El fallo que invalidó el contenido de los computadores de alias ‘Raúl Reyes’ como prueba sienta un precedente para los procesos judiciales por ‘farcpolítica’ y genera un intenso debate sobre el tema. La Corte Suprema de Justicia archivó el pasado miércoles la investigación al exrepresentante Wilson Borja, del Polo Democrático, por considerar que las pruebas en su contra no eran suficientes. Dijo el alto tribunal que los archivos obtenidos en el campamento guerrillero, en Ecuador, no cumplieron los protocolos de la cadena de custodia y que las Fuerzas Militares no tienen competencias judiciales. No obstante, la Procuraduría ya había tomado una decisión en la que le dio validez al contenido de esos computadores: destituyó e inhabilitó a Piedad Córdoba. La decisión de la Corte Suprema, en criterio de varios penalistas, probablemente restituirá los derechos de la exsenadora. “No obstante la Procuraduría tiene un ámbito disciplinario, la exclusión de la prueba obedece a un principio jurídico que debe imperar en todos los mecanismos de control”, dijo Herman Galán, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. En el mismo sentido, el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta indicó que “en efecto, uno pensaría que cualquier investigación o sanción que se hubiera adoptado partiendo de los correos del computador de 'Raúl Reyes', debería tener fundamento jurídico; ese es un dominó que se va a empezar a caer, cualquiera que sean las investigaciones que hayan fundamentado ese hecho”, dijo en declaraciones a RCN Radio. Por su parte, la Procuraduría ya anunció que interpondrá un recurso de reposición ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que tengan en cuenta sus argumentos. En criterio de Ordóñez, además de los correos existen otros elementos que relacionan a dirigentes políticos con las Farc.El fundamento Los procedimientos de obtención de pruebas recuperadas por fuera de las fronteras están reglamentados por protocolos que no se pueden pasar por alto, con el fin de que esas pruebas no sean alteradas. De lo contrario, las pruebas se “contaminan”, según lo califica la jerga jurídica. “La prueba debe ser bien allegada y bien aportada. En este caso, como los organismos no observaron bien las garantías para que el traslado de la prueba permanezca incólume, libre de manipulación, no tiene validez”, explicó Galán. En Colombia existen dos acuerdos que reglamentan cómo debe ser la cooperación judicial con Ecuador. Uno es bilateral, que está contenido en la Ley 519 de 1999 “por medio de la cual se aprueba el convenio de cooperación judicial entre Colombia y Ecuador”. El acuerdo de Colombia con Ecuador dice que “no facultará a las Partes para ejecutar, en el territorio del Estado donde se realizan las diligencias, funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de dicho Estado de conformidad con su legislación interna”. En otras palabras, el peritaje sobre el contenido de los computadores de ‘Raúl Reyes’ se debió hacer en ese país y, según los abogados de Piedad Córdoba, los computadores fueron trasladados a territorio colombiano, razón por la cual se rompió la cadena de custodia. El otro acuerdo es multilateral. La ley 636 de 2001 aprobó la “Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal”. Esta convención también limita la actuación judicial de los Estados a su propio territorio. Las dos leyes mencionadas tienen carácter de norma constitucional; es decir, que los jueces deben invocarlas como fundamentos normativos de sus decisiones. La reacción política La Interpol, en su momento, certificó que el contenido de los computadores de ‘Raúl Reyes’ y de los dispositivos electrónicos de almacenamiento incautados en el campamento en Sucumbíos (Ecuador) no fue manipulado. Por esta razón, el expresidente Álvaro Uribe desde su tribuna en twitter no ahorró reparos para calificar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Escribió once mensajes en los que descalifica la actuación de la justicia. “El ejército y la policía decomisaron computadores de terrorista Reyes sin manipularlos, lo certificó Interpol”, adujo. Después dice: “la Corte nos condena por abatir al secuestrador Reyes e impunes quienes le colaboraban”. Y “en qué quedamos si la justicia se politiza”. Todos sus mensajes estaban acompañados del hashtag “#Justicia?”. Desde la misma orilla, el abogado Miguel Fierro, presidente de la Fundación Un millón de Voces contra las Farc, dijo: “Para el poder judicial colombiano, ser amigo de las Farc no es delito, pertenecer a las Farc no es delito. La Corte Suprema de Justicia ha descalificado las evidencias más irrefutables de la historia de Colombia, los computadores de Raúl Reyes ¿Ahora qué haremos los que representamos víctimas en procesos de farcpolítica? Vivimos la dictadura de la rama judicial”. Sin embargo, para la justicia una cosa es que el contenido de los computadores de ‘Raúl Reyes’ sea verdadero y otra muy diferente que haya sido obtenido legítimamente. El periodista Mario Lamo Jiménez, quien escribió en el blog La Hojarasca una entrada titulada El caso del cuadro falso que no fue manipulado, aduce que una cosa es que se haya certificado que no hubo manipulación y otra que la información sea auténtica. Lea el artículo aquí.“Si la información, para empezar, era falsa, no había necesidad de manipularla pero sí de autenticarla por un organismo internacional para poder usarla con fines propagandísticos”, dijo refiriéndose a la certificación que pidió el Gobierno de Uribe a la Interpol. Lo que viene para Piedad “El Procurador es un prevaricador innato”. Con estas palabras, la abogada María Jimena Castilla, apoderada de Piedad Córdoba, anunció que denunciaría penalmente y disciplinariamente al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien sancionó a Córdoba. Para la abogada, Ordóñez incurrió en prevaricato por acción, abuso de su función por extralimitación de sus funciones y abuso de autoridad. Castilla se mostró confiada en que la Corte Suprema de Justicia, que abrió un proceso contra Córdoba por su presunta relación con las Farc, debe inhibirse de fallar en su contra. “Hay un principio elemental del derecho que dice que frente a situaciones de hecho iguales, decisiones de derecho idénticas”, explicó. La Corte Constitucional está revisando una tutela instaurada por Córdoba que pide el amparo de sus derechos fundamentales como al debido proceso, entre otros. Esa tutela en primera instancia fue negada. No obstante, su defensa considera que la decisión de la Corte Suprema tiene un efecto que deja sin piso la decisión de la Procuraduría y que impulsa a su favor el proceso ante la Corte Constitucional. “La decisión de la Corte Constitucional tiene que incluir los argumentos de la Corte Suprema, en este proceso y en cualquier otro en el que se pretenda tener como válido el contenido del computador de ‘Reyes’”, dijo Castilla. El fallo de la Corte Suprema a favor de Borja le quita peso jurídico a las acusaciones en contra de legisladores y otras figuras públicas que han sido vinculadas a las investigaciones por cuenta de los computadores de ‘Reyes’. No obstante, los procesos contra otros políticos basados en diferentes tipos de pruebas seguirán adelante.