EL TIRO POR LA CULATA

EL MARTES DE LA SEMANA pasada poco antes de las 7 de la mañana un ejecutivo recién bañado y vestido, recogió el periódico debajo de la puerta de su casa para dirigirse a la carrera al aeropuerto y abordar un avión que lo llevaría a Quito. Entre el carro empezó a leer el periódico y encontró en la primera página, la noticia sobre el racionamiento de la gasolina. La sorpresa fue grande, pues el ejecutivo no era nadie menos que el ministro de Minas y Energía, Luis Fernando Vergara, y la noticia una filtración de un tema que apenas habían empezado a debatir la víspera en su despacho y que desde luego estaba destinado a levantar ampolla.

Tan sorprendidos como el ministro quedaron los colombianos, que se enteraron de buenas a primeras, que dos días después sólo podrían usar su vehículo particular un día sí y el otro no, dependiendo de que la placa fuera par e impar. El revuelo fue grande y a lo largo de la semana no se habló sino de pares y nones.

Pero no sólo la ciudadania brincó. Los alcaldes, que eran los encargados de implementar y vigilar la medida y de reglamentar las excepciones, empezaron por diversos medios a plantearle sus dudas al gobierno central, lo que obligó a posponer la entrada en vigor de la medida. Comenzaba una rebelión contra esta, cuando súbitamente, en la tarde del viernes, ante el arreglo que se había logrado con la USO, el Gobierno decidió suspenderla.

Sin embargo, que se suspendiera la medida no significaba que se suspendiera el debate que se le está haciendo al Gobierno sobre este asunto. Todo comenzó el lunes de la semana pasada cuando la filtración de la noticia sobre el racionamiento cambió definitivamente los planes del Gobierno. Lo que era un proyecto que se estaba analizando detenidamente se volvió una bomba de tiempo. Y lo que iba a ser una resolución del Ministerio de Minas se convirtió rápidamente en un decreto de estado de sitio fundamentado en la situación de orden público y en particular, en la arremetida de la guerrilla en voladuras de oleoductos y en los sabotajes de la USO en las labores de producción petrolera.

La estrategia del Gobierno era justificar la adopción del Decreto 943 de 1991 con un argumento de tipo económico y otro de tipo político. El argumento económico consistía en sostener que los atentados habían disminuído los inventarios a niveles peligrosos y que tocaba importar 14.000 barriles al día de gasolina adicionales. Pero la verdad es que ninguno de los funcionarios del alto Gobierno consultados por SEMANA pudo producir cifras exactas sobre el impacto económico de las medidas, ni las proyecciones de cuánto se tardaría en recuperar los niveles adecuados.
Pero si el argumento económico era débil, el político, en cambio parecía contener el punto de fondo: buscar la solidaridad de todos los colombianos en el enfrentamiento con la guerrilla, haciendo que a todo el mundo le tocara sentir los efectos de la guerra. Nadie niega que Colombia es un país solidario. Pero de ahí a pretender desarrollar esa solidaridad de la noche a la mañana con una medida como la de las placas puede tanto de ancho como de largo.

Pero en últimas, más que solidaridad contra la guerrilla se estaba buscando limitar las apetencias desaforadas de la USO, el sindicato de Ecopetrol. Aunque es dificíl establecer y probar algún tipo de conexión directa entre el ELN y la USO, lo que sí es incontrovertible es el común denominador en el interés final: perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades petroleras colombianas y por ende de la economía.

Terminada la tempestad, se puede afirmar que lo que hubo en el fondo de todo fue un nivel de improvisación demasiado grande para la implicación de la medida. Esta no había sido estudiada con detenimiento y no se tuvieron en cuenta factores tan elementales como el de que el Estado no podía ofrecer el servicio público de transpote necesario para atender la demanda incremental.

Algunos observadores consultados por SEMANA comentaron que por cuenta de que el gobierno no puede cumplir con dos misiones elementales que resultan de su mandato, como son combatir la guerrilla y manejar un conflicto laboral con la USO, se resolvió gravar a toda la ciudadanía con una medida absurda. Para ellos, si lo que se pretendía era declarar la guerra, pues entonces que se haga de frente, se convoque a la reserva y se apliquen los tratados internacionales sobre el tema.

La sensación generalizada es que en todo esto al Gobierno le salió el tiro por la culata. Cuando decidió suspender la aplicación del Decreto, estaba alcanzando exactamente el propósito opuesto al que se proponía cuando decidió implantar la medida: en vez de ganarse la solidaridad se había granjeado la antipatía de muchos colombianos.