde la defensa y la protección de los derechos y las libertades se ponen en manos de los jueces. Si donde no hay justicia, no hay Estado -concluyen los socialistas- donde no hay administración de justicia no puede haber un Estado democrático.
El problema reside en que la actual administración de la justicia española no funciona, es católica, lenta y cara. El PSOE hace suyo el análisis crítico del Consejo General del Poder Judicial: hay que proceder a una voladura controlada de esta maquinaria que ha acabado por perder la confianza del ciudadano.
En lo que atañe a los derechos del ciudadano, ya están articuladas las siguientes leyes: objeción de conciencia, limitación del uso de la informática, garantía de derechos legales de réplica y rectificación en los medios de comunicación, cláusula de conciencia y secreto profesional, ley de reunión, de asociaciones y de asilo.

NO A LA JUSTICIA MILITAR
En cuanto a los derechos de participación política, están ya la ley de petición, la de iniciativa legislativa popular, la de acción popular y la de acción de jurados. Y en fase de redacción del texto definitivo, está la de participación ciudadana en materia educativa, la de participación ciudadana en la administración pública y la ley de consumidores.
Piensan los socialistas que lo anterior no es suficiente y que un sistema democrático debe legitimarse también por los derechos económicos y sociales: el derecho al trabajo, la salud, la vivienda, patrimonio artístico, disminuidos psíquicos y físicos, tercera edad, y la modificación del estatuto de centros escolares.
Para que el sistema funcione, afirma el PSOE, no es suficiente que la Constitución declare unos derechos, hay que protegerlos y garantizarlos. Y la protección de los derechos fundamentales les lleva de lleno a la redacción de un nuevo código penal y a unas leyes de garantías, como las de Habeas Corpus. asistencia al detenido y el recurso de amparo, previo al constitucional.
Los socialistas opinan que cuando el ciudadano no confía en su propia administración de justicia se produce hasta un proceso de deslegitimación del propio estado democrático. Hay que superar esta situación y empezar por averiguar los fallos. Y en este orden encuentran que un motivo de desconfianza es la existencia de varias justicias, así que habrá de modificarse el Código de Justicia Militar, bus cando al máximo la unidad jurisdiccional. Otro motivo sería la carestía de la administración de justicia, no tanto por sus costos como por su lentitud. Lo mismo que un ciudadano no paga el servicio policial, tampoco hay razones de peso para que en términos generales y como principio tenga que pagar la justicia.
José Manuel Arija (España)