CHOQUE DE TRENES

El Procurador trató de destituir al Fiscal hace poco más de un mes, pero antes de que pudiera hacerlo las pruebas en su contra por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito lo llevaron a la cárcel. Fue la primera gran disputa entre poderes públicos, pero no la última. Desde hace un par de semanas el espectáculo se ha vueltocotidiano. El Consejo de Estado echó para abajo los topes de gasto a las campañas electorales pocas horas después de que el Consejo Electoral corriera pliego de cargos al presidente Ernesto Samper por haberlos violado. Al día siguiente el fiscal Alfonso Valdivieso se declaró "desconsolado" por la decisión del Consejo de Estado y 72 horas más tarde el presidente de esta corporación, Daniel Suárez, arremetió en su contra por considerar que sus declaraciones eran "un irrespeto" a la autonomía del tribunal. A esa misma hora el propio Presidente de la República disparaba venenosas cargas a la Fiscalía de Valdivieso, asegurando que actuaba movida por "pasiones políticas". El Fiscal no se quedó atrás y, en una actitud inusual en él, saltó al ruedo y acusó a Samper de ofender "la dignidad de la Justicia" . Dos días después, a la batalla campal llegaban nuevos protagonistas. A un fallo de la Corte Constitucional sobre las reglas de procesos como el que se le sigue al primer mandatario en el Congreso, del cual se derivaban advertencias en el sentido de que los congresistas podrían prevaricar por omisión si no acusaban al investigado a pesar de haber elementos probatorios para hacerlo, el presidente del Senado, Julio César Guerra Tulena, respondía que en ese pronunciamiento había "un cierto sabor, un tufillo de amenaza". Justo a la misma hora en que la Corte Constitucional daba a conocer su decisión, la Corte Suprema abría una investigación preliminar a Heine Mogollón, el congresista investigador del jefe del Estado, precisamente por prevaricato por omisión, por su actuación a fines del año pasado cuando archivó el expediente en contra de Samper. Mientras tanto, un miembro de la comisión de acusaciones, el representante Ciro Crispín, abría aceleradamente una investigación formal contra el Fiscal por el mismo caso que el Procurador había investigado. Y para cerrar la semana y confirmar el nivel incendiario de algunas declaraciones, el ministro de Trabajo, Orlando Obregón, entre cuyas funciones no está la de opinar sobre la justicia, prácticamente hacía un llamado a la movilización y la rebelión en contra de las instancias judiciales porque, según él _tampoco está entre sus atribuciones la política exterior_, siguen dictados del imperialismo norteamericano.
Un visitante desprevenido que haya aterrizado en el país la semana pasada debe haber pensado que, en contra de lo que se dice en el exterior, en Colombia más que una guerra contra los carteles de la droga o una contra la guerrilla, lo que hay es una descomunal guerra entre los diferentes poderes públicos, que seguramente guerrilleros y narcotraficantes observan con deleite. El famoso choque de trenes, tantas veces advertido en las últimas décadas, parece por fin haberse producido, con una violencia inusitada y peligrosa que sin duda agrava la ya larga crisis que vive el país.Que el Presidente de la República se rebaje a la condición de desaforado tribuno en contra de la Fiscalía, y en general de las instituciones judiciales, es ya bastante grave, pero que el Fiscal General le siga el ejemplo es aún peor, en un episodio que merece capítulo aparte (ver siguiente artículo). Y ahora, que a ese sainete se sumen voceros de los más altos tribunales y la cabeza del propio Congreso de la República, es simple y llanamente desastroso. ¿Cómo ocurrió todo esto?
El don de la inoportunidad
Para empezar hay que decir que lo grave no es que una institución del poder público tome una decisión que pueda disgustar a otra. Eso es más o menos normal y más o menos tolerado en cualquier democracia que se precie de valorar la separación de poderes. Lo verdaderamente delicado es que, cuando esas decisiones se toman, desencadenen enfrentamientos verbales como los escuchados por los colombianos en estos días y protagonizados por los dirigentes que esa misma democracia ha honrado con los más altos cargos.
¿A qué se debe tanta virulencia? Seguramente la mayoría de las decisiones judiciales y administrativas que han activado esta batalla han sido tomadas con base en argumentos jurídicos válidos y en interpretaciones de la Constitución y de la ley quizás discutibles _como todas_, pero seguramente defensables desde el ángulo legal. Las suspicacias y dudas han surgido mucho más de la oportunidad _o inoportunidad_ de los pronunciamientos que de su contenido, que por lo general ha sido poco analizado en medio de la calentura de los debates.
El primer ejemplo claro fue el de la indagación de la Procuraduría contra el fiscal Valdivieso. Posiblemente era válido que el Ministerio Público investigara un contrato firmado por Valdivieso cinco años antes, cuando ocupaba el cargo de Ministro de Educación. Sin embargo, el hecho de que esa indagación comenzara a acelerarse ante los ojos de todo el país justo en momentos en que la Fiscalía se acercaba a las pruebas que podían llevar al procurador Orlando Vásquez a la cárcel, despertaba un olor a trampa que llevó a columnistas y comentaristas a darle palo a la Procuraduría, en especial cuando se descubrió que los denunciantes y testigos de esa entidad en contra de Valdivieso habían sido manipulados. Claro que en este caso los defensores de Vásquez podrían alegar que tan inoportuna fue la investigación del Ministerio Público contra el Fiscal, como el llamado a indagatoria y la posterior detención del Procurador por parte de la Fiscalía. Sin embargo, en este caso, la opinión pública respaldó de manera casi unánime a Valdivieso, de seguro porque su caso contra el Procurador era realmente sólido, mientras que el del Procurador contra él tenía todas las características de un montaje.
Los episodios que siguieron han sido mucho menos sencillos. La determinación de la sala electoral del Consejo de Estado, que tumbó los topes de gasto a las campañas electorales, establecidos por el Consejo Electoral antes de las elecciones de 1994, fue un evidente caso de inoportunidad. La decisión fue tomada al día siguiente de que el Consejo Electoral corriera pliego de cargos contra el presidente Samper justamente por la violación de esos topes y medio país tuvo la sensación de que se trataba de algo más que de una coincidencia. Y es que más allá de la validez de los argumentos jurídicos en que se basó el Consejo de Estado, tiene muy mala presentación el que ese tribunal tumbe una norma con base en la cual la víspera se había formalizado una investigación en contra del Presidente de la República por parte de las autoridades electorales. Y esa presentación es aún peor si se tiene en cuenta que la eliminación de los topes también parece haber dejado sin piso dos de los cuatro delitos de los que se acusa al primer mandatario y a tres de sus ministros, pocos días antes de que sus respectivos fiscales _la Cámara de Representantes y la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema_ tuvieran que decidir la suerte jurídica de los cuatro altos funcionarios.
Los cuestionamientos a la decisión del Consejo de Estado fueron tan duros que llevaron el martes pasado al presidente de esa corporación, Daniel Suárez, a salir al paso de las críticas con un duro comunicado respaldado por la mayoría de los consejeros, en el cual aseguraron que sus decisiones eran tomadas "sin tener en cuenta el entorno circunstancial que en el terreno de la conveniencia política pueda rodearlas" . El problema es que, para muchos, no se trataba de la conveniencia política del Consejo, sino de la del primer mandatario y sus tres ministros. Por eso quizás un sector minoritario pero importante de consejeros se apartó de la declaración y produjo otra más tolerante frente a las críticas recibidas: "Consideramos _dijo este grupo de consejeros encabezados por Libardo Rodríguez_ que en general, en esencia en un momento de crisis, no sólo las decisiones de la corporación sino las posiciones individuales de cada uno de sus miembros (...) están al escrutinio de la opinión". Fue este el único caso en que el choque de trenes tuvo un episodio entre vagones de un mismo poder.

La espada de Damocles
Los cañones de una nueva batalla tronaron el jueves. Casi a la misma hora los noticieros radiales de las seis de la tarde emitieron boletines extraordinarios para registrar dos noticias de serias consecuencias para el desarrollo de la crisis. La primera tenía que ver con un fallo de la Corte Constitucional que, al resolver una demanda de la ex constituyente María Teresa Garcés, recordó las reglas del juego que operan en procesos como el que se sigue al jefe del Estado en el Congreso.Para empezar, el alto tribunal constitucional dijo que el juez natural del Presidente no es el Congreso cuando se trata de acusaciones relacionadas con delitos comunes, pues en esos casos el único que puede absolver o condenar al primer mandatario es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional dijo que sólo en caso de faltas por indignidad o mala conducta en el ejercicio del cargo, ese juicio de tipo político y no penal debe realizarlo el Senado con base en una acusación de la Cámara. La Corte afirmó también que en ambos casos la Cámara y no su comisión de acusaciones es la que decide si hay lugar para acusar o no. Según el fallo, la labor de la comisión debe limitarse a proyectar una eventual acusación o una preclusión de la investigación. Lo anterior no fue lo más significativo. Al fin y al cabo el propio Congreso ya había reformado las normas demandadas por la ex constituyente Garcés y puesto en cabeza de la plenaria de la Cámara la decisión final sobre si acusar o no. Lo más importante fue que del mismo fallo, así como de las declaraciones de los magistrados de la Corte Constitucional que explicaron los alcances de la decisión, los medios destacaron un aspecto que parecía venir como anillo al dedo en estos momentos. Se trataba de un recorderis de la Corte a los congresistas que van a participar en la votación sobre la eventual acusación al Presidente, según el cual podrían prevaricar por omisión si, habiendo elementos probatorios o hechos evidentes, no lo acusan.
Este mensaje no hubiera saltado a los medios con tanta fuerza si no hubiera sido por la segunda noticia que produjo boletines especiales en la radio ese jueves: mientras la Corte Constitucional advertía lo del prevaricato por omisión, la sala penal de la Corte Suprema iniciaba una investigación preliminar contra el representante investigador del Presidente, Heine Mogollón, precisamente por prevaricato por omisión, con base en una demanda del ex magistrado Jesús Vallejo _"una sólida demanda" según fuentes de la Corte citadas por los medios esa noche_ por la actuación de Mogollón el año pasado, cuando obtuvo de la comisión de acusaciones un auto inhibitorio en la investigación contra Samper. La expresión "tufillo de amenaza" del presidente del senado, Julio César Guerra, resumió el sentimiento de muchos congresistas que ahora sienten que sobre ellos pende una espada de Damocles que puede quitarles la investidura si se abstienen de acusar al Presidente habiendo mérito para hacerlo. Además, quedó una duda: qué va a pasar con el voto secreto, pues la responsabilidad penal es individual y si no se sabe quién votó por la acusación y quién en contra, va a resultar imposible averiguar quién pudo haber prevaricado y quién no.
Pero aparte de esa sensación en el Capitolio, la verdad es que todo el mundo estuvo de acuerdo con la Corte Constitucional en lo que se refiere a la clarificación de las responsabilidades del Congreso en el proceso contra el jefe del Estado, pues al fin y al cabo había mucha confusión y prueba de ello es que se hablaba de la "absolución al Presidente" en la Cámara, algo absolutamente errado desde el punto de vista jurídico, pues lo máximo que puede hacer esa corporación es abstenerse de acusar y precluir el caso. Pero a diferencia de lo sucedido con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, no hubo la misma unanimidad en el caso de la apertura de investigación preliminar de la sala penal contra Mogollón por posible prevaricato por omisión. Si bien era jurídicamente inevitable abrir esa indagación preliminar debido a que cursaba una demanda que cumple con los requisitos formales _tal y como lo reconoció Luis Guillermo Nieto, el abogado del Presidente_, para muchos se trata de un golpe injusto contra el representante investigador. Al parlamentario le ha caído mucho rayo y se ha convertido en un símbolo de la complicidad del Congreso con el gobierno. Incluso entre quienes más duro atacan a Samper, algunos reconocen que en diciembre pasado Mogollón sólo podía pedir el auto inhibitorio, pues en ese entonces no se llenaban los requisitos para procesar al primer mandatario.
En este caso también puede hablarse de un mal sabor que queda de poner en tela de juicio el margen de discrecionalidad de un juez investigador, mucho más si se trata de quien indaga al Presidente en un caso que, de manera inevitable, se ha politizado tanto. Mogollón puede ser un hombre comprado burocráticamente por el Ejecutivo o puede ser un hombre incompetente para la tarea que ha asumido. Pero también debe aceptarse que puede ser un hombre que después de estudiar todas las pruebas contra Samper está sinceramente convencido de su inocencia. En esta clase de decisiones de un juez investigador hay un margen de conciencia y es difícil meterse a juzgar la conciencia de las personas, y más aún meterlas a la cárcel por seguir sus dictados. Salvo que la sala penal de la Corte encuentre evidencia contundente de que Mogollón omitió procedimientos esenciales en la indagación que terminó en diciembre, cualquier decisión en su contra por esa actuación puede resultar excesiva.De todo lo anterior es fácil concluir que a medida que se acerca la hora de las decisiones en la Cámara en el proceso contra el Presidente, la temperatura va en aumento y la dificultad de que éstas sean tomadas con la serenidad debida es cada vez mayor. Esto perjudica sobre todo al Presidente de la República. Por cuenta de los hechos de las últimas semanas, ya no sólo se habla de crisis política derivada del proceso 8.000 y de crisis económica derivada de la crisis política, sino que se vuelve imperativo hablar de una gravísima crisis institucional. Y que esa crisis alcance el nivel de la semana pasada no es bueno para Ernesto Samper. Aparte de que confirma la sensación de inestabilidad e ingobernabilidad, en un régimen presidencialista como el colombiano todo lo que signifique problemas y conflictos lesiona la imagen del jefe del Estado, como lo confirman las últimas encuestas en las que la insatisfacción con la gestión de Samper va en aumento (ver cuadro).
Pero, además del Presidente, hay un gran perjudicado: el país. El estado de creciente crispación y polarización, que ya no sólo involucra a la opinión pública sino que parece haber alcanzado los más altos niveles de los poderes públicos, no conviene a nadie, pues cuando quienes deben dar ejemplo de respetar las reglas del juego constitucional y de la colaboración entre los poderes se las saltan, el paso siguiente del choque de trenes bien puede ser la ruptura constitucional.