RECLAMO CENTENARIO

A nadie sorprendió que el gobierno de Hugo Chávez declarara su intención de revivir la
reclamación del Esequibo al cumplirse hace algunos días los 100 años de ese despojo territorial. Se trata de
159.500 kilómetros cuadrados que, según los historiadores, conforman una de las superficies más extensas
sustraídas en litigios internacionales con maniobras oscuras. No es una declaración de guerra contra
Guyana ni una provocación armada.
La intención de Chávez es reanudar la discusión a nivel internacional. "Habrá que buscar soluciones de
consenso y, sobre todo, vías pacíficas. Seguiremos reclamando y en torno a una explotación conjunta de
recursos en esa zona, de una reivindicación territorial, son fórmulas intermedias que nosotros seguiremos
evaluando", dijo en su programa radial Aló Presidente.
"Lo que pasa es que ahora sí están dadas las condiciones para impulsar la reclamación porque Venezuela
cuenta con un presidente dispuesto y con voluntad para dirigir el proceso, una población que lo apoya
ampliamente y el rango constitucional de anular los laudos viciados de nulidad que se aprobará en la nueva
Carta Magna", dijo a SEMANA la catedrática de derecho internacional Elsa Cardozo Da Silva.
Por su lado el canciller, José Vicente Rangel, empezó a armar el mecanismo diplomático. Su aspiración es
que se devuelva a Venezuela la zona en reclamación pero como sabe que la totalidad es prácticamente
imposible, entonces prefiere una fórmula intermedia compensatoria negociada y consensual que, según
viejas hipótesis, señalaban una salida al Atlántico y tal vez una administración mixta en la explotación de los
recursos.
Venezuela sufrió el despojo del Esequibo el 3 de octubre de 1899 en su disputa con el Imperio Británico y se
plasmó en el laudo arbitral de París, cuyos cinco jueces: dos de Estados Unidos en representación de
Venezuela, dos ingleses y uno ruso, se confabularon para trazar la frontera del país inferior a los documentos
y mapas históricos que señalaban el este del río Esequibo.
Para esa época el laudo de París provocó un escándalo mundial, dando cuenta del fraude y la corruptela de
los jueces cometidos contra Venezuela, según el internacionalista Rafael Sureda. Sólo en 1962, a raíz de
la independencia de Guyana, el canciller venezolano Marcos Falcón Briceño hizo una reclamación formal ante
la ONU y en 1966 se firmó con los guyaneses el Acuerdo de Ginebra, en el cual se estableció la posibilidad
de llegar a un arreglo práctico y satisfactorio para las partes, dice el historiador Adolfo Salgueiro.
Para el analista Salgueiro la solución práctica implica una salida negociada y "ello a su vez requiere preparar
a la opinión pública para que vea que puede quedar con el vaso medio lleno en lugar de percibirlo como
medio vacío. Es cuestión de actitud".
El Esequibo guyanés es una zona selvática casi despoblada y rica en minerales, madera y petróleo. Siendo un
territorio en reclamación se ha comportado en la práctica como 'tierra de nadie', pues mineros aventureros y
compañías de dudosa procedencia han explotado sus recursos, envenenando los ríos con mercurio.
A lo largo de este siglo los gobernantes guyaneses jamás han reconocido los derechos de Venezuela sobre
el Esequibo, que representa el 70 por ciento del territorio de Guyana de 214.000 kilómetros cuadrados. De
hecho, se lo han anexado sin tomar en cuenta los sucesivos reclamos. En julio pasado la cancillería
venezolana protestó enérgicamente las concesiones petroleras que otorgó Guyana a las multinacionales
Exxon y Century Gy en la costa afuera de la zona en reclamación.
No sólo el litigio es justo a la luz de los historiadores, sino que la oportunidad política es doblemente
importante. Precisamente cuando se anuncia la fecha de celebración de su referéndum constitucional, nada
viene mejor que un tema exterior para galvanizar la opinión pública alrededor de un gobierno que libra su
mayor batalla política.


El imperio ataca
La historia del despojo del Esequibo revela que la corrupción de ciertos jueces es tan vieja como el oficio más
antiguo del mundo. Las crónicas de la época en que se firmó hace 100 años el Laudo Arbitral de París así lo
demuestran.
En el tribunal parisiense el Imperio Británico llevó a sus dos representantes: lord Charles Barón Rusell of
Killowen y sir Richard Henn Collins. Como delegados de Venezuela fueron los jueces de Estados Unidos:
Melville Weston Fuller y Davis Josiah Brewer. Y un neutral, el ruso Frederic de Martens.
Al final los personajes actuaron contra Venezuela. Ni siquiera la supuesta neutralidad del ruso, que
defendía los intereses del zar Nicolás II y su alianza consanguínea con la corona inglesa, quiso equilibrar la
balanza a favor de un país pequeño y desconocido que reclamaba su herencia de España.
Al contrario, el ruso Martens era discriminatorio pues consideraba "semibárbaros" a los que no eran
europeos. Y a los primeros sólo se les podía tratar con la fuerza bruta. Incluso llegó a amenazar a sus
colegas del tribunal con que Venezuela podría perder mucho más si le reconocían el Esequibo.
Pero otro personaje fue el que destapó la injusticia del tribunal de París. Se trata del estadounidense Severo
Mallet-Prevost, abogado de Venezuela, que dejó un documento para ser abierto después de su muerte,
ocurrida en 1948. En su escrito póstumo afirma que "fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio
muy extenso e importante sobre el cual Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho".
El actual gobierno de Venezuela está claro en su reclamación. El proceso parece que va a ser largo. Falta ver
la reacción y la actitud que asumirá el gobierno de Guyana, ex colonia inglesa, y si estaría dispuesta a
sentarse en la mesa de negociación para no prolongar la presión por otros 100 años más.