MANO SUAVE CON LOS DUROS

Veintidós de los treinta y dos militares que en febrero de 1981 utilizaron las armas y los uniformes que les concede la nación para alzarse contra la voluntad popular libremente expresada, podrán volver al ejército al haber sido condenados a penas inferiores a tres años y un día.
La sentencia a los golpistas que se hizo pública en la tarde del jueves tres, en medio de una tensión sin límites, inédita desde hace meses, condenaba a Milans y a Tejero, como cabecillas de una rebelión consumada, a treinta años de reclusión y al resto de los sediciosos a penas mínimas, en relación con el vergonzoso y humillante acto que según todos los observadores, protagonizaron hace 16 meses.
Mientras el gobierno anunció públicamente minutos después de hacerse pública la sentencia, que iba a recurrir la sentencia, algunos abogados defensores de los golpistas revelaron que iban a pedir la prisión atenuada para los jefes y oficiales condenados, a los que se les ha impuesto una pena inferior a los tres años.
Si el consejo supremo de justicia militar que ha dictado las sentencias, accediera a la petición de los abogados, algunos de los capitanes condenados cumplirián la sentencia en casa.
Entre tanto, altos cargos de la división acorazada Brunete y de la guardia civil han expresado su preocupación por el hecho consumado de la vuelta de ocho tenientes y dos capitanes a los cuarteles en los próximos días o meses.
En la guardia civil, donde la reintegración de los guardias que tomaron parte en el asalto al congreso causó gran malestar en su día, se teme que el regreso a los cuarteles de estos oficiales pueda ser el gérmen de un nuevo fermento golpista que anime a otros a actuar contra el poder legítimamente constituido.
La elaboración de la sentencia, que se vio precedida de un clima de rumores, especulaciones y presiones de todo tipo, se produjo en el contexto de un tribunal dividido e integrado por militares que mayoritariamente fueron partícipes del histórico 18 de julio de 1936.
Cuatro de los 16 miembros que componen el tribunal supremo de justicia militar eran partidarios, la semana, pasada de que las penas para Milans del Bosh y Armada no fueran superiores a los 12 años de prisión, con lo que no perderían el empleo ni las condecoraciones mientras que el resto del tribunal incluido su presidente, Federico Gómez de Salazar, pretendía aplicar mayores condenas.
Estos cuatro consejeros relacionados con el partido Fuerza Nueva comieron en los últimos días con los ideólogos de "El Alcazar", el periódico que preparó el golpe, y sus familiares fueron objeto de todo tipo de presiones por parte de los familiares de los procesados, que pretendieron incluso invocar al Espíritu Santo en una misa que querían celebrar en la capilla del Estado Mayor del Ejército.
Para evitar una condena tan insignificante, una auténtica "verguenza nacional", el gobierno se vio obligado a aplazar la comunicación de la sentencia durante 24 horas instando al fiscal a imponer un recurso por defecto de forma en la declaración del capitán Dusmet, para ganar tiempo e intentar negociar con el poder judicial militar.
La claudicación del ejecutivo en el juicio del 23 de febrero, comenzó el mismo día en que los procesados se "amotinaron" por un artículo de "Diario 16", a quien ahora el tribunal constitucional ha dado la razón.
La vergonzosa campaña de los golpistas contra el rey y el juicio paralelo a la democracia montado en campamento tampoco obtuvo respuesta del gobierno. La actitud se repitió semanas después cuando Milans se plantó ante el tribunal porque el actual capitán general de Barcelona le comparó con un secuestrador.
La última oportunidad perdida por el ejecutivo para ejercer el poder que le otorga la nación, se dejó pasar el último día del juicio. Tejero llamó "cobardes" y "traidores" a los altos mandos militares y nadie dio instrucciones al fiscal para que se interpusiera querella por injurias al ejército, al que nadie ha ofrecido los oportunos desagravios.