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German Efromovich | Foto: Juan Carlos Sierra

TRIBUNALES

Desplazados ganan pulso por tierras de Germán Efromovich

La Corte Constitucional ordenó recuperar 2.000 hectáreas de la Hacienda Bellacruz para ser entregadas a campesinos sin tierra.

12 de mayo de 2016

Campesinos desplazados por paramilitares de la Hacienda Bellacruz, al sur del Cesar, ganaron este jueves la batalla jurídica que libraban por recuperar su derecho a reclamar la adjudicación de 2.000 hectáreas de tierra que hoy pertenecen al empresario Germán Efromovich, propietario de Avianca.

Con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, la Corte Constitucional ordenó recuperar esos terrenos, en los que en la actualidad opera una empresa de palma, al encontrar que se trataba de tierras baldías que, por definición legal, pertenecen a la Nación y deben ser entregadas a familias campesinas pobres que no tengan acceso a la tierra.

La historia empieza cuando la familia del excanciller Carlos Arturo Marulanda Ramírez llegó a esos predios, que comprendían los municipios de La Gloria, San Pelayo y demás. En los años 90 campesinos buscaban ocupar terrenos baldíos que hacían parte de la misma zona, pero se enfrentaron a los intereses de la familia Marulanda.

En 1996 las 200 personas de las 15 familias campesinas que habitaban los terrenos en disputa fueron desplazadas por paramilitares del frente Héctor Julio Peinado Becerra, lo que sembró serias dudas sobre la manera en que la contraparte estaba ejerciendo el derecho a defender la propiedad.

Diez y nueve años después, cuando los campesinos trataron de retornar a través  de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), se encontraron con que los terrenos habían sido cedidos a una empresa palmera de Germán Efromovich.

Desde entonces, la pelea de los campesinos empezó a librarse ante el Incoder, pues esa institución, después de proferir algunas decisiones administrativas favorables a las comunidades, terminó reconociendo los derechos de titularidad de la empresa del dueño de Avianca.

De ahí la acción de tutela que fue escogida para revisión por la Corte Constitucional, en la que los desplazados reclamaban que se anulara lo decidido por el Incoder y se ordenara la recuperación de las 2.000 hectáreas para ser adjudicadas nevamente a los campesinos sin tierra.

Con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, la Corte le halló la razón a los desplazados. Por eso, ordenó recuperar los terrenos para que, posteriormente, puedan ser adjudicados a quienes demuestren haber ocupado los terrenos por no tener la titularidad sobre ninguno de ellos.