La metodología, que fue estudiada durante dos años, indica que las tarifas no incluirán pasivos pensionales, infraestructura ociosa ni costos administrativos no autorizados y deberá ser puesta en marcha por las empresas prestadoras del servicio durante los próximos cinco años.Los alcaldes serán los encargados de fijar los parámetros de los cobros. También se expedirán normas para controlar las obras en infraestructura teniendo en cuenta la demanda del municipio o del distrito y evitar obras innecesarias.En Bogotá se calcula una baja del 20 por ciento debido al elevado pasivo pensional de la ciudad.