“El trasplante sale de la plata de todos los colombianos”

El ministro de Salud, Alejandro Gavira, dijo este viernes que interpuso un recurso legal contra la decisión de juez que ordenó realizar un trasplante de médula ósea en Estados Unidos.

“Es un caso complicado donde uno como funcionario tiene doble responsabilidad”, manifestó Gaviria en entrevista con BluRadio. “Tenemos que ser sensibles ante una tragedia humana, pero también tenemos que cuidar los recursos de la salud. Creemos que la decisión del juez puede ir en contravía de la ley”.

Camila Abuabara es una joven de 25 años que recibe un tratamiento experimental en Estados Unidos por sufrir una leucemia que no responde a los tratamientos convencionales.

El funcionario señaló que el procedimiento requerido por la joven está dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS), por lo cual se puede realizar en Colombia. “Aquí puede haber un mal uso de recursos públicos, pues al hacerse en otro país como lo ordena el juez, sería el Fosyga y no la EPS el que terminaría pagando el trasplante de médula ósea”. En otras palabras, el procedimiento, que cuesta alrededor de 4.000 millones de pesos en EE. UU. –en Colombia cuesta unos 150 millones–, terminaría siendo pagado por todos los colombianos.

Todo esto, luego de que el pasado 5 de noviembre un juez de control de garantías en Bogotá ordenó a EPS Sánitas, en una medida cautelar, autorizar el procedimiento en Texas, dada la gravedad de la enfermedad de Abuabara.

Para frenar la decisión del juez, el Ministerio de Salud interpondrá una solicitud de suspensión de medida provisional porque, argumenta, va en contra de la ley y las mismas sentencias de la Corte Constitucional. Esto haría referencia a la sentencia T-180/13 según la cual “las EPS sólo están obligadas dentro del POS a suministrar los procedimientos con la tecnología existente en el país y a suministrar los servicios en salud a precios en moneda colombiana”.

Camila se trasladó a EE. UU. porque no pudo entrar en remisión del cáncer con los tratamientos avalados disponibles, por lo cual en Houston, Texas, se sometió a tres terapias experimentales, de las cuales solo respondió a la tercera, todas costeadas por la Fundación Sánitas. Ahora que se encuentra en remisión, puede ser sometida a la cirugía en Colombia, argumenta la EPS. (vea la respuesta de Sánitas).

Queja contra el ministro

Ante la respuesta del Ministerio a la decisión del juez, Abelardo de la Espriella, abogado de la joven bumanguesa, le dijo a Semana.com que “el ministro de Salud debería estar más preocupado por los robos de los recobros al Fosyga, los robos de Caprecom y las niñas enfermas en el Carmen de Bolívar que por un fallo que pretende salvaguardar una vida”.

El jurista asegura que presentará “una queja disciplinaria ante el procurador, porque (el ministro) está intimidando con amenazas al juez que autorizó el procedimiento”.

De la Espriella también indicó que las acciones que el Ministerio pretende interponer no tienen procedencia: “Su formación como economista (de Gaviria) no le permite entender eso y debería asesorarse mejor (...) El ministro parece estar representando a las EPS”.

En conversación con Semana.com, Camila aseguró que el trasplante alogénico que requiere es nuevo en el país y solo se realiza “en dos hospitales. (En Colombia) sólo tienen cuatro años de experiencia. No saben qué hacer en el periodo posterior al trasplante con pacientes que han tenido tres recaídas como yo. A la EPS no le importa el grado de efectividad”.

Sin embargo, según el Instituto Nacional de Salud, entre las instituciones que tienen unidad de trasplantes de médula ósea se incluyen la Clínica Marly (Bogotá), el Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín), la Fundación Valle del lili (Cali), la Fundación Santa Fe de Bogotá (Bogotá), la Fundación Oftalmológica de Santander (Bucaramanga), el Instituto Nacional de Cancerología (Bogotá), el Hospital Militar (Bogotá), el Hospital San Vicente de Paul (Medellín), el Hospital San Ignacio (Bogotá), la Clínica Imbanaco (Cali), el Instituto de Trasplante de Médula Ósea de la Costa (Barranquilla), la Clínica las Américas (Medellín), la Fundación Hospital de la Misericordia (Bogotá), la Clínica Somer (Rionegro, Ant.) y la Clínica Soma (Medellín).

Según la EPS, “Sánitas nunca le ha negado nada a Camila, se le han dado todas las atenciones y, de hecho, por reserva de la historia clínica, no se han dado a conocer conductas de ella que atrasaron algunos servicios”.

Aunque Camila y su abogado arguyen que la presunta negligencia de EPS Sánitas es responsable de las complicaciones que ha sufrido luego de serle diagnosticada su leucemia, alguien familiar con el caso indica que la joven habría “incumplido y retrasado citas programadas con su hematológo en noviembre del 2013”, porque habría presentado “efectos secundarios a los opioides que recibía para el dolor”. Esto, un mes antes de que sufriera una recaída de su leucemia.

Carga probatoria

Sobre el enfrentamiento legal entre el Ministerio de Salud y la joven ahora radicada en Estados Unidos, el expresidente de la Corte Constitucional Jaime Araujo explica que, en un Estado de Derecho, prima el respeto por las decisiones de los jueces.

“Si no se está de acuerdo con la orden dada por un juez, se puede interponer los recursos legales correspondientes, pero si hay orden judicial es para cumplirla, no para desconocerla por los medios de comunicación, independiente de si tiene o no la razón”, afirma.

El jurista dice que al momento de tomar una decisión, los jueces dan prioridad al concepto del médico tratante.

“El abogado no conoce los antecedentes científicos, por tanto, si hay que atender a una persona en cierto sitio con determinados recursos, se prioriza la salud. El juez le cree al médico. (En el caso de Camila) ya vendrá la decisión de fondo. (Sánitas) puede interponer un recurso de apelación, que luego llegue a la Corte Constitucional. Pero es la EPS la que debe demostrar, con peritos médicos, que el procedimiento se puede hacer en Colombia”, concluye.

Mientras que los jueces dirimen dónde se realiza y quién paga el trasplante de Camila, su caso aviva el debate en torno a si el sistema de salud puede y tiene los recursos para pagar todos los procedimientos, medicamentos y tratamientos que quieren los colombianos o si estos deben tener un límite frente a la inviabilidad financiera de un Estado paternalista, pero corroído por la corrupción.