Narcotráfico y CIA.

No es la primera vez que se habla que para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) el fin justifica los medios. El famoso escándalo Irán-Contras llevó a los costarricenses, el año anterior, a acusar a varios funcionarios norteamericanos relacionados con la CIA, de estar involucrados en operaciones sospechosamente relacionadas con el narcotráfico. Pero que aparezca una nueva acusación en un juicio en el que la DEA tiene gran interés, y que provenga de un testigo de esa dependencia antinarcotráfico, parece darle una dimensión nueva a los cuestionamientos sobre los métodos usados por la famosa "Compañía".
El asunto se enmarca dentro del juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos contra 22 personas acusadas del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y de su piloto, Alfredo Zavala Avelar, secuestrados el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara (México) y encontrados muertos un mes después, con evidentes señales de haber sido torturados brutalmente. El asunto ha sido una permanente fuente de discordias entre Estados Unidos y México, donde existe la sensación de que el proceso por el asesinato se ha convertido en un enjuiciamiento a todo el establecimiento gubernamental mexicano y en especial a su sistema de justicia y policía.
Camarena es un héroe nacional proclamado por el gobierno de Ronald Reagan, y un doble agente del narcotráfico para los mexicanos. Lo cierto es que el proceso ha puesto de presente los enormes niveles de corrupción a que llegó el gobierno de Luis Echavarría, pero también se ha convertido en un enredo internacional en el que los oscuros métodos de las mafias de varios países, se confunden con los de organismos oficiales norteamericanos que, en el oscuro mundo del espionaje y la intriga internacional, terminaron ejerciendo actividades que, por lo menos, circulan en los límites de lo permisible.
El ambiente creado por el asunto ya se había enrarecido lo suficiente con el secuestro en México del médico Humberto Alvarez Machain, -acusado de estar involucrado en el crimen de Camarena- quien fue llevado ilegalmente a Estados Unidos por elementos pagados por la DEA. Para empeorar las cosas, tres de los acusados pero no capturados murieron en extrañas circunstancias en México, sin dejar conocer sus versiones. Entre los demás mencionados los más prominentes son el hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros -cuyo traslado a los Estados Unidos también dejó muchas dudas jurídicas-, el conocido narco Miguel Angel Felix Gallardo y el cuñado del presidente Echavarría, Rubén Zuno Arce.
Según la acusación norteamericana, Enrique Camarena Salazar fue asesinado por los miembros del cartel de Guadalajara, al descubrir que Camarena era un infiltrado de la DEA a quien, además, podrían sacar valiosa información sobre las actividades encubiertas de ese organismo. En el curso del juicio, que deberá llegar a su final en unas cuantas semanas, la DEA no tuvo inconveniente en revelar los hallazgos de su investigación, según los cuales la CIA habría prestado protección al Directorio Nacional de Seguridad, desintegrado por el actual gobierno de Carlos Salinas de Gortari, durante sus operaciones de vigilancia de los diplomáticos de Cuba, Unión Soviética y otros países del oriente europeo.
A cambio del apoyo en esas y en otras operaciones relacionadas con el entrenamiento de los mercenarios Contras de Nicaragua, la CIA se habría hecho la de la vista gorda de las operaciones del cartel de Guadalajara, cuya vinculación con el Directorio Nacional de Seguridad son ampliamente conocidas en el actual gobierno mexicano.
El documento de la DEA se basa en las revelaciones hechas por un testigo norteamericano, Lawrence Victor Harrison, quien habría prestado sus servicios para instalar un sistema de intercomunicaciones entre el Directorio y el Cartel. Harrison afirmó que la CIA utilizó los terrenos del narcotraficante Rafael Caro Quintero (hoy preso en México por el crimen de Camarena) para entrenar a guerrilleros o mercenarios guatemaltecos que se integrarían a los Contras de Nicaragua. Como si fuera poco, Harrison dice que quienes perpetraron la matanza de 22 policías mexicanos en Veracruz hace cinco años, no habrían sido directamente los narcotraficantes, sino este cuerpo de mercenarios entrenados por la CIA.
El vocero de la CIA, Mark Mansfield, también restó importancia a las afirmaciones de Harrison, las que calificó de "tonterías, afirmaciones sin sentido". Lo cierto, sin embargo, es que el semanario mexicano Proceso, al comentar el informe de la DEA, señaló la semana pasada que era el conocimiento de esas actividades de la "Compañía" lo que provocó el asesinato del periodista Manuel Buendía, muerto en Ciudad de México el 30 de mayo de 1984.
Por lo pronto, el Departamento de Justicia norteamericano pidió a Lawrence Walsh, fiscal del caso Irán-Contras, que investigue las denuncias de que la CIA utilizó la hacienda de Caro Quintero "como base de entrenamiento de personal irregular armado, para intervenir en asuntos internos de otro país". El diario norteamericano The Washington Post señaló, por otra parte, que ese Departamento parece sospechar que las denuncias de Harrison son en su mayoría, reales.
El nuevo giro del caso Camarena comenzó a atraer la atención de sectores sociales y políticos de los Estados Unidos, que resienten las actuaciones de la CIA en otros países, y en particuIar en Centroamérica. Y confirmó la existencia de diferencias profundas entre dos de las organizaciones gubernamentales más poderosas de los Estados Unidos.