México en llamas

Tras varias semanas de tensión, en los últimos días las manifestaciones contra el gobierno mexicano se han multiplicado en todo el país. Las imágenes de encapuchados que quemaban las puertas del Palacio Nacional, en pleno Zócalo, le dieron la vuelta al mundo como testimonio de la gravedad de la crisis desatada por la desaparición de los estudiantes normalistas del estado de Guerrero.  Los manifestantes bloquearon el aeropuerto de Acapulco durante más de tres horas y tomaron tres carreteras federales y  dos casetas de cobro en Guerrero. En Chilpancingo, la capital de ese estado, se registraron los hechos de mayor violencia, con quemas y destrozos en la biblioteca y las oficinas del Palacio de Gobierno.  El martes, decenas de miles de personas encendieron una luz en varias ciudades, y dejaron en claro que capas muy amplias de la sociedad, no solo los vándalos, están comprometidas con las protestas.

La corrupción rampante, los altísimos niveles de impunidad y la sospecha de que los intereses del gobierno están desligados de los de los ciudadanos han puesto en entredicho el proceso de modernización emprendido por el presidente Peña Nieto. En la actualidad, la pregunta no es cómo logrará el gigante centroamericano llegar a un futuro de progreso y bienestar sino, por el contrario, cómo logrará desprenderse de los fantasmas del pasado, que amenazan con apoderarse de su presente.

Y el desconsuelo trascendió las fronteras. En Ámsterdam, durante el encuentro que disputaron las selecciones de fútbol de México y Holanda, los aficionados agitaron pañuelos blancos e hicieron ondear una bandera negra al grito de “justicia, justicia”. En Nueva York, el director de cine Alfonso Cuarón aprovechó que le entregaban un premio en el MoMa para expresar su malestar: “¿Cómo pueden volver al cine cuando está sucediendo esto en un país vecino?”, les dijo a los asistentes.  Por su parte, el papa Francisco, en una alocución televisada el martes, expresó su dolor por “lo que legalmente es una desaparición, pero que en realidad es el asesinato de los estudiantes”.

Esos hechos se dieron ante la llamativa prudencia de las fuerzas del orden, que tras las desapariciones de Iguala han actuado con cuidado ante el temor de que una nueva muerte desencadene una respuesta aún más beligerante de la población, cada vez más crítica con un gobierno al que percibe como cómplice de la delincuencia. Como le dijo a esta revista el escritor Sergio González Rodríguez, autor del libro Huesos en el desierto sobre los feminicidios de Ciudad Juárez, “el episodio de barbarie en la escuela normal de Ayotzinapa refleja una realidad opuesta a la propaganda triunfal del gobierno y su cruzada reformista: la economía está desacelerada, la pobreza y la desigualdad persisten, el empleo es insuficiente, la inseguridad e impunidad continúan y el desasosiego y el malestar social aumentan a diario”.

En ese contexto, cayó particularmente mal el viaje de una semana del presidente Peña Nieto a China y a otros países del Pacífico, que se interpretó como un desplante mayúsculo a las apremiantes necesidades de su país, y que algunos sectores vieron incluso como una huída del mandatario ante los problemas que lo asedian. A su vez, le han echado sal a la herida del descontento social las revelaciones de la periodista Carmen Aristegui, según las cuales el presidente y su esposa, la actriz Angélica Rivera, están pagando una lujosa mansión avaluada en 7 millones de dólares, de la que ninguno de los dos informó cuando Peña Nieto asumió la Presidencia el año pasado. Además, según la investigación de Aristegui, la cadena Televisa le cedió a Rivera una casa colindante con la citada propiedad poco después de que Peña Nieto se posesionó, lo que enrareció aún más el ambiente.

Y aunque todavía no se ha probado que la operación haya sido ilegal, las consecuencias de la compra han sido explosivas políticamente, pues se sospecha que la adquisición estuvo marcada por los conflictos de interés. De hecho, la empresa que le está vendiendo el inmueble a la pareja Peña-Rivera hace parte del consorcio que se ganó la licitación para construir una línea férrea de alta velocidad, por un monto de 3.700 millones de dólares, entre ciudad de México y Querétaro.

Ese contrato, coincidencialmente, fue revocado justo antes de que comenzara la gira de Peña Nieto por el Lejano Oriente y que lo puso en aprietos con el gobierno de China, que también hacía parte del consorcio ganador. Y aunque la decisión evitó una crisis incluso mayor, lo cierto es que lo dejó mal parado tanto en el frente doméstico como en el exterior, pues en plena gira diplomática Beijing le pidió un trato “justo” para las empresas chinas. Un verdadero revés para un líder al que hace menos de un año la revista Time se precipitó a declarar “el salvador de México”.

Todo lo anterior deja al gobierno azteca en un terreno desconocido apenas en el segundo año de su mandato, que termina en diciembre de 2018. Como le dijo a esta revista Emiliano Ruiz Parra, redactor de la revista Gatopardo y autor de varios libros y crónicas sobre la política mexicana, “la casta política está muy desconcertada con lo que está ocurriendo y no atina a dar una respuesta a la altura de la crisis. Hace unos meses habría sido impensable que Peña Nieto cancelara un contrato como el del tren de alta velocidad, pues desde el principio de su mandato ha buscado dar una imagen de control político, de mucha confianza en sí mismo y de llevar las reglas de juego de control político. Hoy, por el contrario, sencillamente no atina a responder.”

Todo lo cual ha hecho temer el resurgimiento de los movimientos insurgentes armados, que existen de manera latente desde hace más de cuatro décadas, en particular en Guerrero. Este es un estado particularmente pobre y con una geografía difícil, donde hay organizaciones como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (Erpi) o el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que según la revista Proceso han anunciado la creación de “brigadas de ajusticiamiento” y han llamado a sus bases a un “estado de alerta”. Como le dijo a SEMANA René Alejandro Jiménez Ornelas, especialista en Demografía de la Violencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la Unam, “no se puede descartar la posibilidad de que resurja en México una guerrilla armada. La acción violenta se ha utilizado contra campesinos y contra otros sectores, vinculada a la acción del narcotráfico, ha llevado a que las asociaciones comunitarias reasuman su posición de autodefensa ante la autoridad y el crimen organizado”.

Del manejo que se le dé a la actual coyuntura depende que México se convierta en la “estrella económica latinoamericana de la próxima década”, según el elogioso vaticinio del economista de Harvard Martin Feldstein, o que repita la dolorosa historia de Colombia hace tres décadas. Para toda América, la segunda opción sería de una gravedad extrema.