A sangre fría

Las horas de Michael Mo-rales estaban contadas en la prisión de San Quintín, en California. El asesino de Terri Winchell recibiría su castigo tras 25 años de espera. Pero, súbitamente, todo cambió. El portavoz del presidio anunció que la ejecución de Morales sería pospuesta porque ningún anestesiólogo en California estaba dispuesto a participar directamente en la muerte de una persona, con el argumento de que, de hacerlo, violarían el juramento hipocrático.

Morales se salvó, al menos por ahora, por una razón distinta a la habitual. Sus abogados no probaron que las evidencias en su contra fueran dudosas, sino que la inyección letal, el método más usado por los estados en los que se aplica la pena de muerte en Estados Unidos (ver recuadro), causa una agonía muy dolorosa. Ante ello, el juez Jeremy Fogel exigió la presencia de expertos en anestesiología para que intervinieran en caso de que Morales mostrara signos de dolor. Y entonces se produjo el impasse.

Y es que, si bien la discusión alrededor de la pena de muerte ha girado en los últimos tiempos en torno a las técnicas utilizadas para cumplirla, la posición ética de los galenos californianos ha servido para discutir otros temas de fondo. Entre ellos están la altísima posibilidad de un error judicial irremediable, la ausencia de un verdadero efecto contra la criminalidad, su carácter vindicativo y antisocial y los efectos, similares a la tortura, de saberse condenado a muerte. Como dijo a SEMANA Terry A. Kupers, médico del Instituto Wright en Oakland, California, "la crueldad intrínseca de la pena de muerte, no los detalles de cómo se lleva a cabo, es el tema principal" en la discusión.

Este ha sido el ambiente acerca del tema desde hace años, libros y películas como Dead man walking (titulada en español Morir viviendo), han servido para crear conciencia en las personas sobre la realidad de los condenados a muerte. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y Estados Unidos es el único país del Primer Mundo que acepta la pena capital. De hecho, comparte con varios de sus 'enemigos', como China, Irak o Cuba, un puesto en la lista de países 'retencionistas'.

Lo más dramático es que por asegurar una 'sentencia justa', los condenados a muerte deben esperar en promedio una década para su ejecución. No obstante, cada vez son más comunes casos como el de Morales, quien ha debido aguardar más de 20 años en lo que los estadounidenses conocen como death row (corredor de la muerte). Los condenados están aislados de otros prisioneros, excluidos de los programas de educación y trabajo, con grandes restricciones para recibir visitas o realizar actividades físicas y pasan hasta 23 horas al día solos en sus celdas. Por eso, estos prisioneros reciben un doble castigo: la condena misma y los años que tienen que vivir con la certeza de ser ejecutados, en completa soledad. Esta situación puede causar en los presos conductas suicidas y perturbaciones de la personalidad. Los sicólogos y los abogados lo llaman 'Síndrome del Corredor de la Muerte'.

Otro fenómeno que se está presentando es el aumento en la edad de los condenados. Muchos llegan a la tercera edad esperando apelaciones que difícilmente serán a su favor. J. B. Hubbard, de 74 años, fue ejecutado en 2004, sufría de demencia senil y tenía cáncer. Clarence Ray Allen fue ejecutado hace algunas semanas a los 76 años, estaba ciego, sordo y en silla de ruedas. Los dos hombres esperaron más de 25 años entre apelaciones y juicios. Al final, ni su edad fue motivo para escapar de la pena capital. Casos como estos apoyan la afirmación del abogado Jonathan Turley, en el informe del Centro de Información sobre la Pena de muerte, "un hombre muerto caminando (dead man walking) es una cosa, pero un hombre que es empujado en su silla de ruedas a la cámara de ejecuciones es otra".

El tema está sobre la mesa y aunque la pena de muerte no será abolida en el corto plazo, cada vez hay más razones para que la primera potencia del mundo considere la posibilidad de parar esta 'civilizada' forma de acabar con sus delincuentes.