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En esta esquina del barrio Petecuy fue activada una bomba que afectó tres manzanas a la redonda

Orden público

Días de zozobra

La serie de atentados de las Farc en Cali la semana pasada puso a las autoridades contra las cuerdas. Aún no es claro que hay detrás de la racha terrorista.

25 de noviembre de 2006

Al atardecer del domingo 19 de noviembre, mientras 40.000 caleños se apretaban en el estadio Pascual Guerrero para escuchar a Shakira, un estallido seco y profundo acabó con la tranquilidad de esta ciudad. El ruido provenía de una bomba con 10 kilos de anfo, cuya onda explosiva destruyó por completo las instalaciones de un Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía e hizo volar 50 metros el cuerpo del agente Luis Eduardo Parra Silva, hasta estrellarlo contra un poste donde falleció. Este ataque terrorista dio inicio a una seguidilla que tuvo en vilo a los caleños al principio de la semana pasada.

La serie de explosiones, dos fuertes y otras seis de bajo poder, puso a Cali de nuevo en el primer plano noticioso por cuenta de los violentos. Este era, según los entendidos, el primer objetivo de las Farc y algo que no sucedía desde abril de 2002, cuando este grupo secuestró a los 12 diputados del Valle. Al final de la difícil semana, el saldo eran dos policías muertos, cuatro más heridos, cinco civiles lesionados y 98 casas averiadas, según el Comité Local de Atención de Desastres. Un balance no tan dramático, aunque la noticia le dio la vuelta al mundo y fue reproducida por CNN. A pesar de la amplia cobertura mediática, aun no es claro qué hay detrás de la racha terrorista.

Para el coronel José Roberto León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, es una retaliación de las Farc por los golpes que han recibido sus milicias durante lo que va corrido del año. "Hemos capturado 26 milicianos, desmantelando una célula completa de la Manuel Cepeda Vargas; además, redujimos su movilidad en la ciudad al identificar a la mayoría de sus miembros", dice el oficial. Agrega que entre los capturados hay un jefe de finanzas, al que se le encontraron 510 millones de pesos y una libreta donde guardaba los registros de 4.000 millones de pesos que usó para pagar atentados. Así mismo, capturaron a dos instructores en explosivos de la Manuel Cepeda, por lo que, dice el oficial, "el resto del grupo se remontó".

Tradicionalmente esta fue la milicia con mayor actividad en la capital vallecaucana y, según los archivos de la Policía, este año es responsable de la carretilla bomba frente a la sede de la Sijín en febrero y del carro bomba que explotó en agosto pasado en la estación del Vallado, que dejó cinco policías muertos. Por otro lado, esta misma milicia coordina el plan pistola, que este año deja 17 agentes asesinados.

Fabio Cardozo fue gestor de Paz del Valle y tiene un profundo conocimiento de la región y sus problemas, gracias a los 10.000 retornos de población desplazada que logró pactar con los grupos armados durante su paso por la oficina de paz del departamento. Para él existen otras razones que explicarían la cadena de atentados, "Cali es centro de provisión y acopio del bloque occidental de las Farc. Además, los corredores de movilidad en el departamento hacen que este grupo pueda mover a sus combatientes con relativa facilidad. Eso en parte es lo que vienen haciendo para contrarrestar la ofensiva de las autoridades, trasladando sus milicianos de Buenaventura a Cali o de Tuluá a Palmira, superando a veces el cerco policial", señala Cardozo.

Miguel Yusty, secretario de Gobierno de Cali, que para muchos es quien ha sostenido la desprestigiada labor del alcalde Apolinar Salcedo al reducir los índices delincuenciales, asegura que "lo que falta acá es un consenso para intervenir el distrito de Aguablanca, donde viven casi dos millones de personas, y que sirve de refugio, al igual que los barrios de ladera, para las milicias urbanas. Ya sabemos que el modelo funciona, ahí están los ejemplos de la comuna 13 de Medellín y Ciudad Bolívar en Bogotá, donde hubo una acción vigorosa de las autoridades para acabar con la delincuencia".

El viernes pasado el presidente Álvaro Uribe anunció el traslado a Cali por tiempo indefinido del comando central de la Policía Nacional, a cargo del general Jorge Castro, y la llegada del general Óscar Naranjo, director de la Dijín, quien tiene la misión de acabar con las bandas criminales y las oficinas de cobro al servicio de la mafia. Y la calma retornaba a la Sultana del Valle.

Más allá de la potencia de las bombas en Cali, lo que las Farc lograron fue que la gente, después de tres días seguidos de explosiones, se sintiera acorralada y percibiera de nuevo el temor que produce el terrorismo. Esto opacó logros de la ciudad en materia de seguridad como la reducción de homicidios, que en el período comprendido entre 2002 y 2006 fue del 34 por ciento, según cifras de la Cámara de Comercio de Cali. También la caída del secuestro simple y el extorsivo, del 95 y el 76 por ciento, respectivamente, y la reducción del terrorismo en general que entre enero y octubre de este año estuvo 18 por ciento más bajo que en el mismo período del año anterior.

El debate que sigue es sobre si el gobierno municipal y el Concejo aumentarán el presupuesto a la seguridad, pues, como dice el coronel León, "Cali tiene un atraso de 10 años". En la última década, mientras Bogotá gastó un promedio anual de 65.000 millones de pesos en seguridad, en Cali sólo se invirtieron 1.250 millones por año.