“Decreto sobre la marihuana es improvisado”

El senador Juan Manuel Galán (Partido Liberal) lleva varios años liderando la batalla para que el consumo de droga se califique como un asunto de salud pública. Lo consiguió hace seis años, cuando logró aprobar una ley que así lo estipula.

Ahora, su nuevo objetivo es regular el uso de la marihuana con fines científicos, medicinales y terapéuticos, para que la planta pueda ser adquirida por aquellos pacientes que busquen “mejorar su calidad de vida”, sin necesidad de caer en las garras de los microtraficantes.

Desde hace un año, Galán impulsa un proyecto de ley en la materia. Por eso, le confesó a Semana.com que lo tomó por sorpresa el proyecto de decreto diseñado por el Gobierno, precisamente para regular el uso medicinal de los derivados del cannabis. “No conocía el decreto, pero lo recibo con extrañeza y desconcierto”.

Sobre todo, dice Galán, porque desde hace más de seis meses viene trabajando en una mesa interinstitucional con el Gobierno precisamente para hacer ajustes y correcciones al proyecto que antes del mes de diciembre será debatido por el pleno del Senado.

Se trata de una mesa de la que hacen parte, entre otros, los ministerios del Interior, Justicia, Salud y Agricultura, y las instituciones que dependen de estas carteras y que tendrían funciones determinantes a partir del momento en que una ley regule el uso de la marihuana.

En esas reuniones se han incorporado al proyecto todos los requerimientos, dice el senador, para brindar seguridad jurídica a los pacientes a los que se les receten como paliativo las pomadas y aceites elaborados con el componente estupefaciente de la marihuana.

Y aunque el borrador de decreto conocido este jueves tenga los mismos propósitos perseguidos por el senador, este lo califica de “improvisado” y “plagado de falencias”. “Está lejos de darles seguridad jurídica a los pacientes”.

Según el proyecto de decreto, el Gobierno pretende otorgarle las funciones de otorgamiento de licencias a cultivadores de marihuana al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).

Galán considera esa decisión es “equivocada” porque el CNE es un órgano exclusivamente consultivo y que durante la historia ha sido una entidad inoperante. En su proyecto esta facultad se le otorga a la Dirección Nacional de Estupefacientes, adscrita al ministerio de Justicia, y al Instituto Colombiano Agropecuario, que depende del Ministerio de Agricultura. “Son entidades más capacitadas para ejercer la vigilancia y el control de las licencias”.

El segundo pecado que le advierte al decreto es que elimina la propuesta de su proyecto de crear un fondo con el sistema de tarifas y contribuciones que se deriven de la regulación de los cultivos. Ese nuevo recaudo, según la iniciativa, pretende alimentar el fondo de prevención que está destinado principalmente a la población escolar. “Hoy los colegios están cercados por el microtráfico, y el proyecto pretende que haya recursos para las tareas de prevención en los planteles educativos”.

Galán también considera que el decreto del Gobierno abre las puertas a las grandes multinacionales que pueden arrasar con todo el mercado de productores nacionales.

Otro reparo que le hace al decreto es precisamente la seguridad jurídica que brinda. Galán considera que un decreto puede ser tumbado por cualquier otro gobierno, lo que generaría mayor confusión y vacíos para los pacientes. Dice que la Constitución establece que debe ser mediante una ley, y dice que el proyecto que lidera es la herramienta más efectiva para blindar de seguridad jurídica la política de regulación.

Aunque el decreto aún está lejos de entrar a la vida jurídica, Galán le pide al Gobierno que lo congele y que le haga modificaciones sustanciales, además de ponerlo en sintonía con el proyecto que lidera en el Congreso.

A propósito de la iniciativa, el senador dice que ya fue radicada la ponencia para segundo debate y que en este momento está en una etapa de socialización con cada uno de los senadores y los partidos políticos. Dice que el Gobierno ha ratificado su respaldo a la iniciativa y confía en que antes del 16 de diciembre el Senado le dé su bendición.