En Nicaragua, protesta con tintes de revolución

No se sabe cuántos años más habrían aguantado los nicaragüenses sin rebelarse ante Daniel Ortega si a él no se le hubiera ocurrido aprobar una reforma pa ra reducir las pensiones y elevar los aportes de trabajadores y empresarios. La impopular propuesta caló hondo en la sociedad y les recordó que, más allá de los 11 años que él lleva en el poder, otros problemas como la corrupción y la falta de libertad de expresión ya eran parte de los ingredientes que en cualquier momento podrían resultar primero en malestar y después en violencia.

Ese momento llegó el 18 de abril, un día después de aprobada la reforma. Estudiantes, empresarios y pensionados salieron a la calle a protestar por lo que entendían era un abuso del gobierno. Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, justificó la reforma diciendo que era “importante para asegurar la confianza, la estabilidad y el bienestar”. Pero lo que en realidad buscaba era salvar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el cual acumula, desde 2013, un déficit de 2.182 millones de córdobas (cerca de 70 millones de dólares).

Lo irónico es que la idea de aumentar tanto la edad de jubilación como las semanas cotizadas vino del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual aconsejó al gobierno de Nicaragua tomar esas medidas en 2017, cuando concluyó que las reservas del INSS se agotarían en 2019. Ortega aceptó a ojo cerrado y procedió a reducir en 5 por ciento al mes la pensión de los jubilados por invalidez, vejez e incapacidad. Las críticas le llovieron no solo por esa medida, sino por ignorar varias investigaciones periodísticas que denunciaban la corrupción de esa y otras entidades gubernamentales. Incluso, algunos llegaron a decir que si el INSS estaba en quiebra, no era por el monto de las pensiones, sino por los robos continuados a los que la ha sometido por el gobierno.

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Pronto, las marchas pacíficas en ciudades como Managua (la capital), Estelí y Masaya mutaron en enfrentamientos con piedras y palos. El gobierno envió a la Policía para reprimir a los manifestantes y solo en los primeros tres días de protesta, hasta el 20 de abril, ya había tres jóvenes muertos, varios heridos y periodistas atacados. “Es preocupante que varios canales de televisión que estaban cubriendo los hechos hayan sido cerrados por el gobierno”, criticó la portavoz de la oficina de Naciones Unidas, Liz Throssell.

En ese momento, los jóvenes ya estremecían a la región con sus reclamos, los cuales pasaron a centrarse en aspectos más trascendentales para la sociedad nicaragüense como la educación, la libertad de prensa y las denuncias por corrupción. Sobre todo, cuando el siguiente domingo, apenas cinco días después de aprobada, Ortega tuvo que revocar su reforma ante la presión de los manifestantes y de la comunidad internacional. En un discurso nacional televisado, dijo que la junta del sistema de seguridad social de Nicaragua había votado a favor de revocar las medidas.

Las protestas no cesaron en parte porque Ortega, en el mismo discurso, aseguró que en ellas habían muerto al menos “siete personas y herido a cientos más”. Hasta ese domingo, grupos como la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) cifraban en 25 los occisos en los enfrentamientos. Cuando Ortega les restó importancia a las demandas y su esposa llamó vándalos a las víctimas, las manifestaciones impulsadas por estudiantes en Managua se propagaron a 10 ciudades en todo el país.

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Por ejemplo, en la ciudad costera de Bluefields, un periodista que transmitía los enfrentamientos por Facebook murió de un impacto de bala en la cabeza. En el video Ángel Gahona reporta desde un cajero automático cuando, de repente, suena un disparo, él cae, y la grabación se detiene hasta que sus amigos corren a ayudarlo. El video circuló durante mucho tiempo por las redes sociales y se convirtió en un motivo más para intensificar las protestas.

Más allá de que estos hechos generaran las críticas de la ONU y de Amnistía Internacional, a Ortega le preocupa que esta vez las manifestaciones sí amenazan con resquebrajar su régimen. Un sentido de urgencia se apoderó de los nicaragüenses a tal punto que desde hace más de una década ninguna protesta había logrado disputarle el control de las calles al aparato oficial como lo ha hecho esta.

Después de oponerse a la dictadura de Anastasio Somoza como guerrillero sandinista, Daniel Ortega gobernó a Nicaragua en la década de 1980, volvió al poder en 2007 y fue reelegido en 2011 y 2016 en medio de comicios cuestionados. De a poco, ejerció en Nicaragua una autoridad absoluta que consolidó al controlar los cuatro poderes del gobierno y las instituciones estatales. Analistas coinciden en que la democracia en ese país está extinta: el Congreso es sandinista y él gobierna por decreto.

Con tanto componente autoritario no era difícil prever que en algún momento sus ambiciones le estallarían en la cara. O en la de su excéntrica esposa, de quien muchos aseguran es el verdadero poder en la sombra. Rosario Murillo ha acompañado a Ortega desde los inicios de su aventura revolucionaria. Autoproclamada poeta, Murillo parece recitarle a su esposo lo que debe hacer con el país, mientras él cumple sus caprichos. A petición de ella, Ortega autorizó la instalación de unas estructuras de metal que llamaron ‘árboles de la vida’, hoy destruidas por los manifestantes que los ven como una apología a la corrupción del gobierno. Situarlos en diferentes puntos de Managua costó 3,3 millones de dólares, sin incluir el millón de dólares más que implica pagar el consumo eléctrico de las mismas.

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Costos como ese, antes subsidiados por la constante inyección petrolera venezolana, están asfixiando ahora al régimen. La debacle económica de Venezuela impacta a un país en el que la mitad de la energía que consume depende del petróleo de Caracas. Como dijo a SEMANA Felipe Celia, analista para Centroamérica del Atlantic Council, “el mal manejo de recursos públicos, la reducción de la cooperación venezolana y las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Venezuela han contribuido a la crisis actual”.

Esta semana, los estudiantes que protagonizaron las protestas aceptaron dialogar con el gobierno a cambio de indemnizaciones y garantías de seguridad. “Para evitar más derramamiento de sangre, aceptamos la invitación que nos ha extendido la Conferencia Episcopal de ser partícipes en la mesa del diálogo”, dijo uno de los tantos jóvenes que esperan atrincherados en la Universidad Politécnica (Upoli) de Managua. Una mesa de diálogo auspiciada por la Iglesia católica que antes era firme aliada del régimen. “La magnitud de las protestas ha fracturado esa alianza y la jerarquía católica no quiere ser percibida como socia de un gobierno tan corrupto como el de Nicaragua”, dice Juan Hidalgo, analista del Instituto Cato con sede en Washington.

Al cierre de esta edición, el más reciente reporte de la CPDH indicaba que, después de cruzar las cifras con sus delegaciones en toda Nicaragua, las protestas habían dejado 63 muertos, 15 desaparecidos, más de 160 personas heridas por bala, 9 de ellas perdieron uno de sus ojos y otras 2 quedaron paralíticas.

Casi 40 años después de la revolución sandinista, Ortega sabe mejor que nadie lo que le espera tras buscar perpetuarse en el poder, como la dictadura somocista que él mismo contribuyó a tumbar. Si como dice Silvio Rodríguez en su Canción urgente para Nicaragua: “El espectro es Sandino, con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron los tres”, Ortega tomó un desvío del que va a ser difícil dar marcha atrás.