El vicepresidente Angelino Garzón pidió este jueves a las guerrillas de las FARC y del ELN dejar de utilizar las minas antipersona e informar al Gobierno la ubicación de estos artefactos que han causado miles de víctimas en el país. "Tanto las FARC como el ELN deberían tomar la decisión de cesar inmediatamente el uso de esos artefactos", dijo Garzón en un comunicado, en el que también señalo que en abril próximo se celebrará en Medellín una conferencia mundial sobre los derechos de sobrevivientes de las minas y de las personas con discapacidad. El vicepresidente, que se refirió a tales explosivos como "las minas de la muerte", agregó que ese tipo de "armas criminales" sólo dejan dolor y generan desplazamiento y desolación entre la población. Las autoridades señalan que las FARC y el ELN son los grupos ilegales que más utilizan ese tipo de artefactos. Garzón pidió a ambos grupos guerrilleros que "informen, lo antes posible, la ubicación de los campos minados" para disponer de todas acciones necesarias y permitir que Colombia sea un país "libre de minas y lograr la paz que tanto deseamos". El vicepresidente Garzón agregó que la ubicación de los explosivos contribuiría efectivamente a las operaciones de desminado humanitario desarrollado por las Fuerzas Militares y las organizaciones civiles. "Colombia es uno de los países con mayor número de víctimas por este tipo de artefactos", dijo Garzón. Así mismo añadió que en Medellín se realizará el 3 y el 4 de abril próximos la "conferencia mundial sobre derechos de sobrevivientes de minas antipersonal y personas con discapacidad: 'Tendiendo Puentes Entre Mundos', reunión que es prioridad para concentrar todos los esfuerzos en la lucha contra este flagelo". Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), en Colombia, desde 1990 a la fecha, se han registrado 10.607 personas víctimas minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI)". De esas víctimas, 6.491 son miembros de la fuerza pública y 4.116 son civiles, mientras que 1.058 son niños y adolescentes, según las autoridades.