La otra causa del procurador contra los transexuales

Para nadie es un secreto cuáles son las convicciones del procurador Alejandro Ordóñez frente al ejercicio abierto de la homosexualidad. Si bien no se le pueden atribuir agresiones directas ni actos ofensivos contra la comunidad LGBTI, se ha opuesto a decisiones judiciales, medidas legislativas y administrativas que buscan ofrecerles cierto trato igualitario.

Ahora, según se supo, busca tumbar el decreto que les permite a personas transsexuales pedir el cambio de sexo en su cédula.

El jefe del Ministerio Público le pidió al Consejo de Estado suspender provisionalmente ese acto administrativo. A su juicio, la norma es ilegal porque desconoce cuáles son las exigencias de la ley para identificar el sexo de los ciudadanos. Según él, esta identidad se debe definir biológicamente y no a partir de la convicción de género del solicitante.

En junio de este año, el Gobierno puso fin a los exámenes médicos que -a su juicio- atentaban contra la dignidad de personas transsexuales o incluso hermafroditas que buscaban cambiar el sexo con el que eran identificadas en su cédulas. Por eso permitió que se pudiera tramitar el cambio con su simple declaración, y eliminar así las complicadas y tortuosas pruebas científicas que eran exigidas en estos casos.

La Procuraduría no lo vio con buenos ojos. Concluyó que los Ministerios de Justicia y el Interior actuaron fuera de la ley. A su juicio, no estaban autorizados para eliminar el requerimiento relacionado con el examen biológico porque no existía una autorización del legislador para hacerlo.

Por eso interpuso la demanda, en la que además pide que mientras se adelanta el juzgamiento, se suspendan sus efectos. De prosperar, miembros de la comunidad LGBTI no podrían continuar acudiendo a este procedimiento expedito para el cambio de sexo en su identificación.

Según el escrito presentado por el Ministerio Público, conocido por Semana.com, esta norma podría dar lugar a que la comunidad gay termine obteniendo derechos que hoy no le son reconocidos por la ley ni por la jurisprudencia. El procurador teme que, una vez autorizado el cambio de identidad, personas trans puedan adoptar o celebrar matrimonios, en los mismos términos en los que hoy solo pueden hacerlo las parejas heterosexuales.

Veremos cómo termina este nuevo pulso del Ministerio Público, que no sólo lo ha enfrentado con la comunidad gay. También lo ha visto inmerso en una puja permanente con el Gobierno y las propias altas cortes, que en no pocos episodios han sido los causantes del malestar del procurador. Entre sus aliados, sin embargo, se podría contar al legislador que, como él, se ha opuesto a proyectos que buscan el ejercicio de la homosexualidad abierto y sin restricciones.

¿Quién ganará esta vez?