La Fiscalìa, infestada e infiltrada

La Fiscalía, infestada e infiltrada.

“La justicia es la virtud suprema de la sociedad”.

En la Fiscalía, los corruptos no son todos los que están, pero si están todos los que son.

¿Tendrá el Fiscal Montealegre el antídoto para estas plagas?

La presunción de inocencia es un principio jurídico establecido a favor de la persona como garantía a un debido proceso y a su libertad, sin que éste pueda tomarse como un primer paso hacia la impunidad y, mucho menos, servir como medio para atornillar a un servidor público en su cargo impidiendo la separación temporal, práctica muy común en nuestro medio, lo que no sólo es visto con malos ojos, sino que de alguna manera puede llegar a interferir en el desarrollo de la investigación.

Los operadores jurídicos en Colombia, tanto en la investigación e imputación de cargos y en la etapa de juzgamiento, están en el deber ineludible de cumplir y aplicar la normatividad sustantiva y procedimental penal vigente en toda su integridad, no permitiendo desde su inicio que las normas rectoras se tergiversen y se interpreten erróneamente dando una aplicación amañada a un hecho que de manera clara e inequívoca encuadra en las características básicas que estructuran el tipo penal.

“La justicia es la virtud suprema de la sociedad”, así lo advierte el filósofo estadounidense Jhon Rawls, y le asiste toda la razón. La justicia garantiza la supervivencia de la comunidad. Una justicia politizada o corrupta o desperdigada de las otras ramas del poder público o egoísta dentro de su seno con las otras áreas especializadas u ostentando más poder con sus decisiones, sólo nos conduce al despeñadero, al caos o anarquía, creando un ambiente de zozobra y de desconfianza inconmensurable entre los asociados.

 No deja de ser preocupante y motivo de incertidumbre e inseguridad jurídica constatar diversos variopintos en las diligencias de investigación o de juzgamientos, absolutorios o condenatorios o inhibitorios, por unos mismos hechos y/o conductas que sólo difieren en circunstancias de tiempo y lugar, siendo los resultados de la investigación o de la sentencia sesgados y/o  selectivos en consideración al personaje implicado.

 Si bien es cierto que a los operadores judiciales se les debe respetar su autonomía e independencia, también lo es, que los superiores deben ejercer un control en relación de dependencia, a fin de evitar situaciones omnímodas y omnipotentes de ciertos funcionarios que conducen indefectiblemente a cometer desafueros en el ejerció de sus funciones. Esta justicia es propia de los regímenes despóticos.

Casos concretos se tienen por doquier en la Fiscalía en donde  las diligencias investigativas se ven sesgadas con dilaciones inexplicables y desviándolas de su curso o tendiendo cortinas de humo o simplemente guardando silencio dejando transcurrir el tiempo en favor de la impunidad, situaciones anómalas que dejan mucho que desear en la administración de justicia y que se dan de manera cotidiana por diferentes razones: desidia, corrupción rampante, temor reverencial hacia los sindicados o padrinos políticos, culto a determinada personalidad, miedo a grupos al margen de la ley, y lo más patético, falta de control o connivencia de los superiores con sus subalternos en el cumplimiento de sus funciones, etcétera, etcétera.

Hace ya la ‘bobadita’ de 60 meses presente, por razones de seguridad en el despacho del Vicefiscal, denuncia penal escrita con pruebas documentales y testimoniales incontrovertibles por los delitos (no presuntos) de Concierto para Delinquir- en la modalidad de paramilitarismo-, Enriquecimiento Ilícito, Peculado, Falsedad en Documento y Celebración Indebida de Contratos y Testaferrato.

De lo anterior, sólo se conoce sobre lo siguiente: en la Fiscalía 13 Anticorrupción – proceso 2004 -se cerró la investigación por Celebración Indebida de Contratos, dictándose resolución de acusación en Marzo 24 de 2011, decisión que fue apelada y correspondió su conocimiento a la Fiscalía 62 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, sin ningún pronunciamiento hasta la fecha. Lleva este diligente funcionario 13 meses sin resolver una simple apelación contra una imputación de cargos.

En la Fiscalía 25 Antiterrorismo reposa, en un prolongado sueño, el  proceso 314-Concierto para Delinquir- modalidad de paramilitarismo-, sin que se conozca ninguna decisión, no obstante obrar en el expediente la declaración de dos víctimas ( un Abogado y un Comerciante) del paramilitarismo que sindican de manera inequívoca y contundente a una persona determinada de haber participado en un ‘juicio inquisitorio’ que les hicieron los paramilitares en Puerto Triunfo- Doradal-  en la finca Las Mercedes de propiedad de Ramón Isaza, en donde se les sindicaba de ser ‘auxiliadores’ de la guerrilla y se pedía a gritos su descuartizamiento con motosierras encendidas.

De los otros delitos denunciados se desconoce la suerte que corrieron.

Es inadmisible e incomprensible que mientras la Corte Suprema de Justicia soporta toda clase de críticas y vejámenes verbales de personajes del ámbito nacional y de los medios de comunicación por investigar, procesar, condenar y meter presos a un número considerable de Congresistas por el delito de Concierto para Delinquir, en la modalidad descrita en el párrafo anterior, aún con nexos menos graves, la Fiscalía con una óptica diametralmente opuesta a la de la Corte analice las características básicas que estructuran esta conducta delictiva de manera diferente, distorsionando olímpicamente las normas rectoras del Código Penal y, además, violando de manera pasmosa y descarada algunos principios del Código de Procedimiento Penal.

No me causa ninguna sorpresa las declaraciones de Magali Moreno, ex funcionaria de la fiscalía en Cúcuta, de estos infiltrados estamos hasta la coronilla a lo largo y ancho de la geografía nacional en todos los rincones de las oficinas de la Fiscalía. Como seria de sano que el señor Fiscal iniciara una rotación de sus funcionarios en todo el país, evitando esos arraigamientos que terminan en corrupción.

Da grima y tristeza de ver la actuación lastimera, en este caso concreto, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, más aberrante, el de la Oficina de Veeduría y Control Interno de la Fiscalía, quienes hacen el papel perfecto del parásito burócrata alimentados por una opípara “canonjía”.

Como reza el viejo refrán: “el ejemplo empieza por casa”, y ese organismo no es que haya sido un dechado de virtudes, según se desprende por algunos Fiscales Generales que han sido elegidos.

Pueda ser que no me vayan a denegar el acceso a la justicia, en denuncia penal que presentè por escrito ante el Fiscal General contra la fiscal 25 especializada de la Unidad contra el Terrorismo.

Manizales, Abril 11 de 2012.

Marco Aurelio Uribe García.