'Cañones o mantequilla'

Al sentarme a escribir estas líneas introductorias me puse a pensar sobre cuál podía ser un buen comienzo para estimular una reflexión en torno a la deuda social que tienen -tenemos- las clases dirigentes de este país con la inmensa mayoría de los colombianos. Y no sabía por dónde empezar. Se me atropellaban los recuerdos, las imágenes y los sentimientos. Hasta me embargó la nostalgia.

Hace escasos 10 años, a comienzos de los 90, había futuro. Y creíamos que lo estábamos ganando después de luchar contra tanto terror de las mafias y tanta permisividad de la sociedad frente a los espejismos del dinero fácil. Hace sólo 10 años marchábamos por una nueva Constitución más democrática y participativa, que nos iba a abrazar a todos y a todas, sin distingo de raza, clase o religión. Se abrían las compuertas de la economía internacional y el libre comercio iba a acabar con una década perdida en materia de progreso. La apertura hacía su marcha triunfal y, con ella -nos decían-, se iban a acabar los flagelos del retraso y la pobreza. En todos los rincones del mundo se consolidaban las democracias y se construía una aldea global sobre las cenizas aún rojizas del comunismo. En Colombia había unas nuevas reglas del juego, por primera vez hechas entre todos, y se sentía que había un cambio en la estructura del poder, en la manera de hacer política y en la forma como nos reconocíamos los unos a los otros. Había una ilusión colectiva, un sueño, de que en el país había futuro. Diez años después abrimos los ojos y nos estrellamos con una realidad escalofriante. Sí, fue sólo un sueño.

¿Qué pasó?

"Que todo cambie para que todo siga igual", diría el príncipe de Lampedusa. Pero algo va de la apacible Sicilia del siglo XIX al convulsionado Macondo del siglo XXI. Aquí sólo podríamos escribir: "Que todo cambie para que todo siga peor".

Una década después el país agoniza. Un sangriento conflicto con 35.000 hombres y mujeres furiosamente armados y financiados por el narcotráfico, un Estado en bancarrota y sin posibilidad de endeudarse, miles de colombianos haciendo fila en embajadas y consulados en busca de un mejor futuro en el exterior. Pero, por encima de todo, 28 millones de colombianos, el 60 por ciento de la población, que no conocen de ideologías, ni de visas, ni de déficit, ni siquiera de dignidad, en la física miseria. Hace poco un periodista me hizo una pregunta que no supe responder, ni creo que lo pueda nunca, y que podría alimentar el debate de hoy: ¿Es viable un país donde el 60 por ciento de su población vive por debajo de la línea de pobreza? Y yo me pregunto: ¿Cómo puede una sociedad vivir con el peso de su conciencia cuando 11 millones de colombianos se encuentran en la indigencia? Frente a esta cruda realidad estamos hoy. Ese es el retrato del presente. Nos tocó, a comienzos de milenio, la sangre, el sudor y las lá grimas. Nunca en los últimos 100 años se habían conjugado una guerra tan cruel, una economía tan frágil, un Estado tan ausente y una población tan pobre y vulnerable. Y por eso estamos aquí reunidos, para buscar soluciones. Pero no podemos olvidar el debate sobre los responsables de este desastre.

El dilema que nos congrega hoy es cómo romper el círculo vicioso entre la guerra y la pobreza. ¿Se le da prioridad a la seguridad para que la economía se reactive y por esa vía se ayude a mitigar la pobreza? ¿O se le da prioridad a la inversión social para solucionar las 'causas objetivas' de la violencia y así reactivar la economía? Es el típico dilema del profesor Samuelson de cuánto para cañones y cuánto para mantequilla. La pregunta es más dramática y pertinente cuando los recursos son muy escasos, como le ocurre hoy al Estado colombiano.

El gobierno del presidente Uribe ha trazado el camino de la seguridad democrática por la vía del fortalecimiento de las instituciones y el imperio de la ley. Sin embargo, hasta ahora se ha visto un dramático ajuste de las finanzas públicas para fortalecer a las Fuerzas Militares y tapar el hueco fiscal pero poco es lo que se conoce en materia de política social. Es evidente que la estrategia para capturar al 'Mono Jojoy' es más emocionante y noticiosa que el aumento en los cupos escolares, pero es también evidente que en un Estado sin plata y sin posibilidad de endeudarse tiene que sacar de un rubro del presupuesto para dárselo a otro. Sería interesante saber cuánto de los ingresos que piensan recaudar con las reformas económicas se va a destinar a la inversión social. ¿Qué tanto se le está quitando a la inversión social para modernizar y profesionalizar a los militares? ¿De dónde va a salir la plata para la política social? ¿Por qué, si en los últimos 10 años se ha aumentado la inversión social en más de 40 por ciento, la pobreza ha aumentado geométricamente? Las cifras son alarmantes y los desafíos descomunales. Si quisiéramos que los 11 millones de colombianos que hoy son indigentes fueran solo pobres se necesitarían recursos por 2,3 por ciento del PIB, es decir, otras dos reformas tributarias. Si quisiéramos brindarle salud básica a la población que no tiene acceso a ella se necesitaría otro 1,3 por ciento del PIB. Si quisiéramos educar a los tres millones de niños y jóvenes en edad escolar que no van a las aulas se requeriría otro 1,4 por ciento del PIB. Esto sin contar, por ejemplo, que sólo el 20 por ciento de la población económicamente activa está cubierta por el sistema de pensiones. Y que hoy la deuda pensional equivale a más de 200 por ciento del PIB. ¿Cuál futuro?, me pregunto. ¿Y con qué plata vamos a satisfacer semejantes demandas sociales?

A esto hay que sumarle que los colombianos no aguantan más impuestos y que el gobierno está en el tope de su endeudamiento. Así que es fácil anticipar que el esfuerzo gubernamental se hará por la vía de la eficiencia. El discurso es previsible: que se va a combatir la corrupción, que el gasto social ahora sí les va a llegar a los más necesitados? ¿Por qué creer esta vez? El punto aquí es que el debate ya no es ideológico, como muchos quieren plantearlo, sino de gestión pública. Esto ya no es de derechas e izquierdas, de neoliberales yuppies o mamertos de mochila, sino de inteligencia, creatividad, pragmatismo y carácter. De tener la inteligencia para reconocer los errores y mirarse autocríticamente como clase dirigente, de tener la creatividad para las buenas ideas, de tener el pragmatismo para que esas ideas funcionen, y de tener el carácter para sacar adelante esas ideas, ese proyecto de país, contra viento y marea, así choque contra los más poderosos intereses nacionales o extranjeros.

Para resolver estos dilemas y establecer cuáles deben ser las prioridades del país es necesario hacer un debate de cara a la sociedad, con la mayor información posible, para que los colombianos tengan todos los elementos de juicio para tomar las mejores decisiones. Y es precisamente para abrir esta discusión hacia los distintos sectores de la sociedad que la revista SEMANA y la Fundación Restrepo Barco promovieron la realización de este foro. Es increíble cómo, en solo 10 años, pasamos de la ilusión colectiva frente a un futuro promisorio a la estruendosa desilusión de un presente lleno de angustia y frustración. Así que, en medio de la nostalgia de aquellos años de esperanza y pensando en cómo iba a arrancar esta introducción, llegué a la conclusión de que debía ser una reflexión sobre la responsabilidad del poder. Pero, con la explosiva situación social que vive actualmente el país, es casi inmoral preguntarse ¿el poder para qué?