El procurador que no deja “títere con cabeza”

Alejandro Ordóñez, en lenguaje popular, no deja títere con cabeza. Durante el tiempo que se ha desempeñado como procurador General de la Nación ha sancionado e inhabilitado a cuanto funcionario lo ha puesto bajo su rígida mirada. Muchas de sus decisiones ni siquiera han sido reseñadas en los medios porque son tantas, que ya son rutina y no alcanzan siquiera la categoría de noticia. Pero otras han tenido un impacto enorme en la agenda informativa nacional. Así, por ejemplo, Ordóñez, con cinco años al frente del Ministerio Público, ha destituido a 10 grandes cabezas de la esfera política nacional. La primera gran sanción del procurador Ordóñez fue el 27 septiembre del 2010 con la destitución y la inhabilidad por 18 años contra la exsenadora Piedad Córdoba por supuestos nexos con las FARC. La base de este fallo fueron los computadores del extinto jefe de la guerrilla Raúl Reyes. Estos fueron hallados durante el bombardeo en el que se dio su muerte. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó la validez de esas pruebas. Córdoba llevó su sanción a órganos internacionales y en Colombia le queda una tutela contra su destitución la cual analiza el Consejo de Estado. En los primeros días de octubre del 2010 el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos al demostrarse su responsabilidad por el caso de las chuzadas del DAS. Fue un severo golpe para una de las personas de mayor confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El siguiente año, el 3 mayo del 2011, Ordóñez produjo la primera intervención contra un alcalde de Bogotá. Ese día le formuló pliego de cargos por las irregularidades en episodio relacionado con los contratos de la fase III de TransMilenio. En agosto del 2011, prorrogó la suspensión por tres meses más por lo cual nunca pudo terminar su período. Dos meses más tarde, el 19 julio del 2011, el jefe del Ministerio Público destituyó a uno de los candidatos con más futuro político de la órbita del uribismo, el exministro Andrés Felipe Arias. Fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 16 años, al declarársele responsable del escándalo de Agro Ingreso Seguro, en donde se provocaron múltiples irregularidades en la adjudicación de subsidios. El bastión político de Santander Iván Moreno Rojas también sucumbió ante la mano poderosa de Ordóñez. El 20 de enero del 2012 le impuso la sanción más alta para un funcionario: 20 años en los cuales no podrá ejercer cargos públicos. La razón fue su responsabilidad en el carrusel de contratos de Bogotá, por el cual está siendo juzgado actualmente en la Corte Suprema de Justicia. El año 2012 empezó con una inesperada sanción al alcalde de Medellín Alonso Salazar, el 29 febrero, según el procurador, determinó que participó indebidamente en política, específicamente contra su contradictor Luis Pérez. Salazar se defendió diciendo que sencillamente había alertado de la penetración del paramilitarismo en la campaña política y ese era su deber como ciudadano. Dos meses después, la mano derecha del alcalde Petro, su secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, recibió el impacto del poder del procurador. El 4 abril del 2013 fue destituido e inhabilitado por 12 años para desempeñar cargos públicos por no renunciar a su cargo de abogado en una demanda contra el distrito por un desastre ambiental. Cinco meses más tarde, el 5 septiembre del 2013, unas de las cabezas del escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, los exdirectores de la entidad Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, fueron sancionados a 14 años de inhabilidad por las irregularidades cometidas con el manejo de los bienes incautados de la mafia. El pasado 28 de noviembre del 2013 el procurador anunció la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años al superintendente financiero, Gerardo Alfredo Hernández, por omisión en sus funciones en el caso InterBolsa. SEMANA, en su edición impresa, dijo sobre este caso: “El presidente Juan Manuel Santos; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y varias personalidades de las finanzas y la política salieron en defensa de Hernández, describiéndolo como una persona transparente, honesta y que ha hecho su trabajo correctamente.”. “Pero, más allá de la defensa del funcionario, se ha creado un consenso en los círculos jurídicos y financieros de que la decisión del procurador Alejandro Ordóñez es gravísima para el país, pues sienta un pésimo precedente para el futuro de la supervisión financiera en Colombia”. “Además, podría tener muy graves consecuencias para el mercado incluso en materia fiscal y más aún, terminar favoreciendo a las personas actualmente implicadas en el proceso penal que adelante la Fiscalía General por la debacle de este grupo InterBolsa”. Esto significa que Ordóñez le dispara a quien sea y crea unos efectos tan disimiles como monumentales.