BOCA CERRADA

EL PRIMERO DE SEPTIEMbre pasado, pocas horas después de llegar por primera vez a su despacho en el piso 12 de la Procuraduría General de la Nación, el ex senador Orlando Vásquez Velásquez se convenció de que el Congreso de la República, el mismo que lo eligió cuatro semanas atrás, se iba a convertir en el principal dolor de cabeza de su gestión.
Ese día vencía el plazo para que el Procurador emitiera concepto de constitucionalidad sobre el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es decir, el Estatuto General de la Contratación Administrativa, demandado por un ciudadano ante la Corte Constitucional. Luego de revisar el marco jurídico que rige la materia, Vásquez y algunos de sus asesores descubrieron que el nuevo jefe del Ministerio Público no podía pronunciarse sobre la legalidad de la mencionada ley, porque así lo ordena el decreto 2067 de 1991, según el cual quienes hayan sido miembros del Congreso o participado en la elaboración de leyes, están impedidos para emitir concepto de exequibilidad sobre las disposiciones objeto de discusión. Tal es el caso de Vásquez, quien durante los últimos cuatro años se desempeñó como senador, en una legislatura en la que fueron aprobadas 163 leyes. Vásquez se vio obligado entonces a dejar en manos del viceprocurador saliente, Mauricio Echeverri, la presentación del concepto de constitucionalidad ante la Corte.
Pero el asunto no paró ahí. En los siguientes 12 días, Vásquez Velásquez debió declararse impedido en otras seis demandas. Ellas son: la ley que estableció tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte; la ley sobre asambleas y contralores departamentales; dos demandas contra la ley de seguridad social; la ley de ordenamiento territorial y la ley que creó normas tendientes a modernizar el funcionamiento de los municipios.
Los impedimentos del nuevo Procurador han desatado una polvareda. De un lado, un amplio sector de la prensa que ha enfilado baterías contra su nombramiento, cree haber encontrado el caballito de batalla que necesitaba para demostrar lo inconveniente de que a un organismo de control haya llegado un representante de la clase política recién salido del Congreso.
Que los procuradores se declaren impedidos no es novedad. El ex procurador Alfonso Gómez Méndez debió abstenerse de conceptuar ante la Corte en por lo menos medio centenar de expedientes. A Horacio Serpa y al extinto Carlos Mauro Hoyos les ocurrió lo mismo en cerca de 20, cada uno. Carlos Gustavo Arrieta -que provenía del Consejo de Estado- sólo se declaró impedido en tres casos.
La cascada de demandas contra leyes emanadas del Congreso y sobre cuya exequibilidad deberá pronunciarse la Procuraduría, no parece disminuir. En el despacho del Procurador hay por lo menos otros 37 expedientes en lista de espera y, según afirman fuentes de esa institución, Vásquez deberá declararse impedido en casi todos. Y no se trata de leyes de menor cuantía: están, entre otras, la ley orgánica que reglamentó el funcionamiento del Congreso, la que regula las áreas metropolitanas y la ley orgánica sobre San Andrés y Providencia.
Pero los problemas del nuevo Procurador en materia de impedimentos no se reducen a sus actuaciones frente a la Corte Constitucional. Están también las demandas contra la investidura de algunos de sus ex colegas. Una semana después de posesionado, Vásquez Velásquez debió declararse impedido para absolver un recurso de reposición presentado por el senador Carlos Espinosa Faccio Lince, contra la solicitud de pérdida de investidura presentada en el Consejo de Estado por el anterior procurador, Carlos Gustavo Arrieta.
El expediente pasó a manos del viceprocurador, Mauricio Echeverri, quien al parecer también se declarará impedido porque se ha pronunciado públicamente en favor de la solicitud de pérdida de investidura. Así las cosas, es muy posible que el Congreso se vea obligado a designar un procurador ad hoc para que dé respuesta a Espinosa Faccio Lince. Y el caso de Espinosa no parece ser el último. En fuentes del Ministerio Público, SEMANA estableció que Vásquez Velásquez se tendría que declarar impedido si prosperan cerca de medio centenar de indagaciones preliminares iniciadas por Arrieta contra miembros del Congreso. Tal es el caso de la investigación por irregularidades en la tramitación y aprobación de la ley de cultos, en la que hay siete congresistas involucrados y el de la participación de al menos un congresista en la contratación de las barcazas generadoras de energía, entre otros.
El nuevo Procurador le ha restado importancia a todo el asunto y ha dicho que para suplir esa deficiencia, la ley que regula el funcionamiento de la Procuraduría prevé los mecanismos expeditos para que sea el viceprocurador quien se pronuncie con total independencia.
Sin embargo, sobre este punto se ha abierto un debate jurídico pues debido al gran número de impedimentos, es posible que por donde van las cosas, la Viceprocuraduría -que entre otras cosas asumirá la vocería del Ministerio Público ante la Corte Constitucional- se convierta en un superpoder. Una fuente judicial cercana a la Procuraduría dijo que existe el peligro de que al interior del Ministerio Público se establezca una dualidad de políticas frente a la interpretación de la Constitución entre lo que piensa el Procurador y lo que piensa el Viceprocurador. Ello porque aunque Vásquez no va a poder pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes en cuya aprobación participó, sí hará interpretaciones de tipo constitucional en otras decisiones y ello puede enfrentar a su despacho con la Viceprocuraduría. Pero ese no es el problema mayor. La misma fuente estimó que los continuos impedimentos significarán un costo político muy alto para Vásquez Velásquez, porque "ha perdido una de sus funciones más importantes ".
Respecto de las investigaciones contra congresistas, las que eventualmente puedan conducir a la solicitud de pérdidas de investidura, Vásquez dijo que "haré el estudio de cada caso con la mayor objetividad y legalidad de las cuestiones planteadas. Si no tengo impedimentos, actuaré en derecho como lo exigen las normas ".
Sin embargo, lo anterior parece más fácil de decir que de lograr. El hecho de que, en un país que se ha llenado de sospechas, a cada paso del jefe del Ministerio Público le sobrevenga un debate sobre si está o no impedido para pronunciarse, no parece constituir el mejor de los ambientes para la actuación de un funcionario tan importante como el Procurador. Aunque nadie está discutiendo ni su idoneidad ni su honestidad, no hay duda de que la aparición, en los primeros días de su gestión, de un impedimento detrás de otro no fueron el mejor de los principios para el período de Vásquez Velásquez en la Procuraduría.-