Implicado en ‘carrusel de contratos’ pagaría prisión domiciliaria

Luis Eduardo Montenegro, exsubdirector técnico del IDU otra de las fichas clave dentro de los implicados en el llamado ‘carrusel de la contratación en Bogotá’ consiguió que la juez 16 penal del circuito de Bogotá le aprobara el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía para pagar una condena inferior a cambio de colaborar con la justicia.

Montenegro aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por omisión que le habían sido imputados por la Fiscalía.
Al aceptar los cargos, la condena que deberá pagar el exfuncionario será de 6 años 4 meses y 20 días de prisión, la cual pagará en su domicilio pues se acreditó plenamente que el procesado es padre cabeza de familia.

A cambio de los beneficios, Montenegro se comprometió a ser testigo de cargo de la Fiscalía en otros procesos y a entregar información sobre las irregularidades en el tema de contratación de la fase III de TransMilenio. Además deberá pagar una multa de 87 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El pasado 16 de julio la negociación había sido tumbada por un juez porque los argumentos con los que se pretendió demostrar que el exfuncionario -procesado por dos delitos contra el patrimonio público- podía recibir detención domiciliaria, con el argumento de ser padre cabeza de familia, ha habían sido demostrados a plenitud.

La Fiscalía argumentó en ese entonces -a través de diferentes documentos e informes de profesionales- que Montenegro debía estar en su casa velando por la protección de su esposa, al parecer enferma, y de sus dos hijos menores de edad. La sustentación no dejó conforme a la juez y, por el contrario, desató las críticas por aparentes irregularidades.

Uno de los casos citados fue el de una trabajadora social del ICBF, que realizó una visita al lugar de residencia de Montenegro, luego de la cual acreditó la importancia de la presencia del padre en el hogar sin contar con elemento de juicio que le permitieran hacer una valoración a fondo de las condiciones verdaderas en las que se encuentra la familia, según dijo la juez en ese entonces.

Indicó que todo señala que la funcionaria no usó protocolo alguno de los que seguramente se tienen en la entidad para hacer los diagnósticos y que entró a manifestar apreciaciones médicas, sin ser una profesional en el área.

Los abogados Montenegro y la Fiscalía intentaron además hacer ver que uno de los hijos del exfuncionario padece un síndrome que hace necesario el cuidado del padre, ante las serias complicaciones de salud que tendría la progenitora del menor. La juez fue enfática en argumentar que la historia clínica dan cuenta que el joven puede mantener una vida normal, salvo algunas alteraciones propias de la enfermedad.

Otra de las causas que se tuvo en cuenta a la hora de negar el principio de oportunidad, es que los dos hijos mellizos de Montenegro en dos meses de cumplir su mayoría de edad.
Al hacer las correcciones frente a las críticas de ese entonces, el nuevo preacuerdo presentado fue aceptado del todo por la juez 16 penal del circuito.