UNA LEY ESCANDALOSA

"Lo único que nos queda es la esperanza", dijo una madre que portaba un cartel con la foto de su hija desaparecida en noviembre de 1976. Con pañuelos blancos sobre sus cabezas y llevando en sus manos y pechos carteles con los nombres de sus hijos y las fechas en que éstos les fueron arrebatados, ellas caminaban despacio alrededor de la plaza. Los demás participantes las seguían con pancartas que pedían la aparición con vida de estos jóvenes por cuyo paradero el gobierno nunca pudo responder.

Se trataba de una marcha, una más, de las madres de la Plaza de Mayo, el pasado 21 de septiembre. Esta vez la jornada fue un tanto distinta: no vinieron solas, sino acompañadas de unas 10 mil personas, y con el apoyo de Saúl Ubaldini, secretario del sindicato obrero CGT-República de Argentina y de personalidades como el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y los dirigentes demócratas cristianos Augusto Conte y Néstor Vicente. Tampoco en esta ocasión vinieron ellas sólo por un rato. Se quedaron 24 horas, para que no cupiera duda que ellas siguen esperando a que sus hijos aparezcan.

Grupos en la marcha iban cantando estribillos como: "Ya van a ver, van a tener que aparecer, ya van a ver, se va a acabar esta costumbre de matar". Otros no cantaban. Iban protestando en silencio, sólo con su presencia.

Esta marcha ha sido un acto de protesta más, que se sumó a los muchos otros que cada día se suceden en frente de la casa del gobierno argentino: obreros pidiendo mejoras salariales, ciudadanos protestando por el alto costo de la vida, políticos criticando al gobierno por la forma en que está negociando la refinanciación de la deuda externa. "'Ya no podemos mirar por las ventanas: nos gritan de la mañana a la noche", confesó un militar en la Casa Rosada.

La pregunta que surge ante ese panorama es si de todo este caos se podrá formar una sociedad democrática, ordenada, a partir de la elección del nuevo gobierno, el próximo 30 de octubre. La duda se hace aún mayor, si se tiene en cuenta que en la Argentina de este siglo ha habido siete golpes militares que han derrocado a los pocos gobiernos que han sido elegidos libremente. Pero el retorno a la democracia depende básicamente de un desarrollo institucional sólido, que sólo se puede lograr en un clima de paz. Esta es la lección que parece haberles dejado a los argentinos 10 años de una guerra interna que desangró al país de su moral.

Los jefes militares han querido hacer su "aporte" al proceso de pacificación. Creyendo convencer a los futuros dirigentes de la Argentina que les sacaban un peso de encima, la junta ha decretado, sin consultar a nadie una Ley de Amnistía-- la número 22 desde que fue creada la Constitución Nacional Argentina, en 1853. Para la opinión pública, ésta ha sido claramente una medida para eximir de culpa a los militares por los "excesos" cometidos en la lucha contra la subversión. Además, como no es una solución que haya sido resultado del diálogo y la concertación entre diferentes sectores, sino un acto unilateral de un gobierno agonizante, la sociedad ha respondido con un rechazo terminante. "Una norma semejante debe responder al consenso de la ciudadanía y si no, será repudiada por todo el país", expresó Italo Luder, candidato a presidente por el peronismo.

Con tal ley se perdonan "todos los delitos terroristas o subversivos, desde mayo de 1973 hasta junio de 1982" y también a todos los delitos cometidos en este mismo lapso "con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades subversivas".

La enorme reacción de protesta que ha causado esta "amnistía" también radica en la injusticia que con ésta se comete. A pesar de que pretende acoger a todos aquellos que cometieron delitos por la subversión o por la lucha contra ella, entre los primeros, dadas las restricciones de la ley, sólo unos pocos serían amnistiados. La ley no perdona a aquellos "miembros de organizaciones terroristas que hasta 1982 no se encuentren residiendo legalmente en el territorio argentino", ni a aquellos que ya han sido condenados y estén presos, ni a aquellos que estando en el país, el gobierno considere que "por conductas hayan demostrado el propósito de continuar vinculados con asociaciones terroristas o subversivas".

Su moralidad también se ha cuestionado ya que perdona sin restricciones a quienes en la guerra contra la subversión violaron la ley, cuando ni siquiera se sabe quiénes son todos los responsables, ni cuál es el verdadero resultado de sus "excesos". En pocas palabras es una ley de autoamnistía. El candidato a la presidencia por la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, la describió como "una medida desesperada del régimen militar para encontrar una salida a las responsabilidades por los actos que éste mismo produjo en el pasado".

La posición de otros candidatos políticos y de la Iglesia no es disímil. "Deberán rendir cuentas por la violación sistemática, constante, persistente y organizada institucionalmente de todos los derechos fundamentales del ser humano", dijo Oscar Alende, candidato a presidente del Partido Intransigente --considerado como el tercero después del peronismo y el radicalismo.

Monseñor Rodolfo Bufano, integrante del Equipo Pastoral Social, explica por qué ley no puede llevar a la paz: "Toda ley de pacificación debe basarse en la verdad, la justicia y el amor. Pero no sabemos toda la verdad y no se han dado todos los pasos de justicia".

A los cientos de madres de los detenidos-desaparecidos que junto con representantes de importantes sectores de la sociedad argentina siguen esperando respuestas a sus preguntas, no puede decírseles que perdonen a los responsables de la desaparición de sus hijos, cuando ni siquiera saben quiénes son, ni qué hicieron con los desaparecidos. No es, pues, tarea fácil la que le queda al gobierno que resulte electo la de lograr la reconciliación entre los argentinos.

La tal ley hace esta tarea aún más complicada puesto que aunque todos los candidatos han dicho que la declararían nula en caso de ellos ser los gobernantes, todavía queda tiempo para que bajo esta ley sean perdonados muchos culpables. Una vez perdonados, sería muy difícil volverlos a juzgar para "desperdonarlos" cuando se descubra la verdad. Alfonsín manifestó que con esta ley los jefes militares pueden, una vez asuma el mando el nuevo gobierno, "invocar derechos adquiridos y acusarlo de ilegal si no acepta la validez de esta autoamnistía". Por eso, él ha sugerido sortear el escollo jurídico aplicando la doctrina francesa que dejó la liberación de Argelia: distinguir tres niveles de responsabilidad: la de los que dieron las órdenes de reprimir brutalmente, la de los que se limitaron a cumplirlas estrictamente, y la de aquellos que, además de cumplir lo ordenado, agregaron barbaridades por su cuenta y riesgo. Alfonsín plantea que así podría juzgarse a los primeros y últimos, exonerando a la gran masa militar que corresponde al segundo grupo. Esto apunta obviamente a sancionar fundamentalmente a las tres juntas militares que gobernaron hasta la coyuntura de Malvinas .

El nuevo gobierno, por otra parte, tendrá que medir el alcance que va a tener la investigación que se haga, pues si ésta se lleva hasta sus últimas consecuencias, es posible que se ponga en peligro a sí mismo, y otro golpe militar trunque este nuevo intento de democracia. Parafraseando al escritor y politólogo argentino Carlos Floria, el bravo desafío de los dirigentes políticos argentinos está en encontrar un equilibrio en el cual se haga justicia para lograr la verdadera reconciliación, pero donde el ajusticiamiento de los responsables no ponga en peligro la paz.--

María Teresa Ronderos, para SEMANA desde Buenos Aires