Gustavo Moreno recibiría inmunidad parcial a cambio de colaboración

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer los términos del principio de oportunidad que firmó el ente acusador con el extraditable Gustavo Moreno. El documento fue suscrito este lunes y será sometido a la aprobación de un juez en los próximos días. 

El jefe del ente de control aseguró que por los delitos cometidos como abogado litigante, Moreno recibiría inmunidad penal a cambio de colaboración con la justicia. En lo que respecta a los hechos como funcionario no obtendría ningún beneficio. También precisó que su proceso de extradición sigue en firme y la colaboración pactada con el gobierno colombiano continuaría vía electrónica desde Estados Unidos, luego de que así se acordara con el Departamento de Justicia.

Moreno actualmente sirve de testigo estrella contra los implicados en el ‘cartel de la toga‘. Ante la Corte Suprema de Justicia ha declarado en contra de los senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton. En el marco de estas declaraciones ha salpicado a Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y a Gustavo Malo, quienes son procesados por la Fiscalía y por la Comisión de Acusaciones. SEMANA conoció que habría mencionado supuestos casos de corrupción en por lo menos otros dos casos de aforados.

Precisamente sus declaraciones fueron usadas en la solicitud de medida de aseguramiento contra Francisco Ricaurte, quien espera en la cárcel La Picota de Bogotá su llamado a juicio. Sin embargo, en lo que respecta a los magistados procesados por el órgano del Congreso no ha ido a ratificar sus acusaciones por lo cual el fiscal precisó que el acuerdo lo obliga colaborar con todos las instancias de justicia. 

¿Qué procesos le quedan pendientes? Por lo primero que deberá responder Gustavo Moreno es por la solicitud de extradición que Estados Unidos levantó en su contra por cinco delitos, todos relacionados con lavado de activos. Como el sistema oral colombiano exige que la prueba testimonial se practique en audiencia, Moreno seguiría colaborando en los juicios que se adelanten en Colombia a través de medios electrónicos.

En lo que respecta a delitos cometidos como funcionario, el abogado ya fue llamado a juicio por concusión, al haber exigido en Colombia el pago por parte del exgobernador Alejandro Lyons para beneficiarlo en su proceso judicial. Por este delito puede recibir una pena de entre 6 y 10 años de prisión. Adicionalmente, se adelantan las investigaciones alrededor del material probatorio recaudado en sus dispositivos electrónicos durante su captura, en donde al parecer habrían hallado registro de otros hechos delictivos.