Defensoría pide que se investigue la ejecución de joven en Nariño

Desde la Defensoría del Pueblo se condenó la muerte violenta del joven campesino Diego Sney Delgado, de 22 años de edad, quien fue ejecutado delante de su madre el pasado 18 de marzo, por un grupo de aproximadamente 20 integrantes de 'Rocas del Sur', subgrupo de los 'Rastrojos', en la vereda Santa Rosa en jurisdicción del municipio de Policarpa, Nariño.
 
Según denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo, el grupo que incursionó en la vereda se identificó como las 'Rocas del Sur' y sería el responsable de la muerte del joven Diego, quien se dedicaba a labores agrícolas. "El joven fue golpeado con la culata de un fusil, lo que le causó heridas, al tiempo que fue señalado de pertenecer a la guerrilla. Luego lo fusilaron delante de su madre y de la comunidad", señala un comunicado de la Defensoría. Según ese documento, el grupo ilegal había procedido a quitarles los celulares a los integrantes de la comunidad para evitar comunicación con las autoridades.
 
Por su parte, Vólmar Pérez sostuvo que este hecho repudiable requiere una investigación inmediata por parte de la Fiscalía General para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho, así como a la captura de sus responsables.
 
Aumentan controles de grupos paramilitares

El defensor señaló que de acuerdo con una circular emitida por los 'Rastrojos', el grupo paramilitar viene imponiendo controles en los municipios del piedemonte nariñense como Policarpa, Cumbitara, Los Andes, Sotomayor, La Llanada, Samaniego y Santa Cruz, mediante la instalación de retenes ilegales, la ejecución de castigos y asesinatos, el pillaje y saqueo a viviendas, el desplazamiento y la desaparición forzada de personas.
 
"Los habitantes de estos municipios temen poner en conocimiento de las autoridades tales hechos de violencia por temor a las retaliaciones de ese grupo armado al margen de la ley. Por ello instamos a las autoridades de los órdenes nacional y regional a que adopten medidas efectivas para disuadir y mitigar el riesgo de violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de los habitantes asentados en esta región del país", señaló Pérez.