ONU: Bandas criminales son el principal impulsor del terror en Colombia

Las nuevas bandas criminales fueron el principal impulsor del terror en Colombia y provocaron un incremento del 40 por ciento de las masacres en ell 2010, según la ONU, que, al tiempo, destacó avances en las políticas de derechos humanos desde cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia. 
 
Estas son algunas de las conclusiones del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado hoy en Bogotá y en el que se evidencia que, si bien el conflicto armado sigue siendo uno de los mayores generadores de violencia, las nuevas bandas se presentan como la mayor amenaza.
 
El representante en Colombia de la ONU, Christian Salazar, dijo que estos grupos, también denominados ‘BACRIM’ por el Gobierno, cometieron "homicidios, amenazas, extorsiones, actos de violencia sexual y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos".
 
Salazar consideró "particularmente preocupante" el aumento del 40 por ciento de las masacres el año pasado, la mayoría a manos de estas bandas.
 
Para el funcionario, estas organizaciones, nacidas a partir de la desmovilización de las AUC en el 2006 , tienen "elementos de continuidad" con los antiguos paramilitares.

"Muchos mandos medios de las AUC tomaron posiciones clave en estos nuevos grupos", dijo, al expresar que alrededor del 50 por ciento de los actuales jefes provienen de los escuadrones de la muerte.

Para Salazar, "el móvil fundamental es la obtención de lucro económico" y por ello "ejercen control social y recrean estructuras similares a la delincuencia organizada", aunque "sin evidenciar una clara y coherente ideología o intencionalidad política".

"Son la principal amenaza al estado de derecho y a los Derechos Humanos en Colombia", subrayó, para precisar que son además los causantes de la mayoría de las masacres perpetradas en el 2010.

Aclaró que sus víctimas son líderes sociales, defensores de los derechos humanos, funcionarios, indígenas y aquellos que simplemente se niegan a colaborar o solicitan la restitución de las que tierras que les habían usurpado.

Así mismo, alertó del uso de niños y adolescentes en actividades delictivas, incluido el sicariato, y también por la violencia sexual contra las mujeres en este contexto de conflicto.

Salazar también informó hoy de que, según los datos aportados por la Fiscalía General y los recabados por su propia oficina, el número de ejecuciones extrajudiciales practicadas en su mayoría por el Ejército en los últimos años se elevaría a 3.000.

"El 89 por ciento de todos los casos que conocemos se produjo en ese lapso, del 2004 al 2008", matizó en alusión a la mitad del mandato de Uribe, quien gobernó entre 2002-2010.

El representante de la ONU se refirió así al escándalo de los ‘falsos positivos’: civiles asesinados por el Ejército y presentados como muertos en combate para justificar éxitos en la confrontación armada.

Aclaró que "las sentencias dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias no eran falsas, como habían sostenido algunos políticos y militares", y dejó clara la falta de colaboración de la Justicia militar.

"Ante las ejecuciones cometidas por la fuerza pública es imperativo que el Estado colombiano avance en los procesos judiciales (...) para esclarecer en el menor tiempo posible todas las denuncias", insistió Salazar.

En definitiva, el alto comisionado consideró que "el panorama de los derechos humanos durante el 2010 se caracterizó por una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras que contrastan con la persistencia de serias violaciones en las diferentes regiones".

En ese sentido, reconoció el nuevo "clima político" impulsado por el gobierno de Santos, traducido "en una mejora significativa de las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial y con las organizaciones de derechos humanos".

Salazar mencionó la Ley de Víctimas y el hecho de que el Gobierno mantuviera "firme su posición de no excluir a las víctimas de agentes del Estado" frente a la imposibilidad de sacar adelante esa legislación durante la gestión de Uribe.

También valoró la Ley de Tierras, por la que se espera devolver dos millones de hectáreas a despojados; pero ahí llamó la atención porque, a su juicio, ese proceso debe ir acompañado de medidas de protección.

EFE