Confirman dura condena contra integrantes de la primera línea que participaron del “estallido social” en 2021

Los disturbios de 2021 y el ataque sistemático a la Policía, que bautizaron como el “estallido social”, se convirtió en una investigación que adelantó la Fiscalía y terminó en una condena, ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá. Es decir, dos autoridades judiciales confirmaron que quienes se postularon como líderes del “estallido social” realmente eran delincuentes que dejaron en riesgo a la población.

Los capturados negaron su responsabilidad, pero las pruebas fueron tan contundentes que un juez y luego un magistrado no tuvieron duda en los hechos expuestos por la Fiscalía, condensados en la investigación y ahora reflejados en la condena que los mantendrá en la cárcel por más de una década.

Se trata de Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga Trujillo, Érika Lorena Flórez Durán y Greissy Alexandra Perilla Vargas, integrantes de la primera línea y que para algunos sectores, afines al gobierno, se convirtieron en el ejemplo de una privación injusta de la libertad de supuestos líderes que al final terminaron vinculados a las disidencias de las Farc, infiltrados en la protesta legítima.

El mismo Gustavo Petro, en su discurso como presidente electo, aseguró que trabajaría en la liberación de los integrantes de la primera línea, sin tener en cuenta o siquiera entender el sistema penal colombiano, pues quienes estaban privados de la libertad estaban a órdenes de los jueces, de la Rama Judicial, no de la Fiscalía.

En su momento, el fiscal Francisco Barbosa le recordó al presidente Petro que los procesos contra los integrantes de la primera línea estaban soportados en investigaciones formales, verificables y debatidas ante los jueces, los encargados de dictar las medidas de aseguramiento y, posteriormente, las condenas.

“No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel”, manifestó el fiscal general en el Encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se realiza en la ciudad de Neiva.

Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá le da la razón a la Fiscalía en una decisión de suma importancia y que ratifica la seriedad y el sustento probatorio que presentó el ente acusador cuando judicializó a las personas que traspasaron su derecho a la movilización y convirtieron a la protesta en un escenario violento contra el mismo Estado.

“Por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, agresión a funcionario público, perturbación de transporte público y daño en bien ajeno. El magistrado Velasco consideró que fueron estructuradores y coordinadores para entrenar a los jóvenes de las universidades que se infiltraron de forma violenta en las manifestaciones del 21 y 22 de noviembre”, señaló el magistrado a cargo de confirmar la sentencia contra los integrantes de la primera línea.

Nuevamente, es la institucionalidad y, en este caso, la Rama Judicial, la que le recuerda al presidente Gustavo Petro que en su afán de defensa de quienes considera víctimas del Estado, desacreditó el trabajo de los jueces que establecieron la responsabilidad de delincuentes que posaron de líderes de la protesta.