A AMARRARSE LOS CALZONES

La segunda semana del nuevo nuevo gobierno se pareció mucho a la primera, al menos en lo que a la guerrilla se refiere: una treintena de civiles y militares muertos en ataques de la Coordinadora, en medio de episodios que confirmaron una vez más la barbarie que viene caracterizando a los alzados en armas. La diferencia con la primera semana vino por el lado del gobierno. Las generosas propuestas de diálogo del discurso inaugural del presidente Ernesto Samper, y las no menos generosas invitaciones a negociar del ministro de Gobierno, Horacio Serpa, fueron reemplazadas por una postura mas dura.
En efecto, mientras el presidente Samper enviaba cartas a cada una de las familias de los seis policías antinarcóticos asesinados en una emboscada en el Cauca, Serpa aclaraba equívocos en cuanto a su posición frente al tema de los diálogos regionales y circunscribía éstos al marco de "un diálogo nacional útil". Además, en tono enérgico, el Ministro rechazaba, al término del Consejo de Ministros del martes en el cual fueron analizados los problemas de orden público, lo que llamó "pésima respuesta" de la guerrilla a las propuestas de diálogo de la nueva administración. Y es que la respuesta de la Coordinadora en esta segunda semana de la era Samper estuvo marcada por nuevos casos de civiles gravemente heridos por minas 'quiebrapatas' colocadas por el ELN en Santander; por la muerte de los seis policías antinarcóticos en la emboscada del lunes, en la cual además los guerrilleros usaron a varios civiles que viajaban en una 'chiva', como escudo para proteger su huida; por el asesinato de un niño de 13 años en un retén de la guerrilla en una carretera de Caldas; por la muerte de tres civiles en un asalto guerrillero cerca de Buga, en el Valle; por las graves heridas causadas a cuatro policías en otra emboscada, esta vez en Risaralda, y por la muerte de 18 personas en un atentado guerrillero contra un bus, en un episodio confuso cerca a Tadó, en el Chocó. Como si lo anterior fuera poco, el martes fueron decomisados cerca de 300 kilos de dinamita en una caleta en el humilde sector de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Según las informaciones de inteligencia, el explosivo pertenecía al XXII frente de las FARC y estaba destinado a alimentar una serie de atentados terroristas en la capital.
Ante este nuevo cúmulo de agresiones de la guerrilla, el gobierno no podía seguir, así no más, hablando de paz. Así lo entendieron los asistentes al Consejo de Ministros del martes. Después de analizar los informes del ministro de Defensa, Fernando Botero, sus colegas estuvieron de acuerdo en que, como le dijo a SEMANA una alta fuente de la Casa de Nariño, "ahora sí no hay duda alguna de que la ofensiva iniciada en julio tenía como objetivo, más allá de despedir a Gaviria, saludar, desde una supuesta posición de fuerza, al nuevo gobierno".
No es fácil, sin embargo, entender este bautizo de fuego a Samper. Muchas veces se ha dicho que la guerrilla actúa frente a las propuestas de diálogos con la lógica siniestra de endurecerse con el teórico proposito de mejorar su posicion con miras a la negociación. Pero para ello quizás hubieran bastado los hechos -bastante publicitarios por demás- de mediados de julio. Los de agosto, y en especial todos los ocurridos desde que arrancó la nueva administración, parecen definitivamente contraproducentes en este mismo orden de ideas, pues ya lograron que Samper y su gabinete optaran por amarrarse los pantalones.
La otra posibilidad es que la guerrilla esté convencida de que necesita causar mucho más daño y hacer muchas más demostraciones de su capacidad militar, antes de responder a los llamados del gobierno al diálogo. Una tercera opción que explicaría la insistencia de la guerrilla en su acción armada, es que sus jefes hayan decidido que si el gobierno se va a tomar 100 días de plazo para que el alto comisionado para la Paz, Carlos Holmes Trujillo, rinda un informe sobre las posibilidades de una negociación, ellos van a aprovechar ese lapso para dejar en claro cuán grande sigue siendo su capacidad de perturbación.
Pero cualquiera de estas dos últimas opciones tiene un costo significativo para sus frentes, conscientes desde hace varios años de que las ofensivas guerrilleras no pueden ser demasiado largas, pues dejan al descubierto la ubicación de muchas de sus columnas armadas, lo cual favorece al Ejército, que cuando esto no acontece, se ve obligado a actuar un poco a ciegas y en persecución de un fantasma que no asoma la cabeza ni da la cara, pero cuando logra ubicar reiteradamente a un grupo de alzados en armas, mejora sus posibilidades de golpearlos.
Pero si desde el martes el gobierno lucía más duro, no pasaba lo mismo con el Congreso, cuyo Senado optó el miércoles por crear su propia Comisión de Paz. Mientras esto ocurría, en sesión secreta de la Cámara los ministros de Gobierno y Defensa, y el Alto Comisionado soportaban el bombardeo de críticas a lo que varios parlamentarios calificaron como "ineficiencia de la Fuerza Pública" y respondían a numerosas inquietudes sobre lo que en realidad piensa el gobierno sobre las posibilidades del diálogo.
Esta beligerancia parlamentaria fue mitigada por la revelación por parte del titular de Defensa de una lista de 12 congresistas -nueve senadores y tres representantes- contra quienes la Coordinadora piensa atentar. Algo que de llegar a confirmarse, consolidaría el ya nutrido caudal de evidencias en el sentido de que, a pesar de una supuesta carta que la Coordinadora habría dirigido a Samper sobre su voluntad de diálogo, la ofensiva guerrillera va para largo y pretende golpear a la sociedad y al Estado en diferentes frentes. Habrá que esperar en todo caso a que pasen los 100 días de plazo que tiene el Alto Comisionado para preparar su informe, y saber de una vez y con claridad si el diálogo con la guerrilla va a ser o no la primera propuesta del nuevo gobierno que resulta archivada, al menos por un buen rato.