Confirmando lo informado por SEMANA en su edición #865 bajo el título de 'La ley del embudo', el Congreso otorgó facultades al señor Presidente de la República para suprimir, liquidar o fusionar entidades públicas, lo que implica la desvinculación de un gran número de sus funcionarios _en su gran mayoría de los niveles medios y bajos de la administración_ sin que se previera estrategia alguna para aminorar el fuerte impacto social que se causará con esta reducción del tamaño del Ejecutivo (¿por qué no del Legislativo) con el propósito de disminuir el déficit fiscal.Dada su responsabilidad social el Ejecutivo debería dar una respuesta positiva al proceso emocional e intelectual que van a vivir los empleados en transición mediante la implementación en todas las entidades en transformación de un programa de adaptación laboral que dé respuesta acertada a las necesidades y expectativas de ese personal a través de propender por una integración positiva del funcionario con su vida futura, de conducirle para que seleccione una alternativa productiva acorde con sus expectativas y habilidades y de facilitarle la creación de oportunidades de generación de ingresos en el corto plazo, mediante la óptima utilización del dinero de su indemnización.Además, nuestros profesionales jubilados podrían prestarles sus servicios de consultoría técnica y comercial _dada su relativa independencia económica lo podrían hacer con un bajo emolumento_, comenzando así una nueva fase activa de su vida al aplicar y hacer llegar a esos nuevos microempresarios, que necesiten la ayuda de expertos, sus amplios conocimientos adquiridos a través de una experiencia de décadas en el país y en el exterior.David Guillermo Puyana SilvaBogotá