El fast track debilitó la gobernabilidad de Santos

El balance de la recta final del fast track es agridulce para el Gobierno. No solo por los números que dejó en materia de proyectos aprobados y las discusiones que hay en torno a la forma en que se ejecutó todo el proceso, en especial en la tensionante recta final, sino también por la debilidad que se evidenció en la gobernabilidad que ahora tiene la Casa de Nariño en el Congreso.

El panorama tiende a ser preocupante y más porque aún faltan 8 meses de gobierno y el respaldo de los congresistas es clave en varios aspectos, en especial en todo lo relacionado con el desarrollo del posconflicto y la consolidación de la paz a nivel territorial. No es solo la mecánica legislativa la que está en juego, sino la posibilidad de tener aliados en las regiones para potenciar el mensaje de la principal bandera política del saliente gobierno.

Este tipo de situaciones difíciles suelen ser tradicionales cuando un mandatario está terminando periodo, en este caso es Juan Manuel Santos, porque los congresistas le ponen mucha más atención al proceso electoral del que depende su eventual reelección y, por supuesto, buscan tender lazos con los candidatos presidenciales que más opciones tienen de llegar al poder para garantizar su favor en la siguiente legislatura.

Todo esto lo saben perfectamente en la Casa de Nariño y fue parte de los análisis que realizó en una corta reunión que Santos lideró muy temprano este viernes con parte de su gabinete ministerial, durante la cual se hizo un balance final del fast track y se exploraron caminos para determinar qué se debe hacer hacia futuro para terminar de implementar todo lo relacionado con los acuerdos con las Farc. Hubo, incluso, varias llamadas hacia otros sectores para hacer consultas.

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Lo que prendió la alerta definitiva fue lo que pasó en la última plenaria del Senado, el jueves 30 de noviembre. Se desató una intensa discusión sobre si finalmente está o no aprobada la reforma constitucional que le da vida a las 16 circunscripciones especiales para la paz. Mientras el secretario de la corporación, Gregorio Eljach, certificó que el proyecto no tuvo los votos necesarios para ser aprobado, pues le quedó faltando uno, el Gobierno insiste en que el quórum es menor porque hay tres sillas vacías y así las cosas lo entiende aprobado.

Claro que más allá de la discusión jurídica, que tiene muchas aristas y en la que se metió hasta el exvicepresidente y candidato Germán Vargas Lleras, poniéndose en la orilla de los que consideran equivocado al Gobierno, lo que quedó en evidencia es que Santos y sus propuestas ya no cuentan con apoyo mayoritario. De hecho, varios legisladores admiten que la ley de garantías -que ya aplica a nivel territorial- deja al Ejecutivo sin margen de maniobra.

Para desarrollar el acuerdo de paz durante la vigencia del fast track el Congreso únicamente aprobó 8 normas (las circunscripciones de paz aún están en vilo), de más de 40 previstas, y se quedaron en el camino otras 9, incluyendo la reforma política que se votó negativamente y, caso paradójico, fue la votación más alta durante toda la vigencia del mecanismo.

Claro está, y hay que decirlo, para Santos el balance público es otro. Desde Cali, en una ceremonia de ascensos de la Fuerza Pública, aseguró que "todo este proceso de paz tiene una gran legitimidad" y que en el país "se protocolizó una nueva etapa al terminar las reformas en este periodo de fast track". Esto lo dijo, en especial, por la Justicia Especial para la Paz (JEP).

"Fue muy duro todo este proceso, porque nos enfrentamos con unos adversarios que no tenían escrúpulos", enfatizó el Jefe de Estado.  

Pero tan debilitada salió la gobernabilidad, como se concluye tras el balance de esta atípica legislatura, que se enfocó en realizar el desarrollo legal de la paz, que hasta los más firmes aliados del presidente Santos salieron a criticar su papel durante este proceso. Y la oposición, en especial la del uribismo, quedó con baterías para arreciar sus críticas.

Uno de ellos fue el senador de la U Armando Benedetti, quien enfatizó que la conclusión de todo esto, en especial por la debacle que se desató por las circunscripciones de paz, es que "la implementación fracasó y Colombia no tiene premio nobel de paz".

Una opinión similar tiene el senador conservador Juan Diego Gómez, cuyo partido acompañó varias de las iniciativas de paz de Santos, pero al final cambió de postura. De hecho, fue más concreto y advirtió que "el manejo del Congreso no está fácil".

Otra tesis que existe y quedó en evidencia tras las últimas sesiones es que los congresistas no están yendo a las citaciones o, si acuden, no cumplen con su obligación legal de votar los proyectos que están en discusión a pesar de haberse registrado. Este aspecto lo analiza la Procuraduría General, que tiene poder disciplinario sobre los miembros del Capitolio, y anunció que revisará las listas de asistencia del último año. Podría haber duras sanciones.

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De hecho, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, compartió esta tesis y recordó que "según la ley 5 de 1992 (reglamento del Congreso), si un congresistas está en el recinto tiene la obligación de votar", en referencia al caso de que en la votación de la conciliación de las circunscripciones de paz 43 senadores no sufragaron a pesar de estar en el recinto de la plenaria. Esta duda, en especial, es para los de Cambio Radical y el uribista Centro Democrático.

Más allá de la discusión legal, lo que también quedó en evidencia es que el Ejecutivo no tiene la misma fuerza de antes en el Congreso, explicable porque, entre otras cosas, va de salida y el año electoral cobra mayor importancia para la legisladores.

La paz no está dejando mayores réditos electorales y el interés particular de preservar votos y curules fue más importante para muchos congresistas. A ello se debe sumar el hecho de que en enero entra en vigencia la ley de garantías a nivel nacional. Algo que impactará. Esta radiografía, en plata blanca, deja claro la forma en que la gobernabilidad de Santos está en ‘cuidados intensivos’.