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Archivo. Gobierno despliega 10.000 efectivos en suburbio capitalino dominado por pandillas, en San Salvador.
Archivo. Gobierno despliega 10.000 efectivos en suburbio capitalino dominado por pandillas, en San Salvador. - Foto: Reuters / Autor: José Cabezas

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“Temen al ejemplo”: Nayib Bukele rechaza acabar el estado de excepción y acusa a sus detractores de querer perpetuar el “baño de sangre en América Latina”

Según cifras oficiales, desde que empezó a regir el estado de excepción, las autoridades han arrestado a más de 58.000 personas.

Luego de afirmar que El Salvador había cerrado la jornada del jueves 8 de diciembre con cero homicidios, el presidente Nayib Bukele nuevamente salió en defensa de una política de seguridad que ha recibido tanto aplausos de algunos como cuestionamientos de otros, incluyendo organizaciones no gubernamentales.

Para el centroamericano, aquellos que se oponen a su estrategia de guerra contra las pandillas están en contra de la paz, los derechos humanos, la justicia y la libertad. También rechazó el llamado de algunas ONG como Human Rights Watch (HRW) para terminar el estado de excepción, vigente en el país desde marzo de este año.

“¿Han notado cómo los grandes medios y las ONG han arreciado sus ataques en los últimos días? Aquí está la razón. No es que les interese El Salvador (nunca les interesó), su temor es que tengamos éxito, porque otros gobiernos querrán imitarlo. Temen al poder del ejemplo”, sentenció el mandatario en las últimas horas.

“Es un esquema perverso. Estos organismos tienen intereses invertidos en que siga el baño de sangre en Latinoamérica. Atacan a quienes luchan contra el crimen y el terrorismo, mientras promueven formas para que los criminales y terroristas accedan o vuelvan al poder político”, agregó.

Su respuesta llegó luego de que la subdirectora para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, dijera que esas medidas no reducían a largo plazo la problemática de fondo. “Es riesgoso imitar el modelo Bukele. Los gobiernos latinoamericanos no deberían enceguecerse con la popularidad de Bukele porque la historia muestra que las políticas de mano dura a la larga no sirven para mejorar la inseguridad”, dijo la funcionaria.

¿Cuál es la denuncia de HRW?

Ese organismo internacional denunció que se están cometiendo abusos generalizados de derechos humanos desde que fortalecieron el estado de excepción. Esta semana, HRW publicó un informe junto a la organización nacional Cristosal en la que documentó presuntas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y decesos en custodia.

“Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han maltratado a comunidades vulnerables con violaciones generalizadas de los derechos humanos en nombre de la seguridad pública”, lamentó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Goebertus consideró que para acabar con la violencia auspiciada por grupos criminales, el país debe reemplazar el estado de excepción por una estrategia de “seguridad eficaz” que respete los derechos y, a la vez, garantice la tranquilidad de la población. La ONG argumentó que había motivos para cuestionar la política actual porque, anteriormente, las pandillas se han beneficiado del “encarcelamiento masivo para reclutar nuevos miembros”.

Para su reporte, HRW y Cristosal entrevistaron a más de 1.100 personas, entre quienes aseguran haber sido víctimas de abusos, familiares, abogados, testigos y también funcionarios gubernamentales. El reporte señala que, en varios casos, las detenciones parecen justificarse en el origen social de los detenidos, más no en órdenes de registro o arresto.

Por su parte, Nayib Bukele respondió al hacer alusión a las cifras: “Cero homicidios. Está claro que los que se oponen a esto, están en contra de los derechos humanos, de los salvadoreños, de la paz, de la libertad y de la justicia. Pero aunque se opongan, nos ataquen y nos sancionen, nosotros seguimos”.

Las fuerzas militares han llevado a cabo cientos de redadas desde que se puso en marcha el estado de emergencia hace casi un año. Otra de las críticas de las ONG es la sobrepoblación carcelaria de 39.000 a 95.000 personas en nueve meses. Según cifras oficiales, desde entonces, las autoridades han contabilizado más de 58.000 arrestos.

*Con información de Europa Press.