¿AL FIN QUE?

Desde hace muchos años, existe en los medios periodísticos un aforismo según el cual "noticia es que un hombre muerda a un perro y no que un perro muerda a un hombre". Esta contundente definición de la noticia como lo extraordinario no se cumple en Colombia en el caso de las acusaciones y escándalos con respecto a los funcionarios públicos. A pesar de que son el pan de cada día, nunca han dejado de recibir el despliegue de primeras planas y grandes titulares que recibían cuando eran la excepción y no la regla. En cambio, las exoneraciones que muchos de esos funcionarios reciben de parte de jueces e investigadores, independientemente de lo extraordinarias que resulten, terminan casi siempre desterradas a algún rincón de una página remota. Un ejemplo palpable de todo esto ha sido la serie de fallos absolutorios, si así se les puede llamar, que ha recibido el secretario general de la Presidencia de la República, Germán Montoya Vélez, y los demás funcionarios que fueron acusados por el representante conservador Fabio Valencia Cossio por haber, suspuestamente, cooperado con Montoya en contratos y adjudicaciones irregulares.
En estos fallos, algunas conclusiones eran predecibles y otras no dejan de resultar un tanto sorprendentes. En el primer grupo se cuentan aquellas que tienen que ver con el hecho de que el secretario Montoya no incurrió con sus actuaciones en violación alguna de las normas jurídicas. Y esto era predecible porque para muchos, lo que se debía establecer en el llamado "caso Montoya", más que una cuestión jurídica, era una cuestión ética y política. Y es ahí donde vienen las conclusiones más sorprendentes. En un comunicado del 11 de marzo, el procurador general Alfredo Gutierrez Márquez fue más allá de la exoneración jurídica y dejó entrever que los ataques a Montoya estaban relacionados con la "controversia política", más que con la violación por parte de él y de otros funcionarios de los textos legales. De paso, Gutiérrez daba una explicación que en otras circunstancias hubiera parecido innecesaria: "La Procuraduría (...) tiene también la misión de defender la honra de las personas (...), cada vez que ésta sea injustamente atacada...". En fin, párrafos estos que le daban al comunicado del procurador un carácter casi editorial, que iba más allá de un informe absolutorio.
Pero, ¿cuáles eran las acusaciones y por qué no resultaron válidas? Para empezar estaba el caso de Colmotores. Valencia Cossio había acusado a Montoya y a otros funcionarios de favoritismo en la adjudicación que el Ministerio de Desarrollo había hecho a Colmotores para el montaje de una planta de camperos. Valencia hablaba de favoritismo alegando que Montoya es socio de Colmotores y que sus hijos Gustavo y Juan Rodrigo hacen parte de la junta directiva de la ensambladora. Además, Valencia planteaba una serie de acusaciones sobre cuestiones procedimentales de la adjudicación. Pero en todos los puntos la conclusión fue la misma: que ni Montoya ni el ministro de Desarrollo Fuad Char, incurrieron "en proceder irregular alguno".
En las otras tres acusaciones de Valencia, referentes a la adjudicación a la firma Probolsa S.A. (uno de cuyos socios, Alvaro Diego Montoya, es hijo del secretario general) del manejo de los seguros de las empresas estatales Telecom, Banco Cafetero y Banco Popular, tampoco hallaron los investigadores mérito alguno para proceder en contra de Montoya o de funcionarios como el presidente de Telecom, Emilio Saravia Bravo.
En todos estos casos, los investigadores tuvieron en cuenta básicamente un concepto emitido por el Consejo de Estado a mediados del año pasado. El concepto, producto de una consulta elevada a través del Ministerio de Gobierno por el entonces procurador Carlos Mauro Hoyos, determinó que "una sociedad de responsabilidad limitada de la cual sea socio el presidente de un Establecimiento Público del orden nacional junto con su esposa e hijos, dispone de aptitud legal para celebrar contratos con entidades públicas distintas a la que dirige el referido presidente". En una palabra, que Probolsa puede contratar con cualquier entidad pública, a excepción del departamento administrativo de la Presidencia, cuyo jefe es Montoya.
El fallo del procurador Gutiérrez parece dar por terminado uno de los episodios más controvertidos de la administración del presidente Virgilio Barco. Pero lo que es seguro es que mientras subsista el esquem gobierno-oposición, vendrán más de éstos.