El hombre de las dificultades

Después de cuatro años al frente de la Fiscalía y de haber logrado sobrevivir a las más duras críticas, Luis Camilo Osorio sale por la puerta grande. Esa es la visión generalizada, aunque, obviamente, no unánime: no faltan los críticos. Pero haberse dado la pela de implementar el sistema acusatorio, como una estrategia para agilizar la justicia y hacerla más eficaz, le subió las acciones entre la opinión pública. No era una tarea fácil. En sus propias palabras, "cuando ingresé a la Fiscalía recibí un sistema judicial penal que, por decenios de ineficacia e impunidad, venía socavando su merecida tumba". A medida que Osorio le relató a SEMANA los logros obtenidos durante su gestión, no disimuló su angustia porque considera que el país no se ha dado cuenta de que durante su administración "revolucionó el sistema judicial".

Con cifras en mano, Osorio asegura que en los seis meses que ha operado la justicia oral en Bogotá y en el Eje Cafetero se han recibido 42.000 denuncias, de las cuales 30.000 fueron programadas para conciliación o sea que no fueron a juicio, y de estas, 15.000 terminaron en acuerdo. Este volumen excepcional de conciliaciones se debe a la ventaja que tiene el nuevo sistema de dar con el culpable y a la inminente condena a la que se ve enfrentado en los juicios orales. Además, se ha comprobado que la criminalidad ha bajado en las zonas en donde se ha experimentado hasta ahora el sistema acusatorio. Uno de los ejemplos que señaló Osorio es el del crimen del congresista de Manizales Óscar González hace tres meses y medio. "Ya tenemos tres capturados y estamos a punto de dar con el autor intelectual. Con el sistema penal anterior hubiéramos tardado años para esclarecer el crimen", dijo el Fiscal.

Osorio defiende el nuevo sistema con casos concretos como estos: en Manizales, un hombre fue condenado en juicio oral a 40 años de prisión por homicidio. Entre el crimen y la condena transcurrieron dos meses. En Bogotá, cuatro patrulleros de la Policía que fueron sorprendidos con siete kilos de cocaína fueron condenados cada uno en juicio oral a 23 años de prisión. Desde la captura hasta la sentencia transcurrieron cuatro meses. En La Tebaida, Quindío, un hombre fue condenado a 30 años de prisión por homicidio. En 34 días fue aclarado el caso y se impartió justicia. Cientos de ejemplos como estos tiene el Fiscal para demostrar que la justicia con el nuevo sistema cambió significativamente. Dice que antes, para dictar una sentencia, transcurrían 964 días en promedio y ahora es cuestión de algunos meses o incluso de pocas semanas.

La eficacia de aplicar altas condenas en tan corto tiempo no es discutible. Sin embargo, al comparar con las penas que entre cinco y ocho años recibirían los paramilitares y la guerrilla por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso, las diferencias son abismales. "La gente no ha entendido bien la ley de Justicia y Paz. Llevamos 40 años combatiendo a la criminalidad y el dilema era simple: o cambiábamos la forma del accionar del Estado en contra de la delincuencia o sucumbíamos ante ella. Si la guerrilla o los paramilitares no se acogen a este nuevo sistema de reconocer sus delitos, pierden una gran oportunidad judicial y se les haría efectivas las condenas con el sistema anterior. Pero la paz hay que lograrla", dijo enfáticamente Osorio.

Sus críticos le cobraron además la corrupción que la Fiscalía vivió hacia la mitad de su gestión. Los escándalos no se pudieron ocultar porque tocaron las más altas esferas. El Director Nacional de Fiscalías, Justo Pastor Rodríguez, y el Vicefiscal, Andrés Ramírez, salieron por supuestos actos de corrupción. El director seccional de Fiscalías, Carlos Hernando Arias, fue investigado por acoso sexual. Ana María Flórez, directora seccional de Cúcuta, tiene orden de captura por supuestos vínculos con los paramilitares. Un revolcón total se vivió en la Unidad de Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim), al despedir a casi todos sus funcionarios, entre ellos los dos fiscales de confianza de Osorio, Luis Fernando Torres y Álvaro Bayona. Doce funcionarios de la Fiscalía de Cali salieron por supuestos vínculos con el cartel del norte del Valle y, para completar, le estalló otro escándalo al vicefiscal Ramírez, por contratos indebidos. "Todos fueron hechos muy lamentables. Yo no podía hacer más. Aquí no hay pena de muerte. A todos se les abrió investigación. El caso de Cali me dio muy duro porque fue una investigación que nosotros mismos hicimos y, en lugar de decir que estábamos luchando contra la corrupción, todo el mundo salió a decir: '¡Uy! Cómo está de corrupta la Fiscalía"'. Dejando a un lado el tono pausado que lo caracterizó durante estos cuatro años, el Fiscal dijo en tono enérgico: "En ese momento pensé que el equivocado era yo. Todo el mundo pedía mi cabeza y pensé en renunciar".

Pero el hombre de las dificultades se quedó. Creó una unidad especial de anticorrupción al más alto nivel de fiscales y obligó a más de 1.000 funcionarios a realizar la prueba de polígrafo y, sin decirle a nadie, se sometió a esta misma prueba con el FBI norteamericano. Para él, su conducta como Fiscal General tenía que estar libre de cualquier sospecha. "Nunca esperé ningún halago de nadie. Lo único que sé es que a mi edad ya no se aprenden malas mañas que jamás practiqué". A sus 61 años, y con su pelo canoso un poco despeinado, este antioqueño que vive diciendo que lo único que le importa es que su trabajo se lo reconozcan su mujer y sus hijos, no deja de hablar de los logros de su gestión con una manifiesta angustia de que se le publique todo lo que hizo como Fiscal. Retomó la entrevista con la cruzada interna contra los corruptos que extendió por todo el país y sostuvo que llevó a juicio a 700 alcaldes, a 26 gobernadores y tiene a media docena de concejales en la cárcel. Obviamente, se habló del caso de Alberto Santofimio, sobre lo cual señaló: "Ese es un caso histórico a nivel universal. Sin embargo, puede opacar una gestión en donde se ha trabajado en todos los aspectos. ¿Qué Fiscal ha metido más gente a la cárcel que yo?

La ley de extinción de dominio y el lavado de activos fue otra de las banderas que quiso mostrar. "Pasamos de la irrisoria cantidad de 235 bienes recuperados por la justicia a 20.000. ¡Casi 1.000 veces más! Y hemos podido evidenciar que grupos económicos, empresas multinacionales y consorcios empresariales estarían siendo utilizados por la delincuencia para lavar grandes cantidades de dinero". En su balance, Osorio reconoció que es un hombre noble y que a veces le falta algo de rencor para reaccionar con fuerza, sin embargo, uno de los temas que lo sacó de casillas fueron las fuertes y permanentes críticas por parte de Human Rights Watch y otras ONG, las que sostuvieron que Osorio desmanteló la Unidad de Derechos Humanos, debilitó las investigaciones sobre crímenes y masacres, especialmente aquellas que involucraban a miembros de la Fuerza Pública."A las ONG se les tapó la boca. Vivanco tenía una bitácora propia. Pero ya nadie le para bolas. Cómo le parece que fue a Europa a vender un informe de 2002 y se lo pillaron. Apenas me posesioné fue cuando él dijo tantas mentiras".

Durante los cuatro años de su mandato, Osorio no habló tan fuerte como lo hace ahora a su salida. No hubo temas vedados y se tomó todo el tiempo para contestar sin pelos en la lengua cualquier clase de preguntas, por incómodas que fueran. ¿A usted lo acusan de traidor porque comenzó como un fiscal de cuota de Andrés Pastrana y terminó convertido en el mejor aliado del presidente Álvaro Uribe? "Un Fiscal no puede ser la contraparte del Presidente por una sencilla razón. La Constitución ordena que la política criminal la fija el Presidente, pero la complementa el Fiscal. Y yo lo entendí así".

Osorio termina su gestión el 30 de este mes y, después de muchas especulaciones, el viernes pasado se conoció la baraja de candidatos que aspira a reemplazarlo. (Ver recuadro). Quien lo suceda tendrá varios retos. Tendrá que manejar un presupuesto de 300.000 millones de pesos anuales y 22.000 empleados. Para finales de este año tendrá que implementar en ocho regiones más el nuevo sistema acusatorio y al finalizar 2007 la justicia oral deberá estar operando en todo el país. Para junio de 2006, todos los funcionarios de la Fiscalía deberán estar incluidos en la carrera administrativa. Pero el reto más grande y del cual estarán pendientes las comunidades nacional e internacional es el que tiene que ver con el proceso de paz. De acuerdo con la ley de Justicia y Paz, los fiscales tendrían que resolver en tan sólo 60 días hábiles las investigaciones en contra de los paramilitares desmovilizados.

Lo cierto es que Luis Camilo Osorio demostró que no se necesita ser un reconocido abogado penalista para producir un revolcón en la justicia. Este hombre, que en su juventud comenzó como vendedor de camisas en un almacén de Chapinero, que fracasó en su intento por llegar al Concejo de Bogotá, pero que logró ser registrador nacional y consejero de Estado, dejará el cargo con mayor poder en el Estado. La Fiscalía General de la Nación. Se va convencido de que el país no le reconoció una excelente gestión y sin dudarlo termina diciendo: "Gracias a la herencia que le dejo a la historia de la justicia en el país, el próximo fiscal será el que se coronará de gloria".