La coincidencia de estos dos hechos pone de presente los principales retos que nuestro país enfrenta, que por cierto están directamente relacionados: construir y consolidar la paz, por una parte, y salvar a nuestras instituciones democráticas del flagelo de la corrupción, por otra.
Conocer la verdad completa sobre la tragedia de violencia que ha sufrido Colombia será fundamental para que la paz sea auténtica y para que realmente sanen las heridas. Una verdad contada a medias o desde una perspectiva parcial de lo ocurrido en el conflicto dejará las heridas abiertas y con graves riesgos de infección.
Colombia ha dejado muchos procesos a mitad de camino y eso ha contribuido a nuestra tragedia nacional. Así ocurrió con los vínculos del narcotráfico con la política. Se avanzó en evidenciar y castigar los lazos del cartel de Cali con políticos - aunque no lo suficiente-, pero muy poco se supo sobre la infiltración del cartel de Medellín en la política nacional y regional. En cuanto a los paramilitares, sin duda hubo una purga grande de la clase política entregada a esos intereses, pero también quedamos enfrentados a un proceso incompleto. La guerrilla tuvo una estrategia distinta pero también se metió en la política, en particular en la local, y poco hemos conocido la verdad al respecto. Esta Comisión de la Verdad es la oportunidad para que el país se conozca y enfrente su tragedia completa, pues es la única manera de dejarla atrás.
Mientras tanto, como lo vimos esta semana, el fin del conflicto con las Farc ha contribuido a que problemas como la corrupción escalen en el ranking de prioridades de los colombianos y eso ha servido para que casos como el de Odebrecht reciban mucha más atención de los medios de comunicación y de la opinión pública en general.
Es difícil saber si la corrupción ha crecido o si se está destapando más que antes. Lo que sí sabemos es que ya los colombianos la vemos como el principal problema del país. Hay un mandato político para enfrentarla de manera contundente. El país no puede ser selectivo en esto. Debemos detectarla, denunciarla y castigarla, venga de donde venga, caiga quien caiga.
Alejandro Gaviria dijo esta semana en un trino que uno de los principales efectos de la corrupción es la erosión en la confianza pública y en la legitimidad de las instituciones. La última encuesta de Corpovisionarios sobre cultura ciudadana en Bogotá, revelada esta semana, lo ratifica. Las consecuencias del cartel de la contratación en Bogotá durante el gobierno de Samuel Moreno todavía se manifiestan en una profunda desconfianza en las instituciones públicas y los servidores públicos. Y eso a pesar de los avances en las investigaciones de ese caso.
Tenemos que exigir que se destape todo, conocer la verdad sobre la corrupción es fundamental, por doloroso que sea. Pero para que ese mayor conocimiento no conlleve a la desesperanza o la absoluta desconfianza en todo lo que huela a Estado, es esencial que haya sanciones efectivas. Si vemos como el país conoce cada día más y más graves casos de corrupción pero poco avance en su sanción, esa erosión será mucho más profunda y sus impactos más difíciles de contrarrestar. La corrupción hiere la confianza en las instituciones y la impunidad remata a quemarropa esa confianza.
De esas dos verdades, la del conflicto y la de los responsables de la corrupción, depende que nuestro país consolide la paz, recupere sus instituciones y podamos mirar al futuro con esperanza.
