Adopción entre parejas del mismo sexo, un paso

Estas semanas en la Corte Constitucional tiene lugar uno de los debates más espinosos del año: si las parejas del mismo sexo pueden adoptar. La decisión no es fácil y responde a la tendencia de ese alto tribunal de emitir una jurisprudencia muchísimo más de vanguardia y progresista de lo que se registra en otras instituciones del país.  Sin embargo, la discusión era inevitable desde que en 2011 la Corte reconoció que estas parejas también son familia. Bajo ese parámetro no habría razón para no permitirles lo mismo que las familias heterosexuales. El problema para la Corte es que en un país tan conservador el tema es visto con recelo, pues incluso muchos que apoyan el matrimonio gay, tienen algunas reservas sobre la adopción. La realidad es que la ciencia no avala ninguna de esas reservas o miedos. Como explica Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, “los estudios académicos muestran que no existe ningún riesgo en la adopción por parejas del mismo sexo, pues las personas criadas por homosexuales no muestran más problemas de desarrollo psicológico que aquellas criadas por heterosexuales”. El Washington Post publicó hace poco un estudio de la Universidad de Melbourne, hecho entre 500 menores hijos de parejas gay en Australia, que confirma esa tesis. La conclusión fue que los niños criados por homosexuales son iguales que sus pares con otro tipo de familias, y que incluso los superan en algunos temas, como en la igualdad en la distribución del trabajo de la casa. Muchos países han reconocido esa nueva realidad. Por eso, en Estados Unidos, España, Países Bajos, Francia, Suecia, Canadá, Uruguay, Argentina, Brasil y Sudáfrica la adopción gay es permitida desde hace algunos años.  Sin embargo, más allá de los argumentos constitucionales o académicos en una sociedad lo que más pesa son los prejuicios y el estigma. Colombia es un país muy particular pues convive con una mezcla de progresismo y machismo a la vez. Y eso, paradójicamente, es lo que puede dificultar que los nueve magistrados de la Corte Constitucional se atrevan a dar este paso. En el Palacio de Justicia la decisión está en tablas. Se cree que hay cuatro magistrados en contra y cuatro a favor. El noveno, Mauricio González, se encuentra impedido pues cuando fue secretario Jurídico de la Presidencia de Álvaro Uribe participó en la redacción del Código de Infancia y Adolescencia, que es el que está demandado. Según expertos en el tema gay, como la congresista Angélica Lozano, esa ley es “neutra” frente al tema pues no establece que en el proceso de adopción se tenga que preguntar la orientación sexual de los futuros padres. Lo mismo sostienen las universidades de Los Andes y el Externado. Hasta el momento se dice que cuatro magistrados votarían ‘sí’. El primero es Jorge Iván Palacio,  ponente de la sentencia. Su ponencia de más de 300 páginas es a favor de la adopción, y el principal argumento es que prohibirla es totalmente discriminatorio con la comunidad LGBTI y violaría su derecho a la igualdad. La segunda es Gloria Ortiz, quien fue en esa Corte la magistrada auxiliar de Eduardo Montealegre y su mano derecha en la Fiscalía. Por su talante liberal y por ser egresada de la Universidad Externado se cree que está a favor. Además, la Fiscalía envió un concepto avalando el tema que fue ampliamente recogido en la ponencia. El tercero sería Luis Ernesto Vargas, uno de los más liberales de la Corte, egresado de la Universidad Libre y la cuarta María Victoria Calle, también liberal. Los godos también son cuatro, pero no son tan radicales como se ha dicho. El único que sí lo era, Nilson Pinilla, cumplió su periodo el año pasado. Como se recordará ese magistrado había dicho que las parejas del mismo sexo eran  “contrarias a la naturaleza” y que “estas personas sufren de una anomalía y requieren de la atención psicológica de esa afección”. Quienes votan la semana que viene son conservadores, pero no a ese nivel. El primero es Jorge Ignacio Pretelt, un abogado monteriano de origen conservador que trabajó en su juventud con Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, en la Corte ha dado sorpresas. Por ejemplo, él fue el ponente de la sentencia que le devolvió los dos niños al periodista de The New York Times Chandler Burr.  Después de entregarlos en adopción, el ICBF se los había quitado cuando Burr hizo pública su orientación sexual. En la sentencia, Pretelt aseguró que en ese caso no había “evidencia de que existiera amenaza sobre los derechos de los niños” y que ese tipo de decisiones no podían “basarse en apariencias, preconceptos o prejuicios”. El segundo magistrado que diría no a la adopción gay es Luis Guillermo Guerrero. Él llegó a la Corte Constitucional después de haber sido magistrado auxiliar de Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Mendoza. Le ganó en el Congreso al candidato del gobierno, el exministro Carlos Medellín, y por eso fue tildado de responder políticamente al ala conservadora del país. Pero una vez fue magistrado, Guerrero desvirtuó parte de esas críticas. Fue el ponente de la sentencia que permitió la adopción de dos mamás lesbianas en Medellín. Así, Verónica Botero pudo ser legalmente la madre de los hijos biológicos de su pareja Ana Leiderman. Aunque Guerrero no dio un aval total para este tema, sí lo hizo en el caso en el cual una parte quiere adoptar a los hijos de su compañero. La tercera que estaría en contra es Martha Victoria Sáchica. Ella es magistrada encargada en el puesto que dejó Alberto Rojas. Quienes la encajan en el grupo de los ‘godos’ lo hacen sobre todo por su padre, el exmagistrado de la Corte Suprema Luis Carlos Sáchica, quien sí era muy conservador. Sin embargo, Sáchica puede ser la persona que actualmente más sabe de derecho constitucional en esa Corte pues ha sido su secretaria general casi desde su creación. Por lo tanto, toda su carrera ha estado expuesta a todas las tesis progresistas de esa corporación.   El último es Gabriel Eduardo Mendoza, a quienes muchos ubican en el ‘no’ y otros en el ‘no se sabe’. Mendoza también es del sector conservador de la Corte, pero también fue ponente de una decisión clave: la del matrimonio igualitario. En esa sentencia el magistrado reconoció por primera vez que el concepto de ‘familia’ puede aplicar a las parejas del mismo sexo. Con esto abrió el camino lógico para que la comunidad LGBTI reclamara también la posibilidad de adoptar como las familias heterosexuales. Lo anterior no quiere decir que estos magistrados puedan voltear las posiciones que se anticipan y aprobar la adopción. Pero sí puede significar que su voto no tiene que ser necesariamente un ‘no’ rotundo. Como pasó con la sentencia del matrimonio gay, la Corte podría buscar una fórmula intermedia. En esa oportunidad, el alto tribunal le dejó al Congreso la tarea de definir el tema en dos años. Cuando se cumplió ese plazo reconoció que si bien no tenían derecho al matrimonio, sí a una figura jurídica similar llamada ‘unión solemne’.   La votación es en los próximos días y se dice que los ocho magistrados están buscando acordar un punto medio. Si no se ponen de acuerdo, un conjuez que llegaría a ser el noveno voto terminaría definiendo el asunto. De ser así, la decisión final caería como en una bolsa llena de balotas. La Corte Constitucional tiene en este momento 18 personas que podrían desempeñar esa labor. Allí tampoco hay ningún Alejandro Ordóñez y la lista incluye eminentes juristas del país. Una buena parte son abogados del derecho privado como Antonio Aljure, Mauricio Plazas Vega, José Roberto Herrera, Jorge Pinzón y Jairo Parra Quijano. De ellos es muy difícil saber cuál sería su posición. Lo contrario sucede con otros nombres. La decisión sería totalmente opuesta si le toca tomarla al exmagistrado Carlos Gaviria o al sacerdote Mauricio Uribe Blanco. Sin embargo, en la Corte se dice que harán todo lo posible para que un tema de este calado no recaiga en una sola persona.