Los obstáculos de las candidaturas por firmas

Al menos en su etapa inicial, la historia de la campaña electoral de 2018 se recordará por la alta cifra de candidaturas inscritas por firmas. Es la moda. Hasta el momento se han registrado 35 comités para la Presidencia, 40 para Senado y 70 para Cámara. Este es el primer paso que la ley exige para iniciar la tarea de recolección de las 382.148 rúbricas –el 3 por ciento del total de votos de la última elección– con las que se pueden presentar candidaturas presidenciales sin el aval de un partido político. Si a esas campañas se suman otras, como la que adelantó la Alianza Verde para promover un referendo de iniciativa ciudadana contra la corrupción, para buscar revocatorias de mandatarios locales o la llamada consulta antitaurina, se calcula que la Registraduría tendrá que verificar la autenticidad de más de 9 millones de firmas. Una cifra descomunal que, además, deberá tramitar en una carrera contra el tiempo.

El mecanismo de las firmas se planteó como una alternativa para las opciones políticas independientes de los partidos. Pero la multiplicación producida en la actual campaña plantea serios interrogantes sobre su viabilidad e incluso sobre su conveniencia. De la larga lista de candidatos que han escogido este camino, algunos probablemente no van a lograr la meta. No es tan fácil conseguir las firmas como muchos creen. Tanto es así, que algunas empresas ofrecen el servicio de la recolección, y cobran entre 1.800 y 2.000 pesos por rúbrica, por lo que reunir el número exigido por la ley requiere un presupuesto cercano a los 1.000 millones. Si lo quiere hacer por sí misma, una campaña requiere para reunir las firmas una organización de cerca de 700 personas, entre estudiantes y profesionales. Y ellas generan otros costos: entrenamiento para los voluntarios, refrigerios, transportes, volantes, camisetas y uniformes.

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Muchos de los candidatos que han anunciado usar esta fórmula no son conscientes del trabajo, el costo y las dificultades que implica. Algunos especialistas consideran que no todos los comités promotores inscritos en la Registraduría van a llegar hasta el final. Por falta de músculo político, recursos y reconocimiento de la gente, se calcula que solo un tercio de quienes han iniciado sus firmatones van a llegar a la meta.

Enfrentan varios obstáculos. Los ciudadanos están confundidos ante el asedio de centenares de voluntarios de distintas campañas que solicitan firmas, en algunos casos para candidatos que desconocen o para candidaturas impulsadas por comités de nombres confusos: Colombia Lectora, Rebelión por Derechos, Dignidad para Todos, La Patria de Pie, entre otros. Tanta proliferación genera interrogantes entre los potenciales firmantes, que a veces dejan de firmar por el desgano que sienten hacia el tema. “Una de cada dos personas que abordamos dice que no le gusta la política”, afirma la coordinadora de uno de los comités que está reuniendo apoyos ciudadanos para una candidatura.

También hay restricciones legales. Si un aspirante busca el aval de un partido y no lo obtiene y se acoge a la fórmula de las firmas para seguir adelante con su aspiración, puede incurrir en doble militancia. Las normas que prohíben esta práctica –formar parte de dos partidos en forma simultánea o cambiarse de colectividad de la noche a la mañana– también incluyen los movimientos. Y las firmas constituyen “movimientos significativos de ciudadanos”, según la legislación sobre mecanismos de participación popular.

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Si Juan Manuel Galán o Viviane Morales, quienes se apartaron del proceso interno del Partido Liberal, deciden insistir en sus apuestas electorales por firmas, tendrían que renunciar a ser miembros de las toldas rojas. Marta Lucía Ramírez lo hizo, en el Partido Conservador, para comenzar a conseguir las rúbricas. Y Germán Vargas Lleras hizo lo mismo en Cambio Radical, su partido, del cual se había retirado desde comienzos del año. El exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón también tuvo que retirarse de La U y lo mismo el exprocurador Alejandro Ordóñez, del Conservador. Es obligatorio renunciar un año antes cuando el aspirante ha ocupado cargos directivos en su partido o si ha sido elegido en su representación. Esta norma podría impedir que Galán y Morales, actuales senadores electos en la lista del Partido Liberal, salten al ruedo en busca de autógrafos. Si lo hacen, podrían incurrir en doble militancia y eso puede dar lugar a una futura revocatoria.

El otro obstáculo está en la Registraduría. La labor de verificación de los extensos listados requiere una logística demorada y tediosa. La ley fija un término de 45 días como plazo máximo en cualquier proceso de participación ciudadana. En la consulta anticorrupción promovida por la senadora Claudia López, en la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y en la iniciativa antitaurina, la revisión tomó el plazo completo. El gobierno ha aportado recursos por valor de 1,7 billones de pesos para contratar 160 personas adicionales a los 30 funcionarios de planta y grafólogos que cumplen esa labor. Se calcula que cada una de ellas puede examinar entre 5.000 y 7.000 firmas por día. Pero el desafío es enorme y nadie puede garantizar que no se presente un cuello de botella. Más aún si se mantiene el ritmo de crecimiento de las candidaturas con este mecanismo. En la última semana se presentaron tres más.

Los candidatos tampoco tienen plena conciencia de que existen requisitos normativos para asegurar la seriedad del proceso. Uno de ellos es una póliza que se hace efectiva en caso de que el candidato, o la lista, no obtengan en las elecciones la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de campaña. Y en cuanto a las listas para Senado y Cámara, si no cumplen un 50 por ciento para obtener el umbral, tienen una penalización.

La fórmula de la recolección de firmas es conveniente desde el punto de vista de la institucionalidad democrática. Establece un equilibrio frente al excesivo poder de los partidos -lo que algunos llaman partidocracia- y ofrece un saludable espacio de participación ciudadana paralela a las de las colectividades formales. La recolección de firmas, cuando es espontánea y transparente, se convierte en un canal de comunicación directa entre la gente y los candidatos. En un panorama de descrédito de los partidos, las firmas oxigenan la política.

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Pero el uso excesivo de este instrumento “está desnaturalizando el mecanismo como tal”, según Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral. “No sé si muchas de esas iniciativas obedecen a un sentimiento legítimo de responder a la crisis de los partidos”, agrega. En lo que va corrido de la presente campaña ya hay más del doble que en 2014 –en la presidencial se presentaron 14– y el número tan elevado genera confusión y dificulta su manejo. Algunos candidatos lo utilizan para desobedecer decisiones internas de los partidos sobre su selección o la de las listas, lo cual va en contra de la naturaleza de fomentar partidos más representativos. También se utilizan para anticipar las campañas –los candidatos en busca de firmas terminan también en proselitismo– y para iniciar giras públicas antes de los plazos que les impone la ley.

Las firmas no son, en fin, la panacea. Es muy probable que en los próximos meses se depure el número de candidatos que están echando mano de este instrumento. Y es casi seguro que, en el mediano plazo, se reabrirá un debate para hacer más estrictos los requisitos para quienes se acogen a las firmas para promover aspiraciones sin el aval de un partido.