A paso lento

En un país acostumbrado a oír malas noticias hay, sin embargo, algunos hechos que tienen más resonancia, especialmente si en ellos están implicados -como víctimas o como victimarios- personajes de la vida pública o funcionarios. En los dos últimos años, varios escándalos han ocupado las primeras planas de los periódicos: homicidios imputados a un jefe paramilitar que en pleno proceso de paz se rasgó las vestiduras en el Congreso de la República, las torturas a soldados por parte de sus superiores, civiles muertos a manos del Ejército, el director del departamento de inteligencia implicado en delitos relacionados al paramilitarismo, un político acusado de ser el autor intelectual de la muerte de un candidato presidencial, falsos atentados y atentados reales. De todos ellos se ha hablado ampliamente en el momento en que suceden, el presidente Álvaro Uribe ha salido a condenar públicamente los hechos y la justicia ha prometido exhaustivas investigaciones ¿Qué curso han tomado estos grandes procesos judiciales? SEMANA averiguó en qué van. Aplausos, en unos casos, y rechiflas, en otros, para la justicia.
 
Alberto Santofimio
 
La muerte de Luis Carlos Galán lleva 18 años en la impunidad, gracias a una justicia que cojea, se equivoca y nada que llega. Después de haber encarcelado a un hombre que resultó ser inocente, aparecieron las declaraciones de 'Popeye', uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar, que señalan a Alberto Santofimio (foto) como el autor intelectual del magnicidio.

Durante años, varios fiscales consideraron que las declaraciones de 'Popeye' eran insuficientes para poner al político tolimense tras las rejas. El fiscal Luis Camilo Osorio las revaloró, abrió investigación formal y, desde hace un año y medio está preso en el pabellón de alta seguridad de La Picota. En este tiempo se le ha oído en indagatoria varias veces y las partes han aportado pruebas y testigos a la espera de una decisión de la justicia. Los términos para precluir el proceso o para condenarlo están a punto de vencerse y, por eso, se espera que el fallo de primera instancia del juez... salga antes de mediados de diciembre.
 
 El atentado a Germán Vargas
 
El 10 de octubre de 2005 fue detonado un carro cargado de dinamita cuando pasaban el senador Germán Vargas Lleras (foto) y sus escoltas por la carrera novena con calle 71 de Bogotá. En los hechos resultaron heridas cuatro personas. El caso está desde hace más de un año en la Fiscalía 20 de la Unidad nacional contra el terrorismo y aún permanece en indagación previa. Aun tratándose del atentado a un congresista, la justicia no ha avanzado. Trece meses después no han sido encontrados los responsables y el proceso no sale de la etapa de averiguaciones. ¿Qué será de los ciudadanos de a pie?
 
Jorge Noguera
 
El ex director del DAS Jorge Noguera (foto) tiene en la Fiscalía, desde abril de este año, un proceso por manipulación y alteración de antecedentes de narcotraficantes, otro por hacer caso omiso a la orden judicial de trasladar un preso a la cárcel de Cómbita y retenerlo por un mes en los calabozos del DAS. El tercero por fraude en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de 2002. Y uno último por la infiltración de paramilitares en el DAS y la posible relación de la institución con las amenazas y las muertes de varios sindicalistas y profesores, entre ellas la del profesor Alfredo Correa de Andreis.

El tiempo límite que tiene la Fiscalía para abrir formalmente o archivar una investigación es de seis meses. Sin embargo, el proceso sobre manipulación y alteración de los antecedentes de narcotraficantes arrancó en abril de este año y todavía está en indagación previa. Durante estos siete meses sólo se oyeron dos declaraciones y se ordenaron algunas pruebas.

En el proceso por retener un preso en los calabozos del DAS durante casi un mes, el Fiscal se ha demorado tres meses para hacer una audiencia de imputación de cargos que es una de las diligencias más sencillas de los procesos judiciales. Curiosamente, en relación con su presunta participación en el fraude a las elecciones de 2002 -que es el caso más complicado de probar- la justicia se tardó sólo un mes en abrir investigación formal para determinar si es culpable o no de la acusación. El caso que más se ha movido en la Fiscalía es el que tiene que ver con la infiltración de paramilitares en el DAS y su relación con la muerte de sindicalistas y maestros. Se han practicado varias pruebas y se ha recibido declaración de varias personas, entre ellas de 'Jorge 40'. Hace tres semanas, se le pidió al CTI enviar la información recogida en el computador del jefe paramilitar, y la Fiscalía 33 especializada de Derechos Humanos remitió documentos que podrían relacionar a Noguera con el homicidio de Correa de Andreis.

Enilce López 'La Gata'
 
La reina del chance, Enilce López (foto) fue capturada en febrero de 2006 junto a su hermano medio Arquímedes Segundo, por unos documentos en los que aparecen registradas transacciones financieras non sanctas. Una transferencia de 800 millones de pesos hecha por su hermano a una de sus cuentas, aparentemente para camuflar la millonaria suma que recibió del municipio de Montecristo, fue suficiente para que se allanara su casa de Magangué y la pusieran presa. A los pocos días fue trasladada a la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, en donde rindió indagatoria y se le formularon cargos por peculado por apropiación y lavado de activos. El pasado 2 de noviembre, después de nueve meses de iniciado el proceso, el fiscal 10 especializado de la Unidad de lavado de activos cerró la etapa probatoria de la investigación.

Si la justicia cumple los términos que debe cumplir, en el lapso máximo de un mes la Fiscalía deberá decir si encontró mérito para dictar resolución de acusaciones por uno o los dos delitos de los que se le acusa, o decidir si precluye la investigación porque considera que las pruebas no son suficientes. Si la acusa, el expediente pasará a los jueces penales del circuito de la ciudad de Cartagena, que son sus jueces naturales.

Don Berna
 
En abril de 2005 aparecieron asesinados Orlando José Benítez, diputado a la asamblea de Córdoba; su hermana Liris Benítez, y el conductor José Francisco Mestra. Los testigos señalan que las tres personas regresaban a Montería desde el municipio de Valencia donde estaban en una jornada proselitista, y que antes de abordar el planchón en el que atravesarían el río, fueron interceptados por varios hombres del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna' (foto).

En un año, la Fiscalía realizó las diligencias necesarias para acusar, en abril de 2006, a 'Don Berna', Yonnis Manuel Blanco, alias 'Tapón' y Manuel Camilo Monterroso Ramos de ser los responsables del homicidio del diputado y sus dos acompañantes. Además, los acusó por concierto para delinquir. Aunque la decisión de la Fiscalía fue apelada, la Unidad delegada ante el Tribunal Superior confirmó la acusación. Tener, en 11 meses, una resolución de acusaciones apelada y resuelta en segunda instancia es un récord para la justicia colombiana.

Torturas a los soldados
 
El pasado 21 de enero, 30 soldados de la compañía Escorpión del Batallón Patriotas que realizaban una práctica en el centro de entrenamiento de la Sexta Brigada en Piedras, Tolima, fueron vendados, atados de manos, golpeados y quemados, sumergidos de cabeza en un pozo de barro y estiércol, hundidos en el río hasta producirles señales de ahogamiento y, algunos, sometidos a vejámenes sexuales por parte de sus superiores.

El caso, inicialmente, estuvo a cargo de la Justicia Penal Militar, pero el Consejo Superior de la Judicatura ordenó darle traslado a la Fiscalía para que fuera resuelto por la justicia ordinaria. Entre mayo y septiembre se vinculó a 14 militares a la investigación. Todos debieron rendir indagatoria, se les imputó el delito de tortura agravada y se ordenó su detención preventiva. Hasta el momento se le ha recibido declaración a la mayoría de soldados afectados y se les ordenaron exámenes físicos y sicológicos para determinar su estado de salud. En este momento, la Fiscalía hace ampliación de las indagatorias y revisa el proceso disciplinario en curso. En este caso, la justicia está actuando más rápidamente de lo usual.
 
 Los muertos de la IV Brigada
 
A comienzos de este año, la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Antioquia, presentó los cadáveres de 30 civiles como guerrilleros "dados de baja" durante enfrentamientos. Una comisión de investigadores, creada por el gobierno, presentó en julio un informe final sobre el curso de la investigación que inicialmente estuvo en manos de la Justicia Penal Militar y que ordenó la detención preventiva de 18 uniformados, entre ellos un oficial, cuatro suboficiales y 13 soldados.

Actualmente, la jurisdicción penal militar y la ordinaria están en un conflicto de competencias que aún no ha sido resuelto. Aunque esa ha sido la excusa para explicar por qué los procesos no han avanzado desde abril, la ley dice que cuando se presentan estas diferencias, los términos para abrir formalmente o archivar una investigación -de seis meses- no quedan suspendidos. salvo que el proceso esté en etapa de juicio. Y éste no es el caso.

Falsos Positivos
 
Entre el 24 de julio y el 27 de agosto fueron hallados en Bogotá, Sibaté y Fusagasugá, tres vehículos cargados de explosivos. Inicialmente se creyó que hacían parte de un plan terrorista de las Farc para

desestabilizar el país en la segunda posesión de Uribe. A finales de septiembre, el mismo comandante del Ejército denunció que esos carros bomba formaban parte de un plan de algunos militares para cobrar positivos ante sus superiores. Aunque luego el gobierno se echó para atrás en esas imputaciones, la duda sigue.

En el episodio de Sibaté dos personas fueron capturadas, pero después quedaron en libertad. Ese es el único de los tres casos que tiene abierta investigación formal. Los hechos de Fusagasugá y Bogotá, que también están en la Unidad nacional contra el terrorismo, están aún en indagación previa. La justicia no ha dado pasos importantes en uno de los hechos más vergonzosos en los que se ha visto involucrado el Ejército Nacional.