Ordenan mejorar salubridad en las cárceles

La situación de hacinamiento en los centros de reclusión del país es grave y varias acciones judiciales se han encaminado a la toma de medidas para enfrentar la crisis de hacinamiento reflejada en un sobrecupo del 58 %, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

También los jueces han hecho todos tipo de pronunciamientos en sus fallos sobre la crisis en la prestación del servicio de salud en los penales del país. Pero a eso, tal parece, se le ha prestado poca atención.  

Ahora hay una nueva decisión, esta vez del Tribunal Administrativo de Antioquia que ratificó el fallo de un juez de Medellín a raíz de una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo. El funcionario ordena prestar un adecuado servicio de salud a los 14.588 internos que están en 20 cárceles adscritas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en ese departamento.

Acogiendo las solicitudes de la Defensoría del Pueblo, el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a la Dirección de Atención y Tratamiento del Inpec y a Caprecom EPS que brinden a todos los internos de los centros penitenciarios de Antioquia una atención integral y oportuna en salud.

Además, el fallo ordena realizar los acondicionamientos de las áreas de sanidad, brindar servicio de medicina general y especializada, suministrar de manera oportuna los medicamentos que los médicos ordenen, prestar atención odontológica, agilizar las autorizaciones de exámenes y dar trámite oportuno a la remisión de los internos para las consultas médicas.

Funcionarios de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, además de la Regional de Antioquia de la Defensoría del Pueblo, visitaron a finales de julio pasado los centros penitenciarios de Bellavista, El Pedregal, Itagüí y Puerto Triunfo y encontraron varias falencias, como que en ninguno había médicos que presten la atención en salud de manera permanente.

La Defensoría del Pueblo comunicó que seguirá vigilando que se protejan los derechos de los internos y reitera la urgencia de tomar medidas de fondo para enfrentar "la crisis en el sistema penitenciario del país, particularmente agravada por el hacinamiento que, para el caso de Antioquia, ronda el 80 %, superior al ya crítico 53 % a nivel nacional".