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El superintendente José Miguel Mendoza fue el encargado de anunciar la decisión. | Foto: Fotomontaje SEMANA

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Superservicios ordena liquidar Electricaribe

El Gobierno inicia la búsqueda de un nuevo operador que preste el servicio a 2,5 millones de clientes. Mientras tanto, la entidad seguirá administrando Electricaribe.

14 de marzo de 2017

Después de cuatro meses de intervención el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, anunció que el Gobierno comenzará la búsqueda de una nueva compañía que preste el servicio de energía en la costa Atlántica ante la determinación de liquidar Electricaribe.

La drástica decisión se tomó ante la deficiencia en la prestación de servicio durante años en los siete departamentos de la costa: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

La entidad señaló que mientras se abre el proceso de búsqueda que espera que no demore más de un año, la Superintendencia seguirá administrando Electricaribe. "Hoy hemos dado un paso definitivo para remediar los problemas estructurales que han deteriorado el servicio de energía en la costa", dijo Mendoza y sostuvo que se iniciará la venta de activos para cumplir las obligaciones que ascienden a 2,4 billones de pesos, de los cuales 1,8 billones son deudas con los bancos. El Gobierno garantizó que se continuará prestando el servicio.

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Por su parte, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, dijo que este es el día más feliz para el Caribe porque los habitantes estaban cansados del mal servicio de la empresa. Afirmó que es una decisión sorpresiva y esperan que llegue una nueva firma que atienda bien a los costeños para que no sigan mendigando la prestación del servicio.

A raíz de la medida el presidente Juan Manuel Santos se manifestó y aseguró que se trata de una decisión responsable. "Prioridad es que ni usuarios ni empresas sufran por suministro de energía", dijo por medio de Twitter.

Esta decisión implica además que Electricaribe seguirá adelante con la demanda internacional que tiene en pie por más de 1,000 millones de euros. Ante esto Mendoza dice que no puede dejar de cumplir sus obligaciones constitucionales por una amenaza de demanda.

Al respecto el gobierno español ofreció su apoyo a GNF "si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición" e instó a Colombia a seguir dialogando con la compañía española para poder "alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes".

"Dicha decisión no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica, a pesar de las circunstancias adversas ajenas a la propia empresa", declaró el ministerio español de Exteriores en un comunicado.