EL PRECIO DEL DEBER

EL PRIMERO DE OCTUBRE de 1992, pocas semanas después de asumir la dirección del Instituto Penitenciario y Carcelaria (Inpec), el coronel Gustavo Socha Salamanca llamó a su oficina al asesor jurídico de la entidad. "Respondamos esta tutela", le dijo desprevenidamente y le entregó el documento enviado por un juzgado de la ciudad. En su demanda, el señor Valdovino Asprilla pretendía lograr por la vía judicial que el Inpec no lo desamparara y le diera empleo, pues acababa de recobrar la libertad luego de purgar cinco años de cárcel en la penitenciaría de La Picota.

Lo que no imaginó el coronel Socha era que esa tutela fuera el comienzo de un largo calvario, que de lejos lo convertiría en el funcionario más perseguido del país. "En Colombia se empapela muy fácilmente a cualquier persona -dijo una fuente del Inpec-, pero lo que le ocurrió al coronel Sosha raya en la tragedia".

La llegada del oficial a ese cargo no fue gratuita. El manejo de las cárceles se había convertido en un problema de seguridad nacional para el entonces presidente César Gaviria, y la corrupción en los centros de reclusión de Bogotá, Cali y Medellín, hacía ver al Estado impotente para mantener tras las rejas a dos centenares de peligrosos delincuentes, vinculados al narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y la delincuencia común.

Además, el fantasma de La Catedral seguía presente y el país debatía la posibilidad de una segunda rendición de Pablo Escobar Gaviria. La designación de un policía fue interpretada como un claro mensaje del gobierno al jefe del cartel de Medellín.

Con el respaldo del gobierno, el oficial implantó un régimen de mano dura en la mayor parte de las cárceles del país. Así, en pocas semanas fueron más rigurosos los requisitos para el ingreso de visitantes a los penales. Hubo más drasticidad en el juzgamiento de los vigilantes que cometían irregularidades y se multiplicaron los allanamientos a las celdas de los reclusos y a los dormitorios de los guardias. Al mismo tiempo, Socha no dudó en trasladar a unos 80 reos, sorprendidos cuando organizaban actos criminales desde la prisión.

Por todo esto, el director del Inpec hizo enemigos con una gran rapidez. Y las denuncias no se hicieron esperar. Durante los 26 meses que permaneció en el cargo, Socha debió responder 493 tutelas (siete en 1992; 221 en 1993, y 265 en 1954); es decir, un promedio de 18 mensuales. De este total, el Inpec perdió el 20 por ciento de las demandas, o sea, 98.

Y como si fuera poco, el oficial fue acusado ante la Procuraduría General de la Nación, organismo que abrió en su contra 34 investigaciones, la mayoría de las cuales aún no han sido falladas. Al mismo tiempo, Socha afronta seis procesos penales en la Fiscalía. "A veces nos daba risa -recuerda uno de los seis abogados que el Ministerio de Justicia designó para enfrentar las denuncias contra el Inpec-. Por ejemplo, en una revisión a la cárcel de Itaguí, la Fiscalía decomisó una motocicleta de Carlos Alzate Urquijo, el 'Arete'. Entonces, él denunció penalmente a Socha por hurto".

Para el director del Inpec, el mayor dolor de cabeza de su gestión lo constituyeron los lugartenientes de Pablo Escobar recluídos en La Picota, La Modelo e Itaguí, y el guerrillero Francisco Galán, líder del ELN. Estos delincuentes interpusieron 24 acciones de tutela y presentaron 10 quejas en la Procuraduría y tres en la Fiscalía.

Perseguido judicialmente, Socha también fue objeto de serias amenazas contra su vida. La Policía desarticuló dos atentados terroristas que estaban próximos a ser ejecutados. A mediados de 1993 el oficial debió dejar su residencia y refugiarse en una habitación del Club Militar. Hoy, el ex director del Inpec vive virtualmente exiliado en una embajada y en el país donde se encuentra es escoltado por 10 guardaespaldas, mientras espera que decenas de procesos en su contra se resuelvan favorablemente y el cúmulo de denuncias se convierta un día en un dato estadístico. Es lo que algunos llaman el precio del deber.