Sentencia histórica por asesinato de reincorporado: más de 42 años deberá pagar el responsable de ordenar el homicidio

Un fiscal adscrito a la Unidad Especial de Investigación (UEI) logró una sentencia histórica al obtener una condena de 42 años y 8 meses de prisión para Alirio Castaño Pérez, quien fue hallado responsable de ordenar el asesinato de dos personas, una de las cuales era el reincorporado Bonargen Silva Niño. Este contundente fallo fue emitido por un juez de la República en Caquetá.

Los terribles hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2017 en la vereda Guadalajara del municipio de Solano, en el departamento de Caquetá. En esa fecha, individuos armados, siguiendo las instrucciones de Castaño Pérez, perpetraron múltiples disparos contra las dos víctimas. La investigación de la Fiscalía determinó que este crimen estaba relacionado con un conflicto de tierras.

La evidencia presentada en el juicio reveló que el acusado pagó la suma de 400 mil pesos a tres personas para llevar a cabo el doble homicidio. Alirio Castaño Pérez fue declarado culpable de los delitos de homicidio agravado, así como de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En otro caso relacionado con homicidios de reincorporados, la Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías dictara medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Juan Arturo Ramos Calderón. Este individuo enfrenta acusaciones por su presunta participación en el asesinato de dos personas, una de las cuales era el reincorporado Carlos Cortés Henao.

Los trágicos sucesos tuvieron lugar el 16 de abril en la vereda Los Molinos de Florencia, también en el departamento de Caquetá, cuando un grupo de hombres armados llegó al lugar. Las víctimas fueron sacadas a la fuerza de una vivienda y obligadas a subir a motocicletas que tomaron rumbo desconocido. Los cuerpos de las víctimas fueron posteriormente encontrados con impactos de bala.

Según las investigaciones, Juan Arturo Ramos Calderón sería miembro de la organización ilegal conocida como ‘Ismael Ruíz’, la cual opera en los departamentos de Huila y Caquetá. Un fiscal adscrito a la UEI presentó cargos contra el acusado por homicidio, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y estos cargos fueron aceptados por el procesado.

Firmante del acuerdo de paz, en condición de discapacidad, fue secuestrado en Arauca

De otro lado, no cesan los secuestros en Colombia. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reportó, el pasado lunes 14 de agosto, el secuestro de un firmante del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional. Se trata de José Angarita Albarracín, un hombre en condición de discapacidad.

El firmante, de 43 años, fue secuestrado por hombres armados en Saravena, departamento de Arauca. Según la ARN, Angarita adelanta su proceso de reincorporación en el AETCR de Filipinas, del municipio de Arauquita.

Lo más lamentable de este hecho es que Angarita Albarracín es una persona en condición de discapacidad y padre de dos hijos. Actualmente, es integrante de la Asociación Construyendo Huellas de Paz y de la Asociación Nacional (Conelaec).

“Exigimos respeto por su vida, su liberación inmediata, y expresamos nuestra solidaridad a su familia y comunidad”, escribió la ARN en la red social X, antes Twitter.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este año han sido asesinados 24 firmantes del acuerdo de paz. Una cifra alarmante y por la que se hace un llamado al Gobierno Nacional para tomar acciones que garanticen la seguridad de los antiguos guerrilleros de las Farc. El más reciente fue el de Alex David Rivera. Según Indepaz, Rivera estaba realizando su proceso de reincorporación en el ETRC Dagoberto Ortiz, en Monterredondo, municipio de Miranda, departamento de Cauca. Su asesinato se registró el lunes 10 de julio en la vereda Tierreros, del municipio de Toribío.